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El mecanismo contra intimidaciones y represalias de la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) invitó a personas o grupos como las organizaciones no gubernamentales a enviar información sobre casos de intimidación y represalias, en este caso por parte del Estado venezolano, por cooperar o haber colaborado con el organismo internacional en el último año. El plazo es hasta el 15 de abril de 2023.

«La posibilidad de presentar denuncias no es solo para ONG, lo pueden hacer las víctimas directamente y cualquiera que haya hecho denuncias sobre violaciones de derechos humanos y a causa de ello hayan recibido amenazas y si esa amenaza se concretó. El mecanismo es responsabilidad del secretario general quien debe informar ante la asamblea general si alguien ha sido objeto de amenaza o retaliación o ha sido perseguido por su denuncia», explica el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

De acuerdo con Provea, el llamado incluye a aquellos que hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a quienes hayan prestado asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de DDHH. Pueden ser activistas, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas, así como cualquier persona relacionada con ellos», señala la ONG en un comunicado.

«En el caso de algunas ONG venezolanas, Foro Penal, Observatorio de Conflictividad Social, Cofavic, Provea, Azul Positivo, entre otras, hemos puesto en conocimiento en este mecanismo de represalias, distintas formas de hostigamiento, con las cuales el gobierno ha pretendido intimidar a las ONG, uso de medios públicos para lanzar campañas de desprestigio, ya sea para organizaciones o personas de estas, intentos de imponer normas que limitan el trabajo de la sociedad civil», expresó el integrante de Provea, Marino Alvarado.

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¿Qué tipo de denuncias?

Según Provea los actos a denunciar pueden ser:

• Campañas de desprestigio
•   Promulgación de leyes restrictivas
• Sometimiento a vigilancia
• Prohibiciones de viajar
• Amenazas y acoso, incluso por representantes de la autoridad
• Agresiones físicas
• Detenciones y privaciones de libertad arbitrarias
• Torturas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales o denegación de acceso a atención médica
• Asesinatos

En más de una oportunidad, ONG venezolanas han denunciado amedrentamiento de organismos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante actividades relacionadas con la defensa de DDHH en Caracas y las regiones. Otro ejemplo de denuncia son casos de encarcelamiento o amenazas de captura en aeropuertos contra activistas,víctimas y familiares.

Un caso que puede ser presentado ante la ONU son las propuestas de ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, aprobada el 24 de enero de 2023 en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020 y la de Cooperación Internacional aprobada en la Comisión de Política Exterior y que aguarda por ser introducida ante la plenaria del Parlamento con mayoría del chavismo.

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«Periodistas que hayan sido víctimas de campañas de desprestigio por denunciar violaciones de derechos humanos o que hayan tenido que irse del país como consecuencia de ello. Aplica también si denunció corrupción y por ello se le violan sus derechos. Una amenaza puede ser incluso un Tweet en el que un funcionario lo menciona», acotó Daniels.

El abogado aludió igualmente al tratamiento que reciben en tribunales los familiares de víctimas de violaciones de DDHH y amenazas vinculadas al género y la comunidad LGTB.

«Usar términos descalificativos en audiencias en el escenario internacional, lo han hecho (la representación del Estado venezolano) en el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias de la ONU», añadió Alvarado.

¿Que hará la ONU con la información?

La documentación de la denuncia permitirá al secretario general de la ONU, de acuerdo con Daniels y Provea, presentar un informe en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y luego en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En el documento se evidenciaría que existe un patrón como parte de una política de Estado contra quienes defienden y denuncian violaciones de DDHH en Venezuela y que no son hechos aislados contra alguna ONG o alguna víctima en particular.

A su vez dicha información podría formar parte de otros expedientes que se manejen en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de Hechos e incluso en la Corte Penal Internacional (CPI) si es el caso.

De acuerdo con un comunicado de Provea, el secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha incluido denuncias sobre «ataques» a algunas ONG y los calificó de «inaceptables».

«Varias veces este mecanismo ha llamado la atención del gobierno venezolano sobre las denuncias que hemos presentado, esta advertencia o el solo hecho que se nombre en el informe sobre represalias, de alguna manera constituye un mecanismo de protección para las organizaciones porque es un indicativo de una llamada de atención de la Secretaría sobre los impedimentos a las ONG para que colaboren con la ONU», subrayó Alvarado.

Destacó además que ONG de varios continentes que han participado en la asamblea de Estados Parte de la CPI han propuesto que un mecanismo similar lo adopten los Estados parte porque así lo contempla el Estatuto de Roma. Ello implica que las organizaciones que acompañan a las víctimas o por colaborar con mecanismos de la CPI, no deberían sufrir ningún tipo de represalias.