A raíz de las recientes detenciones de funcionarios por supuestos vínculos con actos de corrupción —entre ellas la del diputado (Psuv) Hugbel Roa— el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó a los parlamentarios la revisión de las leyes estén relacionadas con el combate a la corrupción en la administración pública.
A partir de dicha instrucción fue creada una comisión mixta conformada por las comisiones permanentes de Contraloría y Política Interior, presididas por los diputados Pedro Carreño y Alexis Rodríguez Cabello, ambos del chavismo, que será la encargada de revisar las leyes vigentes que tienen que ver con la materia y presentar las propuestas de cambios a la plenaria del Poder Legislativo.
Se trata específicamente de la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos.
A su vez, una subcomisión especial, dirigida por la legisladora Rodbexa Poleo e integrada por los diputados Oriana Osio, Yolmar José Gudiño,Winston Vallenilla, Lisandro Cabello, todos del Psuv y Juan Carlos Alvarado y Alexander Cordero de la Alianza Democrática, deberá presentar un informe a la Comisión Mixta sobre el abordaje a las leyes mencionadas, el próximo 26 de abril.
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«Yo propongo que la Comisión de Política Interior se aboque a la revisión de todas las leyes existentes en Venezuela contra la corrupción, una por una, para hacer más enérgicos los castigos, para que no se salve nadie (…) Draconiana debe ser la respuesta», instó Rodríguez.
El pasado 21 de marzo, la AN de 2020 allanó la inmunidad parlamentaria a Roa para que enfrente un juicio por hechos de corrupción detectados en Pdvsa, entre ellos un desfalco por 3.000 millones de dólares. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que por ser capturado en «flagrancia», no procedía antejuicio de mérito por lo que el legislador será juzgado en tribunales ordinarios.
Vale acotar que el 31 de marzo de 2022, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó la Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley contra la Corrupción, propuesta por la Contraloría General de la República, la cual abarcó cambios a 27 artículos.
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La reforma agregó sanciones contra ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública como multas que van de 100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para el momento del pago, para los funcionarios que no presenten la Declaración Jurada de Patrimonio (artículo 38) en el lapso establecido. Además, 18 meses de suspensión de sueldo (artículo 43).
La legislación contra la corrupción vigente contempla pena de prisión de hasta 10 años para funcionarios que incurran en actos de corrupción. Rodríguez se quejó porque a su juicio, son penas «demasiado leves».
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A raíz de las recientes detenciones de funcionarios por supuestos vínculos con actos de corrupción —entre ellas la del diputado (Psuv) Hugbel Roa— el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ordenó a los parlamentarios la revisión de las leyes estén relacionadas con el combate a la corrupción en la administración pública.
A partir de dicha instrucción fue creada una comisión mixta conformada por las comisiones permanentes de Contraloría y Política Interior, presididas por los diputados Pedro Carreño y Alexis Rodríguez Cabello, ambos del chavismo, que será la encargada de revisar las leyes vigentes que tienen que ver con la materia y presentar las propuestas de cambios a la plenaria del Poder Legislativo.
Se trata específicamente de la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos.
A su vez, una subcomisión especial, dirigida por la legisladora Rodbexa Poleo e integrada por los diputados Oriana Osio, Yolmar José Gudiño,Winston Vallenilla, Lisandro Cabello, todos del Psuv y Juan Carlos Alvarado y Alexander Cordero de la Alianza Democrática, deberá presentar un informe a la Comisión Mixta sobre el abordaje a las leyes mencionadas, el próximo 26 de abril.
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El pasado 21 de marzo, la AN de 2020 allanó la inmunidad parlamentaria a Roa para que enfrente un juicio por hechos de corrupción detectados en Pdvsa, entre ellos un desfalco por 3.000 millones de dólares. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que por ser capturado en «flagrancia», no procedía antejuicio de mérito por lo que el legislador será juzgado en tribunales ordinarios.
Vale acotar que el 31 de marzo de 2022, el Parlamento con mayoría del chavismo aprobó la Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley contra la Corrupción, propuesta por la Contraloría General de la República, la cual abarcó cambios a 27 artículos.
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La reforma agregó sanciones contra ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública como multas que van de 100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para el momento del pago, para los funcionarios que no presenten la Declaración Jurada de Patrimonio (artículo 38) en el lapso establecido. Además, 18 meses de suspensión de sueldo (artículo 43).
La legislación contra la corrupción vigente contempla pena de prisión de hasta 10 años para funcionarios que incurran en actos de corrupción. Rodríguez se quejó porque a su juicio, son penas «demasiado leves».