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La comisión especial que hará seguimiento al Consejo Nacional de Protección de Activos se instaló con retraso y no sesionó la semana pasada como se tenía previsto. La reunión que se aplazó serviría para definir la agenda de trabajo.

La aprobación del Consejo de Protección de Activos cumplió dos meses y está lejos de materializarse. El proceso para la composición de esta figura implica que la Comisión Delegada, que representa a la Asamblea Nacional de 2015, escoja primero una empresa consultora especializada en procesos de selección de talentos mediante concurso.

Luego de esto, la empresa “cazatalentos” debe postular varios candidatos, que se supone tendrán un perfil técnico y cero vinculaciones partidistas (o al menos esta es la promesa pública hecha). La propuesta será presentada a Juan Guaidó, quien es la cabeza de la Delegada.

Finalmente, Guaidó deberá presentar a la instancia parlamentaria una quinaria de postulados por cada posición a llenar y la aprobación de los mismos se determinará con el voto de las 2/3 partes.

Sesión aplazada

La sesión que se había fijado para el miércoles 24 de agosto no fue convocada, confirmó el integrante de la comisión especial Ángel Caridad a Efecto Cocuyo.

“No pudimos sesionar, se está deliberando en una agenda en común. La prioridad es hacer el inventario de todos los activos que están en el exterior, priorizando los casos urgentes. Los recursos que necesita el Procurador para pagar la defensa judicial de los activos también van a ser discutidos”, declaró.

El caso Monómeros, activo que podría pasar a manos de Nicolás Maduro, es otro punto que será abordado, según el político.

También la situación de Citgo, cuya pérdida es una posibilidad “inminente”, según el economista Francisco Rodríguez, luego de que un juez en Estados Unidos falló a favor de ConocoPhillips que demandó a Venezuela por la expropiación de sus proyectos petroleros en el país en el año 2007.

Rodríguez advierte que, aunque la capacidad de Conoco de embargar a Citgo en base a esa deuda es aún limitada, se hace urgente la designación de una junta administradora de activos, mediante acuerdo político, que esté integrada por profesionales competentes, seleccionados con participación de la academia y la sociedad civil, para que arme una estrategia de defensa.

Despartidizar

La tarea principal de la comisión especial es velar por la despartidización del Consejo de Protección de Activos. “Lo más importante de todo esto es que sean empresas de alto reconocimiento, prestigio y trayectoria, que se garantice el verdadero tecnicismo y que no pertenezcan a este partido o aquel, ese ha sido la posición de mi partido”, dice Caridad como representante de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Pero esta tarea es difícil sino imposible, opina el dirigente de Alianza del Lápiz, Ismael León, quien forma parte de la comisión de contraloría de la Delegada.

“Todo esto es parte de un show político porque para escoger a las empresas que llaman cazatalentos tendrían que consultarles a las fracciones políticas y ¿cuáles son esas?, las del G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), y esos son los mismos que se están peleando ahorita por una precandidatura presidencial. Son los mismos que están metidos en el rollo de Monómeros”, sentencia León.

El exmilitante de Voluntad Popular cuestiona que para la aprobación del Consejo de Protección de Activos se convoque a la Delegada y no a la Asamblea Nacional de 2015 como cuerpo parlamentario en pleno.

“La Delegada está representada por los del G4 y no han podido constituir el Consejo de Protección de Activos porque no se han puesto de acuerdo en cómo se tienen que repartir la torta. Aquí tiene que venir un cambio de ambos lados (chavismo y oposición) porque el país no lo vamos a sacar adelante así”, lamenta.

El político se refirió a las divisiones que han generado las denuncias de corrupción asociadas a la actual directiva que encabeza Guillermo Rodríguez Laprea y a la negativa de algunos partidos de destituir o declarar la responsabilidad política del gerente.

El integrante del Consejo de Administración del Gasto, Yon Goicoechea, destaca el artículo 8 del acuerdo de seguimiento a la protección y defensa de los activos en el exterior que establece que para la selección de la empresa consultora se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
1️⃣ Se deben presentar al menos 5 empresas consultoras especializadas en procesos de selección de talentos.
2️⃣ Dichas empresas deben ser conocedoras de la región, propósitos, objetivos y planes estratégicos de las empresas a reestructurar.
3️⃣ Las consultoras no deben tener ningún conflicto de interés ni con las empresas a reestructurar ni con
algún miembro de la Asamblea Nacional.
4️⃣ Contar con prestigio internacional, con una trayectoria de al menos 10 años de experiencia en procesos de selección de talentos, así como una cartera de clientes comprobada.

Estos parámetros descartarian irregularidades, en opinión de Goicoechea.

«El acuerdo establece las cualificaciones exactas de las empresas, de forma que es muy difícil que se vaya a contratar a una empresa que no de la talla. Entre otros requisitos, la empresa debe tener experiencia nacional e internacionalmente, al menos 10 años de operaciones reconocidas, etc», argumenta el político.

Y agrega: «La aprobación de la empresa se hace por mayoría calificada de 2/3, como en todos los parlamentos del mundo las fracciones que sumen los votos toman la decisión. Normalmente, en los parlamentos democráticos, los diputados son mayoritariamente de partidos políticos. Sin embargo, como en este caso se requiere 2/3 de los 2/3 de los votos, se debe acordar entre varios factores. Por otra parte, no pueden escoger a cualquier empresa».

¿Quiénes son los responsables de ubicar el nombre de las empresas cazatalentos?

Goicoechea explica que la Delegada puede hacer una licitación abierta (en la que se inscriben todas las empresas interesadas), puede directamente invitar a las empresas para que participen o puede hacerlo mixto. «Es algo que tienen que decidir. El proceso tiene garantías legales más que suficientes, ahora hay que lograr que la ejecución de ese proceso sea igualmente bueno», señaló.