Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional (CPI). La semana pasada, la Sala Preliminar de este alto tribunal dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, durante una audiencia pública celebrada en La Haya.
Se trata de una sesión llevada a cabo por una apelación del Gobierno chavista contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que autorizó en junio reanudar con las investigaciones que buscan determinar si en el país ocurrieron crímenes de lesa humanidad bajo el mandato del sucesor de Hugo Chávez.
La Fiscalía de la CPI, a cargo del fiscal Khan, abrió en noviembre de 2021 una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano en las protestas de 2017.
Según el tribunal, las investigaciones nacionales se centran en los perpetradores directos o de rango inferior, sin abordar los elementos contextuales de los crímenes.
En los días 7 y 8 de noviembre se realizaron las audiencias de apelación en las que el Gobierno presentó sus argumentos sobre supuestos errores de la Fiscalía a cargo de Karim Khan en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela I.
Para el abogado Alí Daniels, cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, en los actuales momentos se está en la fase final de la primera etapa, en la que se introdujo un elemento nuevo que no se había utilizado: la Sala quiere escuchar los argumentos de las partes; es decir, Estado y víctimas.
“Esta es la primera vez que alguien que representa víctimas se dirige ante un juez parcial e independiente, es un hecho histórico, es la primera vez que alguien habla en nombre de las víctimas”, indicó el jurista durante su participación en el programa #ConLaLuz, moderado por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.
Daniels indicó también que a partir de una posible sentencia se iniciará la segunda fase, que es con los perpetradores.
“Eso implica presentar nombres y apellidos de presuntas víctimas; y nombres y apellidos de presuntos perpetradores”, agregó el defensor de los derechos humanos.
Dijo también que Venezuela está en una situación que no es como con Pinochet en Chile, en donde había un gobierno democrático y se investigaron casos del pasado, “aquí los perpetradores siguen en el poder”, añadió.