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La «solicitud» de intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se concretó este 10 de julio, de la mano de un dirigente expulsado de la tolda por no acatar la línea partidista: Henry Parra, quien pidió que se imponga una junta directiva transitoria.

La tolda del gallo rojo, dirigida por su presidente, Perfecto Abreu, y por el secretario general y diputado de 2020, Oscar Figuera, no ha cesado en sus denuncias desde hace meses: el gobierno de Nicolás Maduro, afirman, quiere despojar de sus siglas y tarjeta electoral al PCV por rechazar las políticas gubernamentales, especialmente las dirigidas a la masa trabajadora.

De concretarse la intervención judicial del histórico partido que suma nueve décadas de fundación, se convertiría en la organización política número 13 en ser afectada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que afecta por igual a toldas de tendencia opositora y de izquierda y la última tarjeta electoral disidente del Gran Polo Patriótico que será «forzada» a postular la candidatura del chavismo en las próximas elecciones.

¿Será el PCV la joya de la corona? A continuación una lista de partidos políticos judicializados hasta ahora por el TSJ:

Acción Democrática (AD)

El 15 de junio de 2020, la Sala Constitucional del TSJ ordenó una junta directiva ad hoc para el partido blanco, presidida por Bernabé Gutiérrez, desplazando la autoridad del secretario general Henry Ramos Allup.

Con la medida, Gutiérrez postuló candidatos para las elecciones parlamentarias de ese año, luego de las cuales quedó electo como diputado de 2020. La oposición mayoritaria de la cual forma parte Ramos Allup, se abstuvo de participar en dichos comicios, en los que el chavismo se adjudicó 256 escaños del Parlamento.

Voluntad Popular (VP):

Desde el 7 de julio de 2020 la tarjeta de VP está en manos de los disidentes José Gregorio Noriega, en calidad de presidente del partido, y Guillermo Luces, como secretario nacional.

La tarjeta electoral de la tolda fundada por Leopoldo López fue habilitada el 21 de julio de 2020 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones parlamentarias con las que postuló candidaturas junto a AD de Bernabé Gutiérrez, Venezuela Unida y  Primero Venezuela de Luis Parra y José Brito.

Primero Justicia (PJ)

La tolda aurinegra fue intervenida también por el TSJ el 16 de junio de 2020, cuando le entregó el control del partido y la tarjeta electoral al disidente José Brito. Pero la tarjeta no figuró en el tarjetón electrónico del 6 de diciembre de 2020 (elecciones parlamentarias) porque antes, el 4 de septiembre, el TSJ revirtió la designación de Brito como coordinador nacional, producto de negociaciones políticas.

Brito y el también disidente Parra recurrieron a una nueva  tarjeta bajo el nombre de Primero Venezuela con diseño y colores idénticos a la de PJ con las que inscribieron candidaturas en 2020 y las regionales de 2021. La tolda aurinegra que hoy postula a Henrique Capriles como su candidato a las primarias opositoras permanece desde entonces en un limbo jurídico porque el TSJ no especificó si el partido pasaba de nuevo a sus legítimas autoridades, encabezadas por Julio Borges.

Bandera Roja (BR)

Por decisión del TSJ en 2015 el control sobre la tarjeta electoral de BR le fue arrebatado  al secretario general del partido, Gabriel Puerta Aponte y pasó a manos de Pedro Véliz Acuña.

El 25 de agosto de 2020, el máximo juzgado habilitó a Véliz Acuña a postular candidaturas a las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, pero la organización no participó. El ala de la tolda dirigida por Puerta Aponte forma parte de la plataforma unitaria opositora.

Nuvipa

El secretario nacional de organización del partido Nueva Visión para Mi País (Nuvipa), Paulo Méndez, denunció que el TSJ intervino a dicha tolda el 22 de agosto de 2020, para obligar la aparición de la tarjeta en la boleta electoral para el 6 de diciembre, a través del dirigente Humberto Padilla. El ala de Nuvipa con Méndez al frente, también integra la plataforma unitaria opositora.

Copei

La tarjeta electoral de Copei está bajo el control de Miguel Salazar, designado por el TSJ el 3 de diciembre de 2019 como presidente de los socialcristianos, en sustitución de Mercedes Malavé, quien luego conformó otro partido Unión y Progreso que está habilitado ante el CNE.

Otro sector de Copei es liderado Robert García, como secretario general y pertenece a la Plataforma Unitaria. Actualmente postulan a Roberto Enríquez como candidato a las primarias presidenciales opositoras.

Compa

La ola de intervenciones judiciales de partidos políticos del año 2020 también alcanzó a la organización Compromiso País (Compa). El 26 de agosto, el TSJ designó a Olga Alejandra Morey como coordinadora nacional con potestad para postular candidaturas a las elecciones parlamentarias 6 de diciembre y luego en las regionales de 2021, donde de hecho figuró en la boleta electoral.

MIN-Unidad

El Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad) fue intervenido por el TSJ por primera vez en 2015 y le fue designada una junta ad hoc para impedir que postulara candidaturas unitarias con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las parlamentarias de ese año.

Se denunció que la maniobra fue poner la tarjeta de MIN-Unidad al lado de la de la MUD para confundir al elector y provocar dispersión de votos, lo cual fue repetido en las parlamentarias de 2020 y las regionales de 2021. Antes, el 26 de agosto de 2020, la Sala Constitucional declaró competente una acción de amparo presentada por Alfredo Alexander Boscán, miembro del partido, que solicitó la habilitación de la tarjeta electoral de Min-Unidad para participar en las parlamentarias.

Podemos

En septiembre de 2012, a un mes de las elecciones presidenciales, la Sala Constitucional del TSJ intervino al partido y le impuso como presidente a Didalco Bolívar sobre Ramón Martínez, lo que marcó una división en dicha organización que se distanció del gobierno de Hugo Chávez.

Para entonces Bolívar era señalado de presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la Gobernación de Aragua por lo que fue «expulsado» de su propio partido en 2014. Una sentencia del TSJ en 2015 lo restituyó en el cargo.

En la boleta electoral de las parlamentarias de 2020, hubo 8 tarjetas electorales de partidos intervenidos por el TSJ

MEP

 El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) fue intervenido en 2015 mediante sentencia del TSJ del 20 de julio, con la cual se removió a la dirección nacional y con ella al secretario general, Wilmer Nolasco, crítico de la gestión de Maduro.

El máximo tribunal nombró como presidente a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien actualmente controla la tarjeta electoral ante el CNE y se mantiene como aliado del Psuv en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB).

PPT

La Sala Constitucional del TSJ sentenció el 21 de agosto de 2020 la intervención del PPT. La decisión suspendió a la dirección nacional encabezada por el secretario general nacional, Rafael Uzcátegui, e impuso una junta ad hoc presidida por la actual diputada de 2020, Ilenia Medina, acompañada de las secretarias generales regionales, Lisett Sabino y Beatriz Barráez, como representantes legales del partido.

Tupamaro

El partido Movimiento Tupamaro está intervenido desde el 18 de agosto de 2020. La Sala Constitucional del TSJ ordenó que el proceso de reestructuración interna fuera dirigido por el diputado de 2020, Williams Benavides, aliado del gobierno de Maduro. La medida se produjo justo después de que la tolda anunciara su disposición a acudir a las parlamentarias fuera del GPPSB y en alianza con el PCV y el PPT de Uzcátegui.

¿Por qué ahora el PCV?

El politólogo Daniel Santolo sostiene que la intervención judicial de los partidos políticos en Venezuela, si bien tienen un motivo político, fue «facilitada» por la falta de democracia interna en las organizaciones políticas en Venezuela en las que no eran frecuentes las elecciones para renovar autoridades, lo cual ha sido, afirmó, fue aprovechado por el gobierno para influir en sectores de dichas toldas y hacer que recurrieran al TSJ.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, aseguró que el PCV no escapa a dicha realidad pero que en su caso al igual que ha ocurrido con otras organizaciones de izquierda, antiguas integrantes del GPPSB, incide un pase de factura por el rompimiento con el gobierno de Maduro y el deseo de «sumar» otra tarjeta electoral para la alianza en torno al candidato del chavismo para 2024.

«El PCV acompañó a Hugo Chávez hasta el último momento pero ahora le levanta la voz a Maduro y se opta por controlarlo. Se acercan procesos electorales y las tarjetas para sumar votos son importantes. El PCV aportó a Chávez casi 500 mil votos en la última elección y en una elección cerrada, esos votos, aunque sean pocos, valen mucho», señaló.

Santolo no descarta que además de despojar al PCV de sus siglas y tarjeta electoral, el único diputado comunista en la Asamblea Nacional de 2020, Oscar Figuera, pueda ser objeto de alguna sanción como la destitución, por cuanto advirtió, el enfrentamiento de Miraflores con el partido del gallo rojo se ha personalizado en el parlamentario.