Esta semana la mayoría del chavismo llevó a la cámara el informe para la segunda discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Lo que no se cumplió por ahora, fue la promesa de su proponente, Diosdado Cabello, de que quedaría sancionada este mismo 21 de mayo.
Tras aprobar nueve artículos, el diputado del Psuv, Julio García Zerpa solicitó a la plenaria diferir la discusión para otra sesión sin mencionar el motivo de la petición. La directiva del Parlamento votó la propuesta y se aprobó.
“Esta ley establece un margen jurídico importante y prevé un régimen que establece regulaciones de las ONG y asociaciones sin fines de lucro. En una nación que está siendo asediada por la principal potencia (Estados Unidos), se hace necesario establecer un margen regulatorio para establecer como las ONG reciben financiamiento y rinden cuentas, eso es normal, en otros países existe”, justificó previamente Zerpa al iniciar la discusión del instrumento legal.
Señalan a las ONG
Zerpa dijo que las ONG que realizan “verdadera acción social” no debían preocuparse por la aprobación del instrumento legal, en cambio, las que a su juicio incurren en mal manejo de fondos, financiamiento de partidos políticos y “actividades terroristas”, sí.
En el segundo bando ubicó a una ONG que recibe financiamiento de la Fundación Simón Bolívar para trasplantes infantiles, dependiente de Citgo y hoy es manejada por sectores de Voluntad Popular (VP). También a la ONG Convite (dedicada a la atención de personas de la tercera edad) por presuntamente recibir financiamiento estadounidense y de manejarlo “irregularmente”.
“Algunas no tienen personalidad jurídica, no existen ante el Saren, pero reciben importantes cantidades, millones de dólares. Se debe establecer transparencia, rendición de cuentas, si la gente declara ante el Seniat, por qué en nuestro país no existe un marco regulatorio para que digan de dónde viene los recursos y en qué son empleados”, acotó.
¿Qué dicen los nueve artículos?
Durante el inicio de la segunda discusión, la ley, llamada por organizaciones proderechos humanos en Venezuela como “ley antisociedad”, porque sostienen, pretende restringir el espacio cívico, tuvo cambios desde su título: se sustituyó la palabra “afines” al final por Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, para hacer más específico su alcance.
“Esta ley tiene por objeto establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad , de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela”, reza el nuevo artículo 1 de la ley.
El nuevo artículo 2 excluye de la aplicación de la ley a las ONG cuya constitución y financiamiento estén regidos por “leyes especiales en razón de la naturaleza de su objeto”. El siguiente artículo (3) indica que la ley tiene como finalidad, entre otras, “facilitar” el ejercicio del derecho a la libre asociación, establecida en el artículo 52 de la Constitución, como derecho humano y “contribuir con la lucha contra la legitimación de capitales, la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”.
El artículo 9, hasta el cual llegó la segunda discusión, establece que el Estado promoverá la conformación de organizaciones con fines lícitos, orientadas a participar en la solución de los problemas locales, así como la garantía de los derechos humanos. Esto ha sido interpretado como la creación de ONG progobiernos con recursos públicos.
Lo que dijo la Alianza Democrática
La bancada de la Alianza Democrática, en voz de la diputada de 2020, Anyelith Tamayo, expresó que votarían a favor de la aprobación de la ley porque participaron en el debate en la Comisión de Política Interior. También quiso enviar un mensaje de “tranquilidad” a las ONG “que hacen bien en el país”, porque aseguró, el todavía proyecto de ley “no les hace daño”, porque sólo busca la rendición de cuentas del financiamiento que reciben para sus labores.
“No puede ser una ley para perseguir por el pensamiento político (…) hay que fortalecer el sistema democrático, pero no puede ir contra la libre asociación prevista en la Constitución” instó.