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Entre 6 meses y 10 años oscilan las penas de prisión en Venezuela para los funcionarios que incurran en actos de corrupción, tales como los que atentan contra el patrimonio público, de acuerdo con la Ley contra la Corrupción vigente.

El tema sobre cómo se previene y se castiga la corrupción en el país está en el tapete a propósito de las recientes detenciones de funcionarios, empresarios y otras personas vinculados por el Ministerio Público (MP) con hechos ilícitos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como la destitución y encarcelamiento de jueces por supuestamente aceptar sobornos de grupos delictivos.

Para el abogado penalista, especialista en Derecho Penal, Joel García, si bien los años de prisión establecidos para quien por ejemplo se apropia de dineros públicos son inferiores en comparación con otros tipos penales, hacer más severos los castigos no es disuasivo para quien se proponga cometer actos de corrupción.

«Aumentar la pena no es disuasivo de nada, en la Ley contra el Secuestro se establecen penas de hasta 30 años de prisión y ese delito sigue ocurriendo. El problema de la corrupción tiene que ver con la falta de formación de los funcionarios, educación en ética, valores, prevención, que las instituciones escojan como funcionarios a quienes cuenten con un perfil idóneo y que los organismos encargados de supervisar y hacer contraloría cumplan con su función», sostuvo.

Lo que dice la Ley contra la Corrupción

La Ley Contra la Corrupción impone prisión hasta por 10 años en casos de: apropiación o distracción del patrimonio público (artículo 59); retraso u omisión intencional de funciones en el caso de los jueces (artículo 69); incremento injustificado de patrimonio (artículo 80) y provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos (artículo 81).

El artículo 62 del texto legal también contempla que en caso de «reintegro» parcial de lo sustraído «se podrá disminuir la pena hasta en una cuarta (1/4) parte, según la cantidad reintegrada o el daño reparado y la gravedad y modalidades del hecho punible».

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Mientras que el artículo 90 de la ley sobre los sobornos señala que quien directamente o a través de terceros «ofrezca u otorgue» a un funcionario público, cualquier «objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas» a cambio de que dicho funcionario «realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole» será penado con prisión de 6 a 12 años.

Vale acotar que el 31 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría del chavismo aprobó la Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley contra la Corrupción, propuesta por la Contraloría General de la República y abarcó cambios a 27 artículos del instrumento legal.

El rol de la Contraloría General

En la reforma se agregaron sanciones contra la no presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio (artículo 38) en el lapso establecido con una multa que va de 100 a 1.000 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para el momento del pago. El artículo 43 añadió 18 meses de suspensión de sueldo a los funcionaros que no presenten la Declaración Jurada de Patrimonio o le falte algún requisito.

Asimismo, contempla prisión de tres a seis años para los funcionarios que ordenen pagos por obras o servicios no realizados o certifiquen terminaciones de obras o servicios inexistentes o por cantidades superiores a lo contratado.

García compara las penas de la Ley contra la Corrupción con las de Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia —cuyas penas llegan a los 20 años— y afirma que hay un castigo desproporcionado si se equipara con «quienes roban millones de dólares a la nación».

«No creo en la represión sino en la educación, en vigilar la buena administración de los recursos públicos. La Contraloría General de la República debe supervisar, verificar si lo que se refleja en la Declaración Jurada de Patrimonio se corresponde con el nivel de vida que lleva el funcionario, eso no se cumple porque a simple vista están los vehículos de lujo, celulares costosos. En el caso de Pdvsa la Contraloría no dice nada, solo que apoya al gobierno en la lucha contra la corrupción», dijo.

El actual contralor general de la República, Elvis Amoroso, fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Traición a la patria

El fiscal general, también designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab informó que a todos los detenidos por la presunta comisión de hechos de corrupción en Pdvsa se les imputaron los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.

El Código Penal venezolano prevé una pena máxima de 30 años para quien cometa traición a la patria.

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García advirtió que la tipificación penal de traición a la patria está mal aplicada en el caso de corrupción en Pdvsa porque no se atenta contra la forma republicana ni contra la integridad de su territorio como lo establece el Código Penal. «Legalmente no es así, está mal aplicado ese tipo penal, así como se lo aplican a presos políticos solo por ser opositores», subrayó.