Para la directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE) -a dos años apenas de haber sido nombrado- no sirve a Miraflores si quiere mantener la idea de que en Venezuela hay un gobierno que funciona y que sigue las reglas de juego.
«La discusión sobre el nuevo CNE deja en evidencia que quienes están en el poder se aprovechan de la falsa percepción de normalidad para jugar a que hay instituciones que se rigen por el derecho», advirtió la investigadora.
Este jueves 15 de junio, ocho rectores del CNE, encabezados por el presidente, Pedro Calzadilla, renunciaron a sus cargos. Luego la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo inició el proceso para el nombramiento de un nuevo Poder Electoral con la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, de la que forma parte, al igual que en 2021, Cilia Flores, esposa del gobernante Nicolás Maduro.
La defensora de derechos humanos recordó que la AN de 2020 fue electa en elecciones cuestionadas en 2020, que no hay independencia judicial tal como lo advirtió la misión de la Unión Europea (UE) tras su observación en las elecciones regionales de 2021 y que tampoco hay otras instituciones independientes en pie para frenar exceso, por lo que no existe normalidad en el país.
«El derecho y seguir las reglas en Venezuela es optativo. Eso pasa cuando no hay estado de derecho. Una salida sostenible a esta crisis política precisa un escenario de convivencia tras elecciones medianamente potables. No va a ocurrir con un nuevo CNE que sea una payasada», subrayó.
Entre las causas de la removida del CNE actual, además de la presencia de dos rectores vinculados con la oposición, la analista lo atribuye a que se permitió la observación electoral internacional que produjo el «duro» informe de la UE que señala la ruta para elecciones con mayores garantías democráticas.
«Pensando en una subsistencia (política y con acceso a fondos) más a mediano o largo plazo, les conviene tanto al gobierno de Maduro como a la oposición un escenario electoral más potable. ¿Quién puede hacerle entender eso a quienes rodean a Maduro? La región deja mucho que desear. Quienes llaman las cosas por su nombre, no tienen llegada. Quienes pretenden jugar un papel importante, no son claros», acotó.
En este sentido, la analista lamenta que los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, de Colombia, Gustavo Petro y de Argentina, Alberto Fernández, no prioricen la democracia venezolana sobre ideología, intereses personales, o preocupaciones internas. También, que el gobierno de Estados Unidos siga con su juego de negociaciones.
«Yo pondría la mirada del otro lado del Atlántico. La llave para crear estos incentivos está en manos de la Unión Europea y su posible misión electoral. Y está por verse cuál será el papel de España, sobre todo después de las elecciones previstas para el próximo mes», dijo.
En su informe sobre las elecciones regionales de 2021, la UE instó a la separación de poderes «para garantizar unas elecciones transparentes». Entre otros aspectos, también cuestionó la falta de seguridad jurídica, evidenciada en 27 inhabilitaciones políticas contra candidatos opositores que calificó de arbitrarias, así como la entrega de tarjetas electorales partidistas a «corrientes minoritarias» de organizaciones con fines políticos afines al gobierno de Maduro.
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Para la directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE) -a dos años apenas de haber sido nombrado- no sirve a Miraflores si quiere mantener la idea de que en Venezuela hay un gobierno que funciona y que sigue las reglas de juego.
«La discusión sobre el nuevo CNE deja en evidencia que quienes están en el poder se aprovechan de la falsa percepción de normalidad para jugar a que hay instituciones que se rigen por el derecho», advirtió la investigadora.
Este jueves 15 de junio, ocho rectores del CNE, encabezados por el presidente, Pedro Calzadilla, renunciaron a sus cargos. Luego la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo inició el proceso para el nombramiento de un nuevo Poder Electoral con la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, de la que forma parte, al igual que en 2021, Cilia Flores, esposa del gobernante Nicolás Maduro.
La defensora de derechos humanos recordó que la AN de 2020 fue electa en elecciones cuestionadas en 2020, que no hay independencia judicial tal como lo advirtió la misión de la Unión Europea (UE) tras su observación en las elecciones regionales de 2021 y que tampoco hay otras instituciones independientes en pie para frenar exceso, por lo que no existe normalidad en el país.
«El derecho y seguir las reglas en Venezuela es optativo. Eso pasa cuando no hay estado de derecho. Una salida sostenible a esta crisis política precisa un escenario de convivencia tras elecciones medianamente potables. No va a ocurrir con un nuevo CNE que sea una payasada», subrayó.
Entre las causas de la removida del CNE actual, además de la presencia de dos rectores vinculados con la oposición, la analista lo atribuye a que se permitió la observación electoral internacional que produjo el «duro» informe de la UE que señala la ruta para elecciones con mayores garantías democráticas.
«Pensando en una subsistencia (política y con acceso a fondos) más a mediano o largo plazo, les conviene tanto al gobierno de Maduro como a la oposición un escenario electoral más potable. ¿Quién puede hacerle entender eso a quienes rodean a Maduro? La región deja mucho que desear. Quienes llaman las cosas por su nombre, no tienen llegada. Quienes pretenden jugar un papel importante, no son claros», acotó.
En este sentido, la analista lamenta que los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, de Colombia, Gustavo Petro y de Argentina, Alberto Fernández, no prioricen la democracia venezolana sobre ideología, intereses personales, o preocupaciones internas. También, que el gobierno de Estados Unidos siga con su juego de negociaciones.
«Yo pondría la mirada del otro lado del Atlántico. La llave para crear estos incentivos está en manos de la Unión Europea y su posible misión electoral. Y está por verse cuál será el papel de España, sobre todo después de las elecciones previstas para el próximo mes», dijo.
En su informe sobre las elecciones regionales de 2021, la UE instó a la separación de poderes «para garantizar unas elecciones transparentes». Entre otros aspectos, también cuestionó la falta de seguridad jurídica, evidenciada en 27 inhabilitaciones políticas contra candidatos opositores que calificó de arbitrarias, así como la entrega de tarjetas electorales partidistas a «corrientes minoritarias» de organizaciones con fines políticos afines al gobierno de Maduro.