Una vez se da la noticia del fallecimiento del presidente en ejercicio, Hugo Chávez, en marzo de 2013, la gran interrogante era si el sucesor designado, Nicolás Maduro, mantendría a flote la llamada revolución en ausencia del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reelecto para un tercer mandato en octubre de 2012 con 55,07% de la votación.
Maduro mantuvo a flote el gobierno y hoy opta por un tercer período presidencial -el último con el desconocimiento de la oposición nacional y de buena parte de la comunidad internacional incluidos-, pero analistas políticos sostienen que ha sido al costo de profundizar el autoritarismo para acorralar a los adversarios lo que ha derivado en un avanzado deterioro institucional y democrático del país.
Ante el avance de la candidatura unitaria de la oposición en la persona de Edmundo González Urrutia y la ventaja que encuestas como Datincorp y ORC Consultores le dan sobre Maduro- entre 50% y 60% de intención de voto- crece la incertidumbre sobre cual será la jugada de última hora del chavismo-madurismo para retener el poder pese a no contar con gran respaldo popular.
“El balón de la decisión lo tiene claramente el gobierno y responderá de acuerdo al escenario que más le favorezca a sus intereses. Seguramente sobre su mesa está la posibilidad de anular la tarjeta de la MUD, inhabilitar al candidato, alterar resultados o suspender la elección. Es algo incierto”, señala la politóloga Paola Molina Noguera.
Para el excoordinador nacional de Clase Media Socialista (antiguo aliado del gobierno y el Gran Polo Patriótico), Carlos Hurtado, a quienes están en Miraflores “no les temblará el pulso” para tomar cualquier medida que impida un cambio político en Venezuela el 28 de julio porque ya tienen “experiencia” en ello. De allí, señala la importancia de que la oposición consolide la unidad y arme una gran estructura de movilización para la participación electoral y defensa del voto.
¿Cuál será la jugada de 2024?
Antes las jugadas fueron bastante claras y efectivas: el despojo, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de las competencias de la Asamblea Nacional (AN) de 2015; perseguir dirigentes hasta empujarlos al exilio o encarcelarlos, llamar a la Constituyente en 2017, dividir a la oposición para las presidenciales del 2018 y mantener a raya al interinato de 2019.
La estrategia ahora no parece clara. Las expectativas “o temores” se pasean, como expresa Molina Noguera, desde la suspensión de elecciones hasta la preparación de un supuesto “fraude” electoral, sin descartar la inhabilitación del candidato unitario y anulación de la tarjeta de la MUD.
“Las encuestas claramente marcan una intención de voto que favorece a la oposición, pero no se puede subestimar el aparato estatal al servicio del partido de gobierno y su candidato. Por otro lado, aunque el gobierno juegue la carta que más le convenga, también pesa el tema de las sanciones a las cuales está supeditado si no cumple con los acuerdos. Aquí cobra importancia el plan de la oposición frente a cualquiera de los posibles escenarios que se pueda presentar”, sostuvo la politóloga.
Ante la tesis de que el poder político se estaría preparando para anunciar un resultado electoral a favor de Maduro, contrario a lo expresado por los venezolanos en las máquinas de votación, Molina Noguera señaló que la oposición debe garantizar la presencia de testigos en cada una de las mesas de votación (50.000 en todo el país) para contar con todas las actas como respaldo.
“No es descartable la ola de persecución post elecciones o anular competencias como ya ha sido una práctica, pero lo importante es que el bloque opositor se mantenga en la vía electoral, llamando a votar y garantizando que se cuiden los votos, porque la respuesta del gobierno hoy día cae en el terreno de la especulación, no hay certeza de qué camino tomarán”, agregó.
¿Cuál es el escenario más probable?
Para Hurtado, el escenario menos probable es que a estas alturas se saque de la carrera a Edmundo González o a la tarjeta de la MUD. Considera que, si ese era el objetivo, ya hubieran sacado esa carta en el período de las postulaciones (inscripción, sustitución e impugnaciones) y el TSJ ya se hubiera pronunciado contra la MUD.
Lo que si esperan que arrecie contra el diplomático son los ataques en el discurso como ya se está viendo. Voceros del chavismo madurismo como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han hecho alusiones a la edad y estado de salud del candidato con fuertes calificativos e insultos.
“Tampoco creo que el gobierno suspenda las elecciones, no tiene motivos por ahora. Están anunciadas para el 28 de julio, que no es un día cualquiera: es el natalicio de Hugo Chávez; pero no es fácil descifrar lo que pasa en las cinco cabezas que gobiernan Venezuela”, dijo en alusión a Maduro y su entorno compuesto por figuras como Jorge y Delcy Rodríguez.
Ante el aumento de la presencia militar en territorio próximo al Esequibo, en disputa con Guyana, en el ambiente sigue el riesgo de un conflicto bélico que lleve a no hacer comicios este año por un decreto de conmoción interna.
Pero también recordemos cuáles han sido las jugadas del poder político que han “salvado” a Maduro en el pasado
¿Qué pasó en 2015?
Electo Maduro en 2013, con una mínima ventaja sobre Henrique Capriles, según cifras del Poder Electoral (50,61% sobre 49,12%), el próximo reto para el chavismo en ausencia del líder, fueron las elecciones parlamentarias de 2015 y lo perdió. La oposición con la tarjeta de la MUD casi arrasó con 112 diputados electos de 167, con 56,2% de la votación.
