Los familiares de la coordinadora nacional de Formación de Súmate, Nélida Sánchez, detenida el lunes, desconocen cuáles son los cargos que se le imputan, informó este domingo la organización no gubernamental dedicada a temas electorales.
«Este 1 de septiembre, Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Súmate y defensora de derechos humanos, cumple siete días de su detención y está injustamente recluida en el Helicoide. Sus familiares siguen sin conocer los delitos imputados y solicitan le garanticen su derecho a la defensa con sus abogados», señaló la ONG en un mensaje publicado en X.
El viernes, Súmate indicó que fueron informados de que Sánchez se encuentra detenida en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
La organización exigió el jueves, a través de un comunicado, la liberación de Sánchez, tras más de 72 horas de su «injusta» detención, por parte -dijo- de funcionarios del Sebin.
«Solicitamos su libertad plena y que se le garanticen el goce y el ejercicio de sus derechos a la comunicación con sus familiares y abogados, al debido proceso, a la vida y a la salud, establecidos (…) en la Constitución» venezolana, dijo la organización no gubernamental.
Entonces señalaron que sus abogados y familiares no han podido tener contacto directo con ella.
En el texto, Súmate aseguró que Sánchez padece «algunas enfermedades crónicas, entre ellas, afección cardíaca, que le ocasiona problemas circulatorios crónicos, además de sufrir fibromialgia y asma», por lo que pidió que se le garantice atención y tratamiento médico.
Su detención se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período durante el que la oposición mayoritaria, que denuncia «fraude», y numerosas organizaciones dentro y fuera del país alertan de un aumento de «la persecución».
Según el Ejecutivo, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado.