Un grupo de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas emitió, en septiembre de 2023, una serie de advertencias sobre el riesgo de aprobarse en Venezuela la Ley contra las ONG, que se espera se sancione este 21 de mayo en la Asamblea Nacional de mayoría chavista.
En un documento de 17 páginas, los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, sobre la protección y promoción de los derechos humanos y sobre las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, expresaron sus reservas con este instrumento legal.
Entre sus advertencias expresaron que «este proyecto podría afectar al ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones».
Este lunes 20 de mayo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento con mayoría chavista, Diosdado Cabello, reiteró sus señalamientos contras las organizaciones no gubernamentales y avanzó sobre la aprobación de la Ley de
fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no
gubernamentales y afines.
Organizaciones defensoras de derechos humanos elevaron sus críticas en las últimas horas sobre los riesgos que corren las ONG en Venezuela si termina aprobándose este instrumento por las restricciones que impondría a la sociedad civil nacional.
Atenta contra la libre asociación
Antes, los relatores explicaron que la actual norma, aprobada en primera discusión en enero de 2023, no es acorde con los estándares internacionales sobre el sector.
Y añaden que lesionaría «especialmente el derecho a la libertad de asociación, la libertad de participar en los asuntos públicos, la libertad de expresión y el pleno acceso a los derechos económicos y sociales de las personas que trabajan en las ONGs o que se benefician de su actividad en ámbitos tan variados como la defensa legal, la salud, la educación o la alimentación».
Sobre la libertad de asociación recuerdan que permite a las organizaciones dictar sus normas de funcionamiento de forma libre y garantizar que ejerzan sus labores sin cortapisas. Además, si se imponen limitaciones se atenta contra este derecho, consagrado en la Constitución venezolana de 1999.
Incluso mencionan que las ONG al tener poco financiamiento interno deben recibir apoyo internacional para ejercer sus labores como parte de la cooperación internacional.
«Dado que en muchos países el financiamiento doméstico resulta sumamente limitado, el Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos ha mantenido que las organizaciones no gubernamentales deben tener permitido acceder a financiamiento externo en el marco de acuerdos de cooperación internacional en la misma medida que el Gobierno».
Restricciones y penas limitantes
Entre las críticas también está que las ONG deben pedir autorización al gobierno para sus operaciones o cambio de actividades, lo que a juicio de los relatores «supondría una limitación de gran relevancia a la capacidad de las personas participantes en las asociaciones de determinar los objetivos por los que se organizan».
Agregan que «llama la atención al Gobierno de Su Excelencia (Venezuela) al hecho de que la imposición de obligaciones específicas a las ONGs, que no se imponen a otras personas jurídicas, pueden afectar la independencia de las organizaciones al generar un efecto inhibitorio, yendo en contra de las obligaciones internacionales del Estado de garantía del derecho».
Los relatores especiales de la ONU que firmaron este documento son Clement Nyaletsossi Voule, Irene Khan, Mary Lawlor y Fionnuala Ní Aoláin.
Esta fue la crítica de los relatores al proyecto de la Asamblea Nacional de 2020: