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La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas con el objetivo de regular la relación laboral entre quienes trabajan en unidades de producción en el campo y sus patronos.

El diputado José Gregorio Colmenares (Psuv), quien presentó la propuesta legal, indicó que el instrumento legal deriva de la Ley Orgánica del Trabajo y busca generar mejores condiciones para un sector de los trabajadores venezolanos que se consideraban desasistido.

Resaltó que el sector agrícola es una fuente importante de ingresos y empleos, con 1.000 millones de personas dedicadas a trabajar el campo en el mundo, según dijo, citando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Reivindicamos la agricultura como elemento fundamental para el desarrollo nacional y a su fuerza trabajadora (…) Esta ley regula la relación laboral entre los trabajadores, los campesinos que prestan servicio personal en unidades de producción agrícola y los propietarios de los terrenos o patronos», expresó el diputado de 2020.

Durante la sesión ordinaria de este martes 8 de noviembre, en el Palacio Federal Legislativo, los diputados del chavismo también resaltaron que el proyecto de ley contempla seguridad social por ser un empleo considerado como riesgoso.

Por la bancada de la Alianza Democrática, la diputada Anyelit Tamayo (AD judicializada) expresó el apoyo a la ley por considerar que los trabajadores venezolanos de todos los sectores merecen mejores condiciones laborales y un salario digno. Recordó que la masa trabajadora ha sido una de las más afectadas por la crisis del país al resultar mermados sus ingresos.

Excluyen punto sobre fiscal de la CPI

Previamente, la plenaria también avaló en primera discusión Proyecto de Ley de la Condecoración Orden Darío Vivas, en homenaje al jefe de Gobierno del Distrito Capital y exdiputado fallecido en agosto de 2020, como consecuencia del COVID-19.

En la propuesta de orden del día publicada en la cuenta oficial de Twitter de la AN de 2020 reflejaba como primer punto de la sesión un acuerdo en rechazo a la solicitud del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para continuar con su investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, pero la propuesta fue excluida.

El pasado 1 de noviembre, Khan anunció el rechazo a la petición de aplazamiento de la investigación formulada por el Estado venezolano, basado en que no ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas (torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política) que son competencia de la CPI, incluyendo las reformas judiciales