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De la gran alianza que acompañó a Hugo Chávez en sus triunfos electorales bajo la denominación del Gran Polo Patriótico (GPP) y que llegó a agrupar hasta 24 organizaciones, hoy solo quedan ocho partidos y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) como tolda mayoritaria y de gobierno, bajo el «liderazgo» del gobernante Nicolás Maduro.

De las 13 organizaciones que conformaban la alianza, aparte del Psuv, en las elecciones presidenciales de 2013, hoy quedan ocho, producto del rompimiento del Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el gobierno de Maduro y la ilegalización ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de otras tres organizaciones políticas como REDES, de Juan Barreto, a raíz de sus críticas hacia la gestión de gobierno.

Vale destacar que de las toldas que aún permanecen en la coalición de partidos, cuatro fueron intervenidas vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se impusieron nuevas directivas que declararon lealtad a Maduro.

De concretarse la intervención del PCV como lo viene alertando la dirigencia del gallo rojo desde hace meses, el chavismo-madurismo agrupado en el Gran Polo Patriótico volvería a sumar una tarjeta más en la boleta electoral de las elecciones presidenciales de 2024, la misma con la que no contó para los comicios parlamentarios de 2020 ni los regionales de 2021, cuando los pecevistas pasaron a postular candidaturas aparte.

Partidos intervenidos por el TSJ

En las presidenciales de 2013, al Psuv lo acompañaron en el Gran Polo Patriótico, el PCV, Tupamaro, Por la Democracia Social (Podemos), Patria Para Todos (PPT), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), REDES, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Unidad Popular Venezolana (UPV), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Corrientes Revolucionarias Venezolanas, Independientes por la Comunidad Nacional (Ipcn), Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) y Juventud Unida en Acción Nacional con Bimba (JUAN Bimba).

¿Qué ocurrió dentro de la coalición con las organizaciones políticas que se distanciaron de la administración de Maduro?

Podemos. El partido de los exgobernadores de Sucre y Aragua, Ramón Martínez y Didalco Bolívar y del varias veces diputado nacional, Ismael García postuló a Hugo Chávez para su reelección en 2006 pero un año después se distanció por estar en desacuerdo con la reforma constitucional propuesta por el mandatario.

En septiembre de 2012, a un mes de las elecciones presidenciales, la Sala Constitucional intervino al partido y le impuso como presidente a Bolívar sobre Martínez, lo que marcó una división en dicha organización. Para entonces Bolívar era señalado de presuntos hechos de corrupción durante su gestión en Aragua por lo que fue «expulsado» de su propio partido en 2014. Una sentencia del TSJ en 2015 lo restituyó en el cargo.

MEP: La tolda fue intervenida en 2015 mediante sentencia del TSJ del 20 de julio, con la cual se removió a la dirección nacional y con ella al secretario general, Wilmer Nolasco, crítico de la gestión de Maduro.

El máximo tribunal nombró como presidente a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien actualmente controla la tarjeta electoral ante el CNE y se mantiene como aliado del Psuv en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

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PPT: La Sala Constitucional del TSJ sentenció el 21 de agosto de 2020 la intervención del PPT. La decisión suspendió a la dirección nacional encabezada por el secretario general nacional, Rafael Uzcátegui, e impuso una junta ad hoc presidida por la actual diputada de 2020, Ilenia Medina, acompañada de las secretarias generales regionales, Lisett Sabino y Beatriz Barráez, como representantes legales del partido.

«Presidente Maduro, en el debate del PPT usted no es árbitro, ni da justicia. Usted en presidente del Psuv. Su interés no puede llevarlo a actuar contra la mayoría del PPT», declaró entonces Uzcátegui, quien llevaba rato criticando las políticas gubernamentales.

Tupamaro: El partido Movimiento Tupamaro está intervenido desde el 18 de agosto de 2020. La Sala Constitucional del TSJ ordenó que el proceso de reestructuración interna fuera dirigido por el diputado de 2020, Williams Benavides, aliado del gobierno de Maduro. La medida se produjo justo después de que la tolda anunciara su disposición a acudir a las parlamentarias fuera del GPP y en alianza con el PCV y el PPT de Uzcátegui.

