El Gobierno de Nicolás Maduro tildó este viernes de cómplices violentos a los 11 países americanos cuyos Gobiernos no reconocen la proclamación del gobernante en las presidenciales del 28 de julio, que aunque fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue siendo cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.

En un comunicado, el gobierno chavista «rechaza, en los términos más enérgicos, el grosero e insolente comunicado de los gobiernos» de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú́, República Dominicana y Uruguay, en el que estos países denunciaron que el TSJ «pretende convalidar los resultados» electorales «sin sustento».

Estos países «pretenden continuar violando el derecho internacional, cometiendo un acto inaceptable de injerencia en asuntos que solo competen a los venezolanos», dice el escrito.

A juicio del chavismo, con estas posturas, los once países «avalan y se hacen cómplices de la violencia criminal» desatada en las protestas poselectorales -por la que el Gobierno responsabiliza a la oposición-, que incluyó el «uso de bandas criminales transnacionales contratadas para tal fin».

«Venezuela exige absoluto respeto a su soberanía e independencia» a Gobiernos que «intentan imponer hoy otra vez una política de cambio de régimen», prosigue el comunicado.

De cualquier forma, el Gobierno aseguró que «pulverizará todas y cada una de las acciones que intentan iniciar» estos países «a través de sus fracasados gobiernos en contra del pueblo venezolano».

En un comunicado conjunto, los Gobiernos de los once países dudaron de «la supuesta verificación» hecha por el TSJ de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas instituciones controladas por personas afines al chavismo.

«Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas», agregaron.