No había que llegar al momento del referendo consultivo, organizado por el régimen político venezolano, para darse cuenta de la tramoya que la situación política consintió.
En principio debe saberse que una tramoya persigue una intriga que derive en un hecho trampeado. Ello se realiza con el fin de maquinar un retorcido propósito. Su cometido privilegia un pervertido entramado de consideraciones dispuestas a venderse como “verdades” en el fondo son crasos engaños dirigidos a forjar alguna situación que incite dudas, controversias y hasta conflictos.
El ejercicio de la política acude repetidas veces a enmarañar realidades de forma tal que el organizador de la respectiva trastada se vea favorecido en imagen y confianza. En la confusión que le permite cada oportunidad, alevosamente emprendida, busca forjar artificios de toda clase que le briden dividendos políticos.
De cara al referendo consultivo
El cuestionado referendo consultivo o “consulta de respuesta preestablecida” terminó siendo el fraude o “mentira populista” que, desde el mismo comienzo de su preparación, fue diseñada con la mayor malicia posible. Aun cuando la intención fue encubierta por una campaña publicitaria trazada con la idea de aflorar susceptibilidades, antes que motivar reflexiones razonadas con base en argumentos válidos de historia política contemporánea.
La opinión nacional logró advertir ciertas tesis que pusieron en duda las razones que motivaron la consulta. Es decir, las condiciones a las que se aferraba su realidad dejaron ver que dicho referendo era una vulgar expresión de coacción (participación por imposición controlada), de manipulación (por disposición del régimen) y de malversación (de groseros recursos).
La siniestra verdad
Estas razones pusieron al descubierto la “tramoya patriotera” en lo que resultó convertido el aludido evento electoral so-pretexto de bautizarse cual fulano “referendo consultivo”, haciéndole el juego a la Constitución que señala, en su artículo 73 que:
“Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral”.
A juicio de la teoría jurídica, el evento consultivo dejó ver que en su fondo se ocultaba el llamado “vicio del consentimiento” que esconde problemas tales como son: 1.- Falta de libertad para ejercer el correspondiente derecho político (una vulgar coacción). 2.- Ausencia de discernimiento (respecto del objeto de la consulta). 3.- Escaso conocimiento de lo que trata el evento en curso lo cual inhibe la necesaria manifestación de voluntad para asumir a conciencia la responsabilidad del voto.
Esto sólo puede hablar de la actuación amañada del Ejecutivo nacional el cual, al centralizar y controlar las decisiones en su condición de Poder Público Nacional, asfixia toda posibilidad de permitir el ejercicio del pluralismo político. Tanto como de procurar las libertades y derechos políticos como fuente para el debate y la vida democrática del país.
Al cierre
En consecuencia, todo lo promovido con el cuento de “defender el Esequibo a cuenta de ser parte del territorio venezolano” resultó en fracaso, pérdida y más decepción de la ya acumulada. No cabe duda que el evento consultivo tuvo otras intenciones: ensombrecer la movilización alcanzada en la recién elección primaria de la oposición. Otro fin era el de medir la convocatoria del oficialismo en aras de tantear la maquinaria de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, la parafernalia construida con la manida idea de conmover sentimientos venezolanistas en la población nacional sólo dejó ver el horrible tamaño que significó el repudiado referendo consultivo. O mejor dicho: tramoya patriotera.
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