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Una «batalla de ideas», plantea la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, con el fin de contrarrestar, según su presidente Jesús Faría, una campaña que adelantan algunos medios de comunicación privados y «sectores de ultraderecha y ultraizquierda», a los que señaló de «manipular» con la demanda de aumento del salario mínimo en el país.

De acuerdo con el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en reunión de la Comisión de este miércoles 15 de febrero, las propuestas u «ofertas» salariales que se promueven desde algunos sectores, principalmente sindicales, son «fantasiosas e irrealizables» y buscan «alterar el orden del país».

En declaraciones recogidas en nota de prensa del Parlamento con mayoría del chavismo, Faría insistió en responsabilizar a las sanciones internacionales de los bajos salarios de los trabajadores, a quienes hay que llegar, subrayó, con argumentos que le aclaren e identifiquen a los responsables del «bloqueo económico» y su impacto, producto de la merma de los ingresos por exportación petrolera.

Sin mencionar si el Ejecutivo maneja propuestas de salario mínimo ni cuándo podría aprobarse un incremento, Faría apostó a un «escenario económico de mejoras» para el país que permitirán, según dijo, que en el segundo y tercer trimestre del año se pueda avanzar en el ámbito social y en materia salarial.

Actualmente el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares que equivalen a 5,33 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela de este jueves 16 de febrero (24,36 bolívares por dólar). La ONU establece como indicador de pobreza extrema un ingreso mensual de 57 dólares.

Las propuestas del sector sindical

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta alimentaria supera los 480 dólares, por lo que desde algunas centrales sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (Cutv-PCV) proponen que el salario mínimo y las pensiones sean indexados a dicho valor.

Una propuesta de la representación de los trabajadores en el diálogo social tripartito con voceros del gobierno, empresarios y el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un aumento progresivo del salario mínimo que arranque con 50% del valor de la canasta alimentaria. Luego, tres ajustes en el año (el primero con retroactivo al 1 de enero).

Si se usa el valor de la canasta como referencia, el salario que han denominado «de emergencia» pudiera rondar los 240 dólares inicialmente.

Aparte del salario de emergencia, se plantea desde las centrales sindicales, otra fase de recuperación de los ingresos de los trabajadores y una tercera fase de estabilización. La de recuperación contemplaría bonificaciones que no solo abarquen la alimentación sino la salud y el transporte. La tercera iniciaría cuando haya productividad en el país, mayor crecimiento y una política de empleo.

A la espera

En la tercera ronda del diálogo tripartito que tuvo lugar en Nueva Esparta del 30 de enero al 1 de febrero, se acordó la instalación de una instancia técnica para diseñar un método de fijación del salario mínimo para presentárselo al Ejecutivo. La idea sería tener propuesta lista para antes del 1 de mayo, si la instancia se concreta a mediados de este mes de febrero como se tenía estimado (13 al 17 de febrero).

A principios de 2023, desde Fedecámaras se asomaba un posible aumento del salario mínimo a 50 dólares.

«Yo puedo asegurarles que en pocas horas van a saber de nuestro presidente, se los puedo asegurar. Con mucha paciencia, con mucha sabiduría para no romper equilibrios, sino recuperar los equilibrios con los que la derecha extremista sometió a nuestro pueblo en los últimos meses del año», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mediados de enero, sobre un posible anuncio de aumento del salario sin que hasta la fecha se concrete.

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta ante la AN de 2020, el 12 de enero, Maduro, palabras más, palabras menos, se escudó en las sanciones internacionales para no mejorar las condiciones salariales de los trabajadores venezolanos.