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El Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero es la nueva instancia que supervisará los bienes y fondos públicos que controla el gobierno interino.

Esta figura fue creada por la Comisión Delegada Legislativa el pasado 14 de junio. Pero no contó con el respaldo de las fracciones de la Causa R, 16 de Julio, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano.

Hasta el propio Juan Guaidó se mostró inconforme con su aprobación diciendo que era una propuesta contenida en un acuerdo “que no tiene ponente” y que “una cosa es el control parlamentario y otra el sobrecontrol parlamentario al cual ha sido sujeto el gobierno encargado”.

¿La razón?, los dirigentes que salvaron sus votos señalan que el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Exterior es inconstitucional.

“Usurpación de funciones”

“Este consejo asume funciones que no establece la Constitución. Por eso, la fracción 16 de Julio decidió retirarse de cualquier debate, no nos vamos a prestar para una clara violación de la Constitución”, declaró a Efecto Cocuyo Edwin Luzardo de Alianza Bravo Pueblo (que integra la fracción de 16 de Julio).

El político, explicó, vía telefónica este jueves 23 de junio, que el acuerdo aprobado revive la propuesta de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia, que fue propuesta por Primero Justicia, y que despojaba de atribuciones a la presidencia encargada.

De acuerdo con el proyecto de reforma de PJ, que finalmente no fue aprobado, Guaidó no tendría la potestad de designar a las juntas directivas ad hoc de las empresas recuperadas en el exterior. En su lugar, la Delegada asumiría esta función.

Actualmente, Guaidó puede designar estas juntas directivas, pero requiere la autorización del órgano parlamentario de la oposición.

En ese momento se habló de que PJ intentaba materializar una suerte de “gobierno parlamentario”, figura que no está prevista en la Constitución y que, según Luzardo, la fracción 16 de Julio junto a otros partidos minoritarios se opusieron.

¿Qué es el “gobierno parlamentario” al que estaría supeditado Guaidó y por qué en Venezuela no existe este sistema?

El dirigente señala que el Procurador del interino, Enrique Sánchez Falcón, ha recomendado desmontar el Consejo de Protección de Activos. “(Juan) Guaidó dijo que no está de acuerdo con eso, pero que fue un acuerdo político. Por eso he dicho muchas veces que el grupo de los tres y medio (en lugar del G4) impone esas políticas, hay factores de VP que sí están en sintonía con esos intereses”, comenta.

Y agrega: “El presidente Guaidó no debe dejarse chantajear por factores políticos que lo que quieren es el reparto de los activos”.

El dirigente de La Causa R José Prat asegura que recibió un borrador del proyecto de acuerdo a última hora, una práctica que afirma se repite porque los partidos del “G4” (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) “pasan la aplanadora porque tienen la mayoría de votos y pueden aprobar lo que acuerden”.

En su opinión, este acuerdo revela la pugna que existe dentro del G4 para hacerse del control de los activos: “Tengo la sospecha de que el trasfondo político es un grupo que busca lograr lo que no logró con la reforma del Estatuto de Transición (haciendo referencia a la propuesta de PJ)”.

Ni Luzardo ni Prat conocen qué pasó con el comisionado para la gestión de activos en el exterior, Javier Troconis, sobre el que recayeron denuncias de supuesta corrupción, a pesar de ser integrantes de la Comisión Delegada Legislativa.

«El acuerdo dice que el Consejo podrá proponer cambios en la composición de las juntas, acceder a la información financiera y operativa de las empresas, proponer modificaciones en sus estatutos, proponer estrategias de negocios. ¿Qué es eso? Lo que significa es que ese consejo puede administrar las empresas del Estado y eso es totalmente inconstitucional», declaró Delsa Solórzano a Crónica.uno.

Versión “oficial”

Yon Goicoechea, integrante del Consejo de Administración del Gasto del gobierno interino, niega la inconstitucionalidad del Consejo de Protección de Activos en el Exterior.

Argumenta que los parlamentarios que hacen estas críticas se basan en un borrador que fue modificado precisamente para garantizar que Guaidó mantenga sus funciones como presidente encargado.

“Están haciendo la crítica sobre la base de un borrador que no se aprobó. El Consejo está adscrito a la presidencia, entonces es un órgano que es inferior y depende de la presidencia, malamente se puede hablar de usurpación de funciones. Antes, en el borrador no era así, el órgano se adscribía a la Comisión Delegada, pero eso se cambió, se incorporaron la sugerencias del Procurador y se pulió el acuerdo”, responde.

Goicoechea aclara que esta nueva instancia no puede designar juntas ad hoc solo puede hacer recomendaciones a Guaidó quien deberá evaluarlos y presentarlos ante la Comisión Delegada.

Sobre Troconiz, Goicoechea explica que el cargo que tenía esta persona fue eliminado cuando se suprimió el Centro de Gobierno en la última modificación que se hizo al Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia.

La comisión delegada, mediante concurso, escogerá una empresa consultora especializada en procesos de selección de talentos, para la designación de los tres miembros del Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero.

Sobre este proceso, Goicoechea señala: “Entiendo que el presidente está trabajando en la composición de la comisión especial, en corto plazo debe darse”.

Monómeros comprometida

Monómeros es uno de los activos que pudiera ser devuelto a la administración de Nicolás Maduro tras la victoria de Gustavo Petro en Colombia.

Guaidó se hizo de la compañía porque el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, lo reconoció como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, Petro ha dicho que restablecerá las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.

Adicionalmente, está por vencerse la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento de Estado de Estados Unidos que le permite a la empresa operar sin ser sancionada. Para extender esta licencia, el gobierno estadounidense exige que la junta directiva sea reestructurada y se cumplan las recomendaciones que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Claves sobre Monómeros y por qué el manejo de este activo pone en entredicho al gobierno interino

Esto motivó al procurador Enrique Sánchez Falcón a afirmar que Monómeros «se perdió”.

Para Goicoechea, la filial de Pequiven “está en una situación muy comprometida”. “Hay una necesidad imperiosa de reformar la gerencia. Nos tenemos que enfocar en hacer cambios que se han debido hacer desde hace tiempo y tratar de llevar la mejor relación con Colombia en pro de la defensa y protección de los activos”, dice.