Partidos ilegalizados por el TSJ

REDES. El partido del exalcalde metropolitano, Juan Barreto también se apartó de la coalición chavista luego de resultar anulado por el Poder Electoral en 2017, tras un proceso de validación mediante recolección de firmas impuesto a los partidos. Dicha tolda estableció una alianza con el partido Soluciones para Venezuela, de Claudio Fermín, para competir en las parlamentarias de diciembre de 2020.

Ese año, Barreto señaló a Miraflores de querer intimidar a la “izquierda descontenta” con decisiones administrativas y judiciales.

«Pretenden contener el descontento y que no tenga canales de expresión, que la izquierda democrática y popular se inhiba, se frustre, se desmovilice y no participe, pero no lo van a lograr, debemos encontrarnos y unirnos», rechazó.

Desde entonces ha intentado infructuosamente que el CNE reconozca la validez de su partido, consignando peticiones y requisitos.

JUAN Bimba. Ilegalizado a raíz del proceso de validación impuesto a los partidos en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. La organización introdujo un recurso de amparo ante el TSJ por violación de sus derechos a la participación política, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, para poder competir en las elecciones parlamentarias de 2020, el cual fue negado.

«Negar la participación a los partidos políticos en contiendas electorales es una práctica que desde hace tiempo el Gobierno nacional por intermedio del CNE y del máximo tribunal del país utiliza para obtener ventajismo y, en consecuencia, mantenerse en el poder. Lamentablemente, es una realidad que el Gobierno ha desarrollado mecanismos o prácticas de sistematización de violaciones de derechos políticos de ciudadanos», rechazó en su momento la ONG Acceso a la Justicia.

PRT. El Partido Revolucionario del Trabajo, presidido por Otto Van Der Velde, corrió con la misma suerte de JUAN Bimba, al negarle el TSJ una acción de amparo, un año después (2021) de haber introducido el recurso para poder participar en las parlamentarias de 2020.

«La lentitud con la que el TSJ tramita las peticiones de opositores o disidentes del chavismo, en especial en época electoral, es otra prueba de que este organismo ha renunciado a su rol constitucional de control de los organismos del Poder Público y de defensa de los ciudadanos, para en su lugar convertirse en un arma de la cual el Ejecutivo nacional se sirve para asegurarse su permanencia en el poder», también observó Acceso a la Justicia al evaluar la sentencia judicial.

El PCV bajo riesgo de intervención

Tras romper con el gobierno de Maduro en 2019 por estar en desacuerdo con sus políticas, especialmente las que afectaron el salario y condiciones de los trabajadores, el PCV pasó a encabezar una alianza aparte del Gran Polo Patriótico conformada por partidos de izquierda descontentos con Miraflores: la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

Conforman la APR además del PCV, el PPT de Uzcátegui, Tupamaro de José Pinto, el PRT, Corriente Marxista, Lucha de Clases, MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina (producto de una división de UPV, partido fundado por Lina Ron) e Izquierda Unida, aunque esta última organización lanzó una candidatura aparte a la gobernación de Miranda, en las regionales de 2021.

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El PCV ha estado presente en protestas de calle contra las políticas «antiobreras» de Maduro que incluyen, según denuncias, la encarcelación de dirigentes sindicales que han participado en manifestaciones. Dicho activismo le ha valido señalamientos del primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello y del mismo Maduro.

Actualmente la tolda del gallo rojo teme una intervención inminente tras la realización de un «falso congreso» de bases del PCV «en desacuerdo» con la dirigencia nacional, convocado el 21 de mayo en el Teatro Bolívar de Caracas. La dirigencia comunista denunció que en el encuentro fue protagonizado por militantes del Psuv, haciéndose pasar por pecevistas.

Creen que una medida del TSJ, similar a las ya tomadas con otros partidos, sea la vía que use el chavismo en el poder para «despojar» a la tolda de sus siglas y tarjeta electoral antes de las presidenciales de 2024.