La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, no solo anunció que la representación de Venezuela acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para participar en la audiencia en la que se abordará el tema del referendo sobre el Esequibo, sino que ya se encuentra en La Haya.
La CIJ citó a Guyana y a Venezuela para este martes 14 de noviembre y miércoles 15 noviembre respectivamente. A la representación venezolana le corresponde el segundo día para que conteste a las objeciones del gobierno guyanés sobre la realización del referendo consultivo previsto para el 3 de diciembre.
¿Qué se esperan de dichas audiencias? ¿Puede Guyana impedir el referendo o modificar las preguntas? Expertos consultados por Efecto Cocuyo ven poco probable que la Corte ordene a Venezuela no realizar la consulta popular por tratarse de una figura prevista en la Constitución venezolana.
«La audiencia será para discutir la solicitud de medidas provisionales por parte de Guyana. En pocas palabras, Guyana le está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que le ordene a Venezuela que no celebre el referendo previsto para el 3 de diciembre. O, en su defecto, que el referendo no incluya las preguntas número uno, tres y cinco», precisó el abogado experto en Derecho Internacional, Mariano de Alba.
¿Cuál serían los argumentos de Venezuela?
Guyana objetó las preguntas 1, 3 y 5 del referendo que plantean el rechazo al Laudo Arbitral de París de 1899, el desconocimiento a la jurisdicción de la CIJ para abordar la disputa territorial entre ambos países y la creación del estado Guayana Esequiba, anexado al mapa venezolano.
De Alba, también experto en diplomacia, señaló que el argumento central de Venezuela va a girar en torno a su derecho soberano de consultarle a la población de su país sobre un tema que considera de «gran trascendencia nacional», según lo previsto en el artículo 71 de la Constitución.
Asimismo, que el derecho internacional no prohíbe la realización de referendos consultivos y que la consulta por sí sola no ocasiona ningún perjuicio irreparable a Guyana.
El experto advirtió que para Guyana será un «problema importante» demostrar cómo la celebración del referendo por sí sola puede ocasionarle un perjuicio irreparable. El riesgo estaría en que Venezuela recurra luego a medidas para concretar acciones que compliquen el reclamo territorial y están sugeridas en las preguntas 3 (retiro de Venezuela de la CIJ) y la 5 (intentar tomar el control del territorio con la creación de un estado).
De Alba explicó que los jueces de la CIJ podrían hacer preguntas específicas a la representación de Venezuela sobre la intención concreta del referendo, dada la preocupación de Guyana sobre sus posibles efectos. Resaltó que las respuestas que dé Venezuela, no sólo serán de interés general, sino que podrían tener el efecto práctico de reducir el margen de acción una vez celebrado el referendo.
«Por ejemplo, los jueces podrían preguntarles a los representantes de Venezuela si una respuesta afirmativa a la pregunta tres significaría que Venezuela se retirará del procedimiento ante la Corte o si una respuesta afirmativa a la pregunta quinta, podría significar que Venezuela desplegaría una operación para tomar control de al menos parte del territorio en disputa, como está argumentando Guyana», destacó.
¿Qué podría decidir la CIJ?
El abogado indicó como posibilidades que la Corte sólo solicite a Venezuela abstenerse de realizar actos que pudiesen afectar la implementación de una futura decisión definitiva de la Corte o rechazar plenamente la solicitud de Guyana.
«Fundamentalmente la Corte tendrá que decidir si acoge la solicitud de Guyana. Podría otorgar todas las medidas que está solicitando, o podría sólo otorgar algunas. El hecho de que Guyana ya esté planteando que la Corte al menos ordene que se excluyan las preguntas uno, tres y cinco, da cuenta de que los abogados de Guyana saben que es improbable que la Corte ordene a Venezuela suspender la realización de todo el referendo», apuntó De Alba.
Pero De Alba tampoco ve probable que la Corte ordene a Venezuela cambiar la redacción de algunas preguntas. Esto sería una orden muy específica y la Corte, afirmó, se cuida de respetar la soberanía de los Estados, agregó.
«Es entendible que Guyana vea las preguntas como un acto posiblemente preparatorio y justificativo de acciones adicionales que sí pudiesen entrar en contravención con el derecho internacional, y por eso supongo que los jueces pedirán aclaraciones a la representación de Venezuela sobre el propósito del referendo e incluso sobre algunas de las preguntas específicas que están planteadas para que los venezolanos respondan el 3 de diciembre», acotó.
El politólogo Joaquín Ortega acotó que aún si la Corte se pronuncia sobre ajustar o suspender el referendo, Venezuela esgrimirá su soberanía y hará caso omiso, por lo que estaría por verse si el organismo internacional de justicia lo asumiría como desacato, provocación o incluso si impondría algún tipo de sanción.
¿Por qué Venezuela va a la CIJ si no la reconoce?
En un video desde La Haya, Rodríguez recalcó que «nada ni nadie» impedirá que se celebre el referendo el 3 de diciembre. Durante una entrevista televisiva expresó antes de partir, que pese a que asisten a la audiencia, siguen sin reconocer la jurisdicción «obligatoria y automática» en el diferendo territorial.
¿Entonces, si no reconocen a la CIJ por qué acuden a sus citaciones?
Ortega sostuvo que la estrategia del gobierno de Maduro es politizar el tema del Esequibo nacional e internacionalmente por lo que se ha propuesto «minar» la credibilidad de la Corte. En este sentido, advirtió que el referendo consultivo está diseñado para convertirse en «herramienta propagandística nacional e internacionalmente» con ese objetivo.