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Tras denunciar que factores políticos le impedían rendir cuentas sobre su gestión ante la Comisión Delegada Legislativa, el procurador especial designado por Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, fue convocado para presentar su informe en sesión extraordinaria de este jueves 11 de agosto.

Durante la presentación de un balance sobre el estado de los litigios sobre activos venezolanos en el exterior y la asesoría interna prestada al Gobierno al Gobierno interino, a la Comisión Delegada y a las juntas ad hoc de empresas, el abogado volvió a alertar que es urgente pagarle a los abogados contratados para la defensa en los juicios.

El abogado constitucionalista indicó que están en curso 139 juicios en los que están en juego 24 mil 569 millones 273 mil 615, 41 millones de dólares. Asimismo, 62 arbitrajes por más de 15 mil millones de dólares, para un total de 40.141.223.586, 53 dólares. Precisó que a la fecha se han pagado durante su gestión 28.467.996,20 dólares (16,36 millones de dólares en la gestión anterior de José Ignacio Hernández) y se adeudan 18,78 millones de dólares.

«La Oficina de Procuraduría Especial ha solicitado, y casi rogado, presupuesto integral para atender los litigios y ha sido sistemáticamente ignorada y eludida por la Comisión de Finanzas del Parlamento (…) es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40 mil millones de dólares útiles» reiteró.

Alerta

El procurador que ante la imposibilidad económica y ante la tendencia de precedentes que no reconocen la representación de la República por parte del Gobierno interino, se contrate a una firma de juristas especializada en arbitrajes internacionales. Explicó que ello ayudará a determinar una estrategia que permita a su oficina actuar directamente en los procesos.

Sánchez Falcón hizo mención a una audiencia prevista para el mes de septiembre en el laudo arbitral que obtuvo ConocoPhillis contra Venezuela por 30 mil millones de dólares, los cuales por actuación de la Procuraduría Especial se rebajaron a 10.000 millones de dólares.

«En septiembre hay una audiencia en la que se discute la nulidad, reducirlo a cero, existen posibilidades porque los abogados están en capacidad de demostrar que el laudo se dictó frente a la indefensión de Venezuela. Sin embargo, esa firma de abogados que debe atender esa audiencia, ha planteado que debe cobrar honorarios, por lo que podría dejar de actuar en este caso si no se le paga», advirtió a los diputados presentes.

Llamó la atención de los diputados para que se cancele dicho compromiso, pues de lo contrario la firma de abogados Curtis puede solicitar al tribunal su retiro del caso. El mismo riesgo se corre, aseguró con otras dos firmas legales de gran prestigio.

Ofac no es suficiente

Aclaró que la congelación de activos por parte de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), no son suficientes ni puede ser usadas como excusa para no atender los litigios en el exterior, por cuanto no impiden que se desarrollen los juicios internacionales por activos.

Recordó que las actuaciones de la Procuraduría han permitido sentencias como la del Tribunal Supremo de Londres que impide al gobierno de Nicolás Maduro tomar el control de 31 toneladas de lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.

Culminada la exposición ningún diputado hizo preguntas ni planteó observaciones a la exposición de Sánchez Falcón.

Antes de acudir a la Delegada, Sánchez Falcón ofreció una rueda de prensa en la que denunció directamente que factores de Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo retrasaban la rendición de cuentas y obstaculizaban la aprobación de recursos para la defensa internacional de activos.