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Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Provea, alertan que el proyecto de ley de cooperación internacional busca ejercer un control político sobre las ONG y, en última instancia, criminalizarlas o extinguirlas.

La iniciativa legislativa, que prepara la Asamblea Nacional de mayoría chavista, plantea la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de todas aquellas ONG, fundaciones o asociaciones “que promuevan o participen en la aplicación de medidas coercitivas contra la República”.

Venezuela ya tiene una Ley que rige esta materia y que data de 1958. Sin embargo, activistas de derechos humanos advierten la propuesta de reforma se convertirá en una herramienta de persecución en manos de un gobierno autoritario.

En el rechazo público al proyecto de ley se suman al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Control Ciudadano, Acceso a la Justicia, Sinergia y otras organizaciones.

Aquí las claves sobre su contenido, según el primer borrador que dieron a conocer defensores de derechos humanos:

1️⃣ Un proyecto reciclado. Ya en 2005 se intentó la aprobación de un texto similar, según documenta Acceso a la Justicia, pero “fue frenado por el peligro que significaba para la actividad de defensa de los derechos humanos y la autonomía de las ONG”.

Ese año, las ONG advertían que su contenido “lesionaba la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental” en el país.

Además, explicaban que el marco regulatorio existente ya sometía a las ONG a la inspección y vigilancia de autoridades administrativas como el Seniat, las inspectorías del trabajo, las superintendencias de impuestos municipales, etc.

Por lo que consideraban que el objetivo de imponer más regulaciones era impedir o dificultar las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos.

2️⃣ Más control. El artículo 18 del proyecto de ley establece la creación del Sistema Integrado de Organizaciones no gubernamentales que, según Acceso a la Justicia, atenta contra el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el artículo 52 de la Constitución.

La asociación civil argumenta que este nuevo registro, que estará adscrito a un órgano creado por el presidente de la República, da facultades al gobierno para “inmiscuirse en la administración de recursos que desde el exterior obtienen las ONG”.

En otras palabras, le confiere un poder discrecional para prohibir el financiamiento a cualquier organización que considere.

El nuevo registro se suma a una serie de controles adicionales a los que exigen las leyes venezolanas para la constitución de una ONG.

A finales de 2020 Sudeban ordenó a todas las entidades bancarias monitorear las operaciones financieras de las organizaciones sin fines de lucro.

También se publicó, en 2021, una providencia que obliga a las ONG a registrarse ante la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

3️⃣Eliminación definitiva de ONG. El artículo 26 del proyecto es uno de los que más preocupación genera porque señala que las ONG serán sometidas a una evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva si promueven directa o indirectamente acciones coercitivas contra Venezuela.

La alerta proviene de las acusaciones que ya ha hecho el gobierno venezolano a activistas de derechos humanos a los que tilda de traidores de la patria,  espías o enemigos por denunciar la violación sistemática de derechos humanos en el país.

La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, explicó a Efecto Cocuyo que de aprobarse esta ley, Maduro tendrá facultades, por vía reglamentaria, “para prohibir, restringir o eliminar aquellas ONG que le sean molestas”.

Rocío San Miguel: Proyecto de Ley de Cooperación Internacional faculta a Maduro para eliminar ONG que le sean molestas

4.-Víctimas desprotegidas. El artículo 23 establece que las ONG estarán obligadas a suministrar “a cualquier ciudadano que lo solicite” la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”.

Esto pone en peligro la información de las víctimas que denuncian ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, a organizaciones como Provea o Foro Penal, con el riesgo de que sean objeto de represalias, según San Miguel.

Pero también atenta contra la protección de personas que reciben tratamiento para el VIH a través de Acción Solidaria.

5️⃣ Medios de comunicación en la mira. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló que este tipo de legislación puede restringir enormemente a los medios de comunicación independientes en el país pues podría bloquear o limitar sus fuentes de financiamiento.