La grave crisis de derechos humanos que padecemos en Venezuela nos conduce a veces a concentrarnos tanto en nuestra propia tragedia, que nos enteramos poco de lo que ocurre a otros pueblos. Ello pasa con lo que viene sucediendo en Nicaragua. 

En ese país, la dictadura de Daniel Ortega viene produciendo mucho sufrimiento. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una de las organizaciones de mayor prestigio, indicó que en el contexto de la represión a las masivas protestas realizadas en 2018 fueron asesinadas 355 personas. En la casi totalidad de los casos no se han adelantado investigaciones garantizando impunidad.

En su más reciente informe presentado en septiembre de 2022 ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas se indicó que la situación continuó deteriorándose. Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año, se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1.578 en los últimos cuatro años.

La Oficina, se señala, no ha conocido ninguna condena contra miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2018. Solo pudimos documentar dos condenas contra elementos progubernamentales, que no llegaron a cumplirse.

Las detenciones arbitrarias se producen con frecuencia. El CENIDH denunció ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que uno de los patrones de la violencia estatal han sido las las privaciones de libertad de líderes y de aquellos que han participado en las protestas o simplemente, ejercido su derecho a expresarse, amenazas en las redes sociales, campañas de desprestigio y estigmatización hacia la disidencia. Se registran detenciones arbitrarias, realizadas por la policía, y los paramilitares con la complicidad de afines al gobierno. Los procedimientos se realizan con uso excesivo de la fuerza, sin una orden judicial, sin informar el motivo, y sin avisar a las familias el lugar donde se traslada a las detenidos.

Tal como ha ocurrido en Venezuela, la dictadura nicaragüense se vale de grupos paramilitares para reprimir la protesta social. Desde el 2018, el presidente Daniel Ortega, en acto público del 19 de julio, anunció reforzar sus “mecanismos de autodefensa” lo que escaló la represión y el uso de civiles armados conformando una estructura represiva que a la fecha se mantiene. Estos grupos que actúan fuera de la ley han sido llamados por la vicepresidenta Rosario Murillo “Combatientes aguerridos de la paz y el bien”; “Héroes y defensores de la paz”. Es decir, los que disparan contra el pueblo son calificados de héroes aupando así su actuación violenta en todo el territorio.

Operativos conjuntos de la policía y estos grupos grupos parapoliciales y paramilitares, ejecutaron la “Operación Limpieza” en 2018, provocando la muerte de aproximadamente 155 ciudadanos entre junio y septiembre de ese año. Los civiles armados continúan reprimiendo cualquier forma de manifestación o protesta y dan vigilancia, seguimiento y hostigan a líderes estudiantiles, comunitarios y opositores, bajo la aquiescencia y protección del gobierno.

Desde Venezuela expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, valoramos su resistencia. Las fuerzas democráticas están obligadas a denunciar los abusos de la dictadura de Daniel Ortega.

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