Edmundo González Urrutia
El candidato opositor aseguró que el mundo entero observa y acompaña a Venezuela Credit: EFE/ Ronald Peña

El Comando Con Venezuela denunció que la orden de detención contra el diplomático Edmundo González Urrutia es «ilegal» e «inconstitucional».

La agrupación, que sirvió para la organización de las actividades de campaña del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, emitió un comunicado en el que rechazó la orden que un tribunal especial contra el terrorismo solicitó contra el político.

«La orden de detención contra el presidente electo Edmundo González Urrutia es ilegal, inconstitucional e inmoral«, afirmaron la noche de este 3 de septiembre en sus redes sociales.

Agregaron que la medida contra González Urrutia es un intento de «apresar» a 8 millones de venezolanos que el pasado 28 de julio salieron a expresarse, y según las actas que mostró la oposición en una página web, le dieron el triunfo a su abanderado, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) primero y después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciaron la victoria del actual gobernante y líder chavista, Nicolás Maduro.

«Es la primera vez en toda nuestra historia que se atreven a emitir una orden de detención contra un presidente electo de la República, una línea roja que el régimen no temió cruzar, pero que no detiene la determinación de toda una nación de propiciar un cambio pacífico y constitucional en Venezuela, que debe concretarse el próximo 10 de enero», señala el Comando Con Venezuela.

Por qué investigan a González Urrutia

El Ministerio Público abrió una investigación contra González Urrutia, a quien acusa de seis delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos e instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación.

Esto después de que la oposición colgara en un sitio web más del 80 % de las actas de votación, con las que dijeron quedaba demostrado el triunfo del exembajador, aunque el CNE proclamó ganador a Maduro sin mostrar resultados disgregados por centros ni mesas de votación como lo exige la ley.

La semana pasada la Fiscalía citó en tres oportunidades al abanderado de la coalición opositora, quien desde un principio alegó que no había respeto al debido proceso ni garantías para que acudiera a responder las preguntas por los supuestos delitos de los que lo acusan.

«Con represión, violencia ni órdenes de captura no han conseguido ni conseguirán cambiar la inocultable realidad: que no publicaron las actas porque allí están las pruebas de su derrota», agregó el Comando.

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