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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios que de acuerdo con la mayoría del chavismo en el Parlamento, busca evitar la «anarquía» en el cobro de impuestos en las regiones.

De hecho, de acuerdo con la normativa, los estados y municipios deben coordinar con el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, los tributos que aplicarán en sus respectivos ámbitos territoriales y deben hacerse en bolívares, aunque se admite el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), como «unidad de cuenta dinámica» para el cálculo de tributos, accesorios y sanciones.

«Esta ley viene a proteger al ciudadano de a pie, al joven que inicia un emprendimiento, a los empresarios, alcaldesas y alcaldes, especialmente de ciudades pequeñas de Venezuela para que quede claro el alcance de los tributos estadales y municipales, incluso reduce la cantidad de impuestos que se pagarán en las regiones», aseguró el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez al declarar sancionada la ley.

La ley ordena a los estados y municipios (artículo 30) a identificar y disponer la supresión de requisitos y permisos relacionados con el pago de tributos que limiten, dificulten o tengan por efecto obstaculizar el ejercicio y normal desarrollo de la actividad económica y la iniciativa productiva.

Poner «orden»

«Esta ley genera el equilibrio necesario para impulsar el país hacia la prosperidad económica y viene acompañada de un plan inmediato de aplicación coordinado con el Ejecutivo que permitirá generar confianza en el sector privado, emprendedores. Se ordenan a partir de hoy los impuestos municipales, regionales y nacionales», secundó el diputado de 2020, Nicolás Maduro Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas.

Rodríguez ordenó remitir la ley al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que declare su constitucionalidad.

«No permitamos que esta ley caiga en el saco gris de las falsas noticias y manipulaciones, porque protege a los contribuyentes de manera determinante», recalcó.

Expertos tributarios han señalado que la ley aumenta el control de la administración central sobre las regiones en perjuicio de la descentralización y viola la autonomía tributaria y de gestión.

Pero entre las razones de la aprobación de la ley cuya primera discusión se dio hace un año en el Parlamento de 277 diputados fue una solicitud de empresarios de las regiones por la creciente presión tributaria en estados y municipios, aparte de los impuestos y contribuciones aprobados por el Ejecutivo Nacional.

Economistas como Víctor Alvarez (exministro de Industrias Básicas y Minería del gobierno de Hugo Chávez) aseguró que la normativa no es bien vista por los gobiernos regionales y municipales porque les resta margen de maniobra para generar recursos propios ante el deficiente presupuesto que el Ejecutivo envía a las gobernaciones y alcaldías a través del Situado Constitucional.

Consejo Superior de Armonización Tributaria

El artículo 10 de la ley advierte que los tributos estadales y municipales no podrán tener «carácter confiscatorio ni convertirse en obstáculos para el desarrollo económico». Tampoco podrán establecerse tributos que afecten la importación y exportación de bienes nacionales y extranjeros.

Se contemplan rebajas de al menos 30% (artículo 35) en los impuestos sobre actividades económicas y comerciales para aquellos contribuyentes que colaboren con el saneamiento o mejoras en espacios de municipios o ejerzan su actividad través de organizaciones comunitarias.

El Consejo Superior de Armonización Tributaria se crea en el artículo 27 de la nueva normativa como «órgano de consulta de potestades tributarias de estados y municipios. La nueva instancia estará presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas e integrada por autoridades del Seniat, tres gobernadores y tres alcaldes que deben ser los mismos designados para integrar la secretaria del Consejo Federal de Gobierno.

El Ministerio de Economía y Finanzas podrá convocar (artículo 29) al Consejo Superior cuando se justifique y debe evaluar el impacto de los tributos estadales y municipales de forma permanente y coadyuvar en la lucha contra el fraude fiscal en estados y municipios.

Una de las disposiciones transitorias señala que las regiones deben adecuar toda su normativa en el transcurso de 90 días una vez entre en vigencia la nueva ley que además deroga los tributos estadales y municipales no establecidos en su contenido, así como leyes y disposiciones regionales que coliden con el instrumento jurídico que contó con el apoyo de la Alianza Democrática.