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Veintiún años después del 11 de abril de 2002 la impunidad reina y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con una investigación sobre el asesinato de una de las 19 personas que murieron ese día.

El director-presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que ni la Cidh ha remitido uno de los casos que se llevaron a esa instancia.

Recordó el caso del joven Jesús Espinoza, de 18 años, a quien asesinaron de un disparo en la cabeza y sobre el que aún no hay justicia.

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Cidh en deuda por el 11 de abril de 2002

Se preguntó que pasó con el asesinato de 17 personas, toda vez que a los policías metropolitanos juzgados se les responsabilizó por la muerte de dos de los manifestantes.

«¿Qué pasó con el asesinato de esas otras 17 personas?, incluyendo este muchacho de 18 años que les comenté, quedó archivado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que habiendo admitido esa denuncia y habiéndose concluido todo el procedimiento relacionado con la misma, al día de hoy no se ha pronunciando para remitir ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

Romero, en un video que compartió el Foro Penal en su cuenta de la red social Twitter, dijo que ese año marcó el inicio de la represión política en Venezuela.

«Ese día marcó el comienzo de lo que sería la represión política sistemática que al día de hoy investiga la Corte Penal Internacional (CPI). No el 11 de abril de 2002 lo investiga, pero sí lo que ocurrió posteriormente», dijo en ese video.

Impunidad

Mientras que Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, destacó que la impunidad es la característica de las investigaciones sobre este proceso, que devino en la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez, la instalación de un gobierno transitorio, que rompió el orden constitucional encabezado por Pedro Carmona Estanga por menos de 48 horas, y la restitución en el poder de Chávez el 13 de abril.

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«Al día de hoy los venezolanos no conocemos la justicia en relación a lo sucedido el 11 de abril de 2002», afirmó. Detalló que se abrieron 79 investigaciones penales, como lo reconoció el Estado en su momento, pero de las cuales no hay sentencias. «De esas 79 investigaciones penales, ninguna llegó verdaderamente a nada. No se alcanzó la justicia, ninguna llegó a la verdad de los hechos».

Cuando se cumplieron 20 años de ese levantamiento, la ONG Provea dijo que «el 11 de abril marcó el inicio de un prolongado proceso -que se mantiene y ha cobrado fuerza-, de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas».

Destacaron que desde entonces comenzaron a obstaculizarse las manifestaciones opositoras al chavismo en el poder.

«Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular, la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación», explicaron el año 2022.