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En los comicios presidenciales de 2018, Nicolás Maduro se presentó a la reelección sin mayores contratiempos frente varios competidores. El principal, Henri Falcón, no implicó mayor amenaza.

Además de una oposición dividida y sin una estrategia clara, una serie de acciones vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE) y Contraloría General de la República (CGR) le allanaron el camino para ejercer un segundo mandato, asumiendo el «costo político» nacional e internacional que implicó. Una «receta» similar rumbo a las presidenciales de 2024 se presenta para 2024.

La analista política Mirla Pérez recordó que el deterioro institucional para favorecer la permanencia en el poder del chavismo-madurismo no se ha detenido en los últimos años y que Miraflores seguirá echando mano del control sobre otros poderes, como el TSJ y el CNE, para desestimular el voto en su contra, de cara a 2024.

Una diferencia —subrayó la integrante del Centro de Investigaciones Populares— entre 2018 y 2023 es el creciente descontento popular producto del deterioro de las condiciones de vida, con un salario mínimo casi inexistente y la falta de acceso a servicios públicos como la educación, la salud, el agua y la electricidad, entre otros, por lo que para Maduro es un escenario completamente desfavorable para reelegirse y hará lo necesario para contrarrestarlo, incluyendo un aplazamiento de los comicios.

¿Qué pasó antes del 20 de mayo de 2018? Partidos ilegalizados e inhabilitaciones políticas fueron los ingredientes principales.

¿Qué presidenciables estaban inhabilitados?

Previo a 2018, dos principales presidenciables estaban fuera del camino:

Leopoldo López. Considerado uno de los presidenciables con opción de triunfo, cumplía arresto domiciliario, tras recibir condena en septiembre de 2015 por 13 años y 9 meses, por liderar las protestas ciudadanas de 2014 contra el primer gobierno de Maduro.

Henrique Capriles. El 7 de abril de 2017, la CGR informó que impuso una inhabilitación política por 15 años contra el para entonces gobernador de Miranda  »por incurrir en supuestos ilícitos tipificados», entre ellos: no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas.

Para entonces, también sonó la aspiración a la presidencia del secretario general de AD, Henry Ramos Allup pero la posibilidad quedó descartada con la decisión de no participar en las elecciones del 20 de mayo por falta de garantías democráticas. Un Nuevo Tiempo (UNT) de Manuel Rosales, entre otros partidos, se sumaron a la decisión al igual que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en pleno.

¿Qué partidos políticos estaban ilegalizados?

La tarjeta de la manito. El 26 de enero de 2018, el TSJ sentenció que la MUD no podía presentarse como una sola agrupación a las elecciones porque violaba «la prohibición» de la doble militancia, es decir, la tarjeta electoral no podía aparecer en la boleta de las presidenciales.

 La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el TSJ se extralimitó y asumió competencias legislativas por cuanto la doble militancia, usada como excusa, no está prohibida expresamente Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Tras el triunfo opositor de las elecciones parlamentarias de 2015, el CNE, por orden del TSJ impuso a los partidos políticos una renovación de sus nóminas al no participar con tarjeta propia en dichos comicios (lo hicieron con la tarjeta de la MUD) en jornadas limitadas en tiempo y con el uso de captahuellas.

Ello trajo como consecuencia que algunos partidos, principalmente de oposición, quedaran inhabilitados ante el Poder Electoral para inscribir candidaturas. Fue el caso de la Causa R, Bandera Roja, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela y Gente Emergente en abril de 2017.

En diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también intervino para imponer la validación a Primero Justicia (PJ), AD, Voluntad Popular (VP) y Puente por no participar en las elecciones de alcaldes de 2017. Tras el proceso, fueron ilegalizados VP y Puente que rechazaron la orden de la ANC y posteriormente resultó afectado PJ al no permitírsele completar la reparación de la recolección de firmas de su militancia.

De 62 partidos nacionales, con las reglas impuestas entre el TSJ, ANC y CNE la cifra bajó a 17 partidos entre 2016 y 2018, de los cuales solo 12 eran progobierno y 5 de oposición, entre ellos AD.