Un Poder Legislativo en contra auguraba una gran inestabilidad para el gobierno del chavismo sin Chávez, pero Maduro y su entorno no se quedaron de brazos cruzados. En enero de 2016, el TSJ declaró en desacato al Parlamento opositor por juramentar a tres diputados de Amazonas, cuya proclamación suspendió el alto tribunal, luego de que el Psuv denunciara irregularidades en la votación.
El desacato dio pie a que todas las decisiones (leyes, acuerdos y otros actos legislativos) de la Asamblea Nacional de 2015 fueran consideradas por el TSJ como nulos. Así, una AN despojada de sus competencias le permitió a Maduro avanzar.
“Hay que entender que los que gobiernan Venezuela están dispuestos a lo que sea con tal de no perder su espacio de poder que es lo que les garantiza el futuro y mantener el control para que nada le pase a ellos y los suyos. Estamos y siempre lo he señalado ante una gran estructura de poder jamás vista en la historia del país”, opinó Hurtado sobre estrategias anteriores de Miraflores para ganar estabilidad y tiempo.
La “paz” impuesta en 2017
Tras cuatro meses de intensas e incesantes protestas antigubernamentales que arrojaron más de 100 muertes en todo el país (abril a julio) se instaló en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya convocatoria anunció Maduro el 1 de mayo de 2017.
Las cuestionadas elecciones se hicieron el 30 de julio con ausencia de la oposición. El Poder Electoral dio cuenta de poco más de 8 millones de votos. La ANC se instaló el 4 de agosto con las protestas de calle prácticamente extinguidas, producto de la represión de los organismos de seguridad que posteriormente originó una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) y la falta de una estrategia opositora para canalizar el descontento.
Al día de hoy, el chavismo madurismo se ufana de haber “pacificado” el país con la instalación de la ANC que sustituyó en la práctica a la AN de 2015 que seguía de manos atadas por el despojo de sus competencias.
Oposición fragmentada en 2018
Maduro logró la reelección el 20 de mayo de 2018 al enfrentarse al opositor Henri Falcón (67,84% sobre 20,93%), que no contó con el apoyo de la oposición mayoritaria que optó por no participar, acusando falta de garantías democráticas.
Previo a los comicios, vía decisiones del TSJ, la ANC y el Poder Electoral fueron invalidados, según registro de la ONG Acceso a la Justicia, 50 partidos políticos para participar en elecciones, entre ellos la tarjeta de la MUD, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular, Puente, Causa R, Proyecto Venezuela, Gente Emergente, Bandera Roja y Alianza Bravo Pueblo.
Además, potenciales candidatos presidenciales como Henrique Capriles y Leopoldo López estaban inhabilitados.
Para agosto de ese año, diputados de 2015 como Julio Borges, Gaby Arellano, José Manuel Olivares, Freddy Guevara y Rosmith Mantilla fueron forzados al exilio por persecución política, mientras que otros como Gilber Caro, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, fueron encarcelados.
Mantuvo a raya al interinato
La AN opositora contraatacó en enero de 2019, tras desconocer las elecciones de 2018, declaró la falta absoluta del cargo de presidente de la República, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, por considerar que Maduro usurpaba el cargo. La presidencia de la República en calidad de encargado, recayó en Juan Guaidó, designado el 5 de enero como presidente del Parlamento.
Según el mismo artículo de la Carta Magna, debía convocarse elecciones en 30 días, pero la oposición no contaba con la fuerza institucional, incluida la falta de apoyo de la Fuerza Armada, para concretar el objetivo.
Más de 50 países reconocieron al presidente interino y cortaron relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, amén de sanciones internacionales impuestas contra la estatal Pdvsa y funcionarios por violaciones de derechos humanos, corrupción y socavar la democracia.
Para 2020, el poder político en Miraflores reaccionó con fuerza al promover la instalación de una directiva paralela en la AN de 2015 con el diputado disidente de PJ, Luis Parra como presidente. Así Guaidó perdió el control del Palacio Legislativo lo que llevó a sesionar a la AN en otros espacios.
La jugada fue completada con la convocatoria a elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020 en las que el Psuv obtuvo 256 diputados de 277 y una oposición “aliada”, sólo 21 escaños. Así el gobierno retomó completamente el control del Parlamento.
Pero antes, a través del TSJ, el poder político emprendió en junio de 2020, una oleada de intervenciones de partidos políticos opositores y del chavismo disidente (AD, PJ, VP, Patria Para Todos, Tupamaro, entre otros), que les permitió confiscar sus tarjetas electorales, entregarlas a líderes afines y usarlas para dichas elecciones. De nuevo la oposición decidió no participar y mantuvo la exigencia de elecciones generales.
Persecución sin freno
Una estrategia constante para desarticular a la oposición ha sido la persecución y encarcelamiento de políticos, activistas de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y otros ciudadanos por motivos políticos. Hasta el 14 de mayo de 2024, la ONG Foro Penal registra 273 presos políticos (hombres: 252; mujeres: 21; civiles: 126; militares: 147). Sin dejar de mencionar a parte de la dirigencia que permanece en el exilio, además de comunicadores sociales.
Los casos más recientes en el contexto de las elecciones presidenciales, convocadas para el 28 de julio, son las detenciones de miembros de Vente Venezuela, organización de María Corina Machado (inhabilitada en 2023 por la Contraloría por 15 años), como Henry Alviarez y la diputada de 2015, Dignora Hernández. Otros seis miembros, entre ellas la jefa del comando de campaña de Machado, Magalli Meda, permanecen refugiados en la Embajada de Argentina, tras órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público.