Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, informó que el Ministerio Público tiene registro de 1.062 detenciones durante las protestas y actos violentos ocurridos desde el lunes 29 de julio, tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo.
Saab indicó que a aquellos que se les compruebe que no estaban involucrados, “serán liberados, porque hay justicia” pero aquellos que sí participaron “quedarán privados de libertad por muchos años”.
En rueda de prensa con medios estatales, el fiscal adelantó que están tras los autores materiales de los que tildó «focos de violencia». El funcionario aseguró que dichas personas han pagado con dinero y alimentos, como Nutella, a los manifestantes que han protagonizado disturbios.
“Estamos averiguando quiénes son los autores de la entrega del dinero porque también van a ir detenidos”, dijo.
Aseveró Saab también que organizaciones como el partido Vente Venezuela están utilizando grupos estructurados de delincuencia organizada “para hacer todo tipo de acciones vandálicas, usando un lenguaje hamponil y haciendo simulaciones de hechos punibles. Estamos descubriendo que los Comanditos son criminales», dijo.
Saab muestra videos
En la transmisión televisiva, el fiscal presentó una serie de videos en los que mostró a sujetos encapuchados, «que amenazan de muerte, queman bienes públicos, y luego, tras ser detenidos, confiesan haber recibido dinero para ejercer las series de acciones vandálicas y se arrodillan a pedir clemencia”.
Aseguró que, incluso, algunos han simulado heridas de muerte utilizando salsa de tomate para hacer ver que era sangre. Señaló que no habrá impunidad, «pese a que los detenidos, en medio del llanto, han pedido que los dejen en libertad».
Saab informó que hasta los momentos 77 funcionarios de seguridad han sido heridos y hubo uno asesinado en el estado Aragua.
No mencionó las 11 muertes que, según algunas ONG como Foro Penal, han ocurrido en el marco de estas protestas, todas atribuidas a organismos de seguridad pública, ni la detención de periodistas en el cumplimiento de su trabajo.