Se señala al gobierno de Maduro de obstaculizar una candidatura de oposición que le haga sombra para 2024

¿Por qué la oposición mayoritaria decidió no participar?

Para entonces la oposición mayoritaria anunció su negativa a concurrir a las presidenciales adelantadas (de diciembre a mayo) por considerarlo «un fraude cantado» ante la falta de condiciones democráticas. UNT y VP fueron los primeros en pronunciarse para llamar a la abstención y a la movilización ciudadana, posteriormente lo hizo la MUD en pleno.

La MUD rechazó el adelanto de los comicios para la primera mitad de 2018 y que la fecha fuera ordenada por la considerada «ilegítima» ANC instalada en 2017, exigía la conformación de un CNE equilibrado, observación internacional creíble, que se garantizara el voto de los venezolanos en el exterior, el acceso igualitario a medios de comunicación y la revocatoria de la inhabilitación de partidos y líderes.

«No cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial», expresó el entonces portavoz de la MUD, Ángel Oropeza.

El panorama para 2024

Con las elecciones presidenciales de 2024 a la vista son 12 los partidos políticos intervenidos por orden del TSJ (hubo una oleada en 2020 para imponer directivas vinculadas con el gobierno ) o ilegalizados ante el CNE: VP, Bandera Roja, AD, PJ, Nuvipa, Copei, Compa, Min Unidad, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos y Tupamaro (estos cuatro últimos por ser disidentes del Gran Polo Patriótico). Actualmente el Partido Comunista de Venezuela (PCV) también está bajo riesgo de intervención judicial.

En cuanto a las inhabilitaciones políticas, Capriles continúa con la sanción de 2017, también están inhabilitados Freddy Superlano a raíz de su victoria en las elecciones de Barinas (2022) y recientemente la medida fue impuesta en contra de María Corina Machado. Los tres son candidatos (Machado y luego Capriles con mayor opción de triunfo) a las elecciones primarias con las que la oposición se propone escoger a su candidato presidencial.

Se suma el proceso de renovación del CNE en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, pese a que en 2021, se escogió a un poder electoral por siete años, por lo que se teme que sea para imponer solo rectores afectos al chavismo que desestimulen la votación opositora primero para las primarias y luego las presidenciales.

Otras garantías como la observación internacional también lucen el riesgo, al advertir el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, que a Venezuela no entrará ninguna misión de observación electoral de la Unión Europea, luego del pronunciamiento del Parlamento del bloque en rechazo a las inhabilitaciones políticas.

Para Pérez, entre el reconocimiento internacional a las presidenciales y no poner en riesgo su permanencia en el poder, Miraflores escogerá sin dudar lo segundo, porque sabe que no logrará legitimidad sin dar garantías democráticas y si las concede sabe que perderá las elecciones.

¿Adelantar o aplazar elecciones?

«Hay mucho descontento, incluyendo a la estructura comunal porque no se puede jugar al deterioro permanente de las condiciones de vida de la población y pretender detener una base ideologizada que siempre vote a favor. Un estudio arrojó que 89% recibe el Clap pero 93% lo rechaza, es decir, lo reciben porque no tienen opción pero no es lo que la gente quiere como solución a la pobreza», señaló Pérez.

En declaraciones a Efecto Cocuyo indicó que en el abanico de cartas que puede jugar el gobierno para promover la abstención para 2024 está la postergación de las elecciones ante el escenario social desfavorable y si la oposición logra consolidar un liderazgo a partir de unas elecciones primarias, en caso de que se permitan.

«A diferencia de 2018 no se había visto un movimiento político electoral del lado de la oposición como lo estamos viendo ahora con la organización de las primarias y las movilizaciones de los candidatos, por lo que si logra consolidar ese movimiento y un liderazgo y capitaliza el rechazo al gobierno que supera 80% pueden haber sorpresas. Ya sabemos lo que el gobierno hará por lo que el tema son las decisiones que tome la oposición, entendiendo que el poder está en la gente», sostuvo.