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La Comisión Especial para investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el Extranjero, presidida por el diputado Julio Chávez (Psuv), presentó su informe final ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 con mayoría del chavismo.

El documento revela que más de 4.400 venezolanos fueron asesinados en el extranjero, víctimas de xenofobia, entre los años 2017 y 2021. Chávez recalcó que 82 % de los homicidios ocurrieron en Colombia, bajo la gestión del expresidente Iván Duque.

«Las cifras de la migración no son el objetivo de este informe porque se nos encomendó investigar los asesinatos. Fue muy doloroso porque le pusimos rostros a estos números con nombres, apellidos y cédulas de identidad de estos venezolanos, son delitos de lesa humanidad», expresó el parlamentario durante la sesión ordinaria de este martes 15 de noviembre.

De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hasta octubre de 2022 hay más de 7,1 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. Más del 80 % son acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe.

Dicha comisión especial fue creada en octubre de 2021 a raíz del  asesinato de dos jóvenes venezolanos (un adolescente de 12 años y otro joven de 18 años) en la comunidad de Tibú, en el Departamento Norte de Santander, Colombia. Ambos fueron grabados  mientras estaban amarrados dentro de un almacén y luego aparecieron asesinados a tiros.

«Miedo a pasar hambre»

Chávez indicó que el informe de casi 400 páginas también profundiza sobre las causas de la migración forzada. Entre ellas destacó que desde países vecinos como Colombia se creo toda una infraestructura para atacar la economía del país por la vía del contrabando de extracción; las más de 600 sanciones internacionales; ONG dirigidas por diputados de 2015 que desde países como Perú, Chile y Colombia «estimularon» a venezolanos bajo «engaño» y «estafas» para que salieran del país.

También aludió a la neurociencia «como arma de guerra» que emplea métodos para despertar el instinto primitivo en el cerebro humano (cerebro reptiliano) y hace que las personas (en este caso los migrantes) asuman conductas (irse del país) por ansiedad o por miedo.

Por la Alianza Democrática, la diputada Anyelith Tamayo (AD judicializada) instó al Ejecutivo a crear protocolos de atención a venezolanos en el exterior que sean víctimas de crímenes por su condición de migrantes, pero también a orientar sus políticas públicas a mejorar la calidad de vida para que la gente no se siga yendo del país.

Tamayo fue parte de la comisión que elaboró el informe como segunda vicepresidenta y aseguró que a lo interno también dejó constancia de desacuerdos con el chavismo en varios puntos, uno de ellos el que alude a la neurociencia.

«No hay que atribuirle todo a la neurociencia, hay que preguntarle a los venezolanos por qué se van, son jóvenes que se graduaron y no consiguen empleo. Se habla de un instinto primitivo que no piensa y asume conductas por ansiedad o por miedo, será miedo a pasar hambre, a no poder terminar una carrera universitaria, a no poder formar un hogar», fustigó la parlamentaria de 23 años.

Por «joven»

Por «joven» precisamente, la diputada de Patria Para Todos (PPT judicializado), Ilenia Medina mandó a Tamayo a estudiar antes de emitir opinión sobre teorías científicas, mientras que el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez le dijo al cerrar el debate y antes de aprobarse el informe, que por su condición de mujer y por su edad, se reservaba algunos comentarios.

Como conclusión el informe especial también recomendó a la cámara aprobar cuanto antes leyes sobre trata de personas, «ley del retorno», reforma de la Ley de Extranjería y Migración y una ley de protección a víctimas de violaciones de derechos humanos en el extranjero, entre otras. Se plantea además al Ejecutivo la conformación de una comisión presidencial que dé continuidad al trabajo parlamentario.

La plenaria de la AN de 2020 aprobó igualmente en segunda discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre San Vicente y las Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela, propuesto por el Ejecutivo nacional.