La Asamblea Nacional de 2015, que dirige la diputada Dinorah Figuera, aprobó este martes una propuesta para extender la validez de millones de dólares en bonos impagos emitidos por el gobierno y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El parlamento opositor dio el visto bueno a una propuesta de los comités que supervisan los activos extranjeros del país, para extender por cinco años la validez de miles de millones de dólares esos bonos.
La propuesta buscaría negociar con los bonistas y reducir los riesgos de nuevas acciones legales en tribunales estadounidenses, donde se han presentado los acreedores para cobrar las deudas por las expropiaciones de empresas y los pagos pendientes de los bonos.
“Es necesario que, antes de la fecha de vencimiento perentorio, porque los bonistas ven oportunidades de demandar para obtener una compensación (…) la Asamblea Nacional acuerde prorrogar la fecha de vencimiento de los bonos”, dijo el legislador José Salazar durante la sesión.
El objetivo principal de la decisión del Parlamento es alentar una “reestructuración ordenada” de la deuda externa de Venezuela, por lo que insta a los bonistas a no ejercer acciones judiciales.
Los obligaciones de Venezuela y PDVSA superan los 60.000 millones de dólares.
El gobierno de Nicolás Maduro y PDVSA presentaron en marzo un planteamiento similar, de suspender la prescripción de los bonos por cinco años o hasta que se levanten las sanciones, una sugerencia que no tuvo mayores avances debido a que Washington no reconoce al mandatario venezolano.
La Asamblea Nacional opositora, reconocida por Estados Unidos, tiene una licencia del Departamento del Tesoro para llevar a cabo acuerdos de conciliación de deuda. En 2019 y 2023 nombró una junta administradora para PDVSA y un comité para resguardar los activos de Venezuela en el exterior.
El Gobierno de Venezuela dejó de pagar a los tenedores de bonos a finales de 2017 y en octubre de este año sumarán seis años sin cancelar a los bonistas, lo que activa posibles demandas.
La prórroga del vencimiento de los bonos y cualquier eventual negociación con los bonistas, que está pendiente de la aprobación de Estados Unidos, no implican que Venezuela renuncie a sus derechos de acciones legales para proteger los activos si es necesario, según el acuerdo.
Varios acreedores han presentado demandas en tribunales para cobrar las deudas, lo que ha puesto en riesgo al principal activo de Venezuela en el exterior, el refinador estadounidense Citgo. Un tribunal en Delaware ya fijó para octubre una subasta de acciones de una de las empresas matrices de Citgo.
Con información de Voz de América