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Según el dirigente de Voluntad Popular y miembro del Consejo de Administración y Protección de Activos (Capa), Yon Goicochea, Primero Justicia (PJ) planea un “cierre técnico” de la Asamblea Nacional de 2015 a través de la “asfixia económica”, según declaró a los medios de comunicación este jueves 1 de junio.

Desde PJ abogan por una Asamblea Nacional “acotada”, cuya función esté únicamente dirigida a la protección de activos. La presidenta del partido, María Beatriz Martínez, negó que esto signifique el cierre del Parlamento –cuyo mandato fue prorrogado por tercer año consecutivo– aunque admitió que en enero de este año los factores políticos aprobaron “dormir” la plenaria de diputados.

“Los fondos públicos no pueden ser utilizados en gastos burocráticos o corrientes”, señaló la dirigente.

Goicoechea replicó esta declaración: “No sé si cuándo hablan de recortes burocráticos debo pensar que no se le puede pagar al contador o al abogado del Capa (Consejo de Administración y Protección de Activos). Es muy mezquina y populista la discusión porque no existe tal cosa como una burocracia exagerada, aquí nadie tiene chofer ni carros oficiales ni escoltas. El Capa funciona en un coworking, la precariedad es máxima”.

Acceso a activos

Según el político, el cierre de la Asamblea Nacional de 2015 daría al gobierno de Nicolás Maduro acceso a miles de millones de dólares. El político mencionó un fondo de 2.000 millones de dólares (más intereses) depositado en el Banco de Inglaterra, 1.300 millones de dólares de Pdvsa y Bandes contenidos en cuentas en Portugal, y 250 millones de dólares en Paraguay.

Además habló de “decenas de millones” en cuentas de la CVG (Corporación Venezolana de Guyana) en España, Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Otra consecuencia, en su opinión, sería la pérdida de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, en manos de los acreedores.

“Dos firmas han renunciado a la representación de Venezuela, son firmas internacionales de alto nivel, que llevaban casos por miles de millones de dólares. Renunciaron por la negativa de la jefatura de Primero justicia de aprobar el presupuesto para el pago de abogados”, afirmó.

“La excusa para hacer esto es la falta de transparencia y de información, pero Primero Justicia preside la Asamblea Nacional de 2015, el Consejo de Administración y Protección de Activo y la comisión de Finanzas. Si alguien está capacitado y obligado a rendir cuentas es la fracción de Primero Justicia”, agregó.

A su juicio, la defensa legal no es inoficiosa, como planteó el dirigente Tomás Guanipa, porque “la protección de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) ha venido cediendo”. “La labor de los venezolanos debe ser proteger los activos por todos los medios posibles: diplomáticos, legales y comerciales”, dijo.

Aunque Goicoechea defendió la precariedad con la que trabaja el Capa, confirmó que actualmente está conformado por 11 personas, entre directivos y personal técnico. Algunos de estos asesores externos reciben pagos que van desde 1000 hasta más de 3000 dólares.  Así mismo, negó haber recibido un dólar por sus servicios que dijo son “ad honorem”.

Alertó que si se bloquea la ejecución presupuestaria no podrán operar ninguna de las juntas ad hoc que se mantienen, como la del Banco Central de Venezuela y la de Pdvsa, tampoco el Consejo de Protección de Activos. “Si la Asamblea Nacional se debilita, el Capa se debilita”.

Negociación de Citgo

Goicoechea calificó de “contrasentido” y “despropósito” incorporar Citgo a la agenda de negociación de México como propone Primero Justicia. “Le preguntaba a un funcionario, que fue asesor de la Casa Blanca y fiscal general, si de una negociación política pudiese resultar que Maduro recupere el control de Citgo y este abogado me dijo que sería imposible porque el Departamento de Justicia de EEUU investiga a Maduro por corrupción y, si el presidente interviniese en una investigación penal, eso sería como otro escándalo de Watergate”, dijo.

De acuerdo con Goicoechea, la eliminación de la Asamblea Nacional de 2015 debilitaría la posición de la República en más de 50 casos judiciales en los que se disputan 40.000 millones de dólares en demandas. Estos son: