El nuevo coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, explica a Efecto Cocuyo que la finalidad del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines es “legalizar la persecución”, con lo cual puede configurar un crimen de lesa humanidad.
“Esta ley viene a legalizar un proceso de persecución a las ONG venezolanas, puede ser considerado un crimen en el que la Corte Penal Internacional (CPI) tendría competencia porque va directamente a la persecución de las organizaciones y de los activistas y defensores que forman parte de estas organizaciones”, alerta.
En el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI se considera crimen de lesa humanidad “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.
Murillo fue recientemente designado como coordinador general por una comisión independiente que está conformada por tres miembros de la asamblea general de Provea que no forman parte del equipo coordinador, de acuerdo con los estatutos de la organización, una vez que el sociólogo Rafael Uzcátegui, quien se desempeñaba anteriormente en el cargo, cumplió el período correspondiente.
El comunicador social, investigador y asesor del programa de formación para organizaciones de la sociedad civil en Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo asumirá formalmente el liderazgo de la emblemática ONG el próximo 1 de febrero.
A continuación transcribimos la entrevista que fue concedida este jueves 18 de enero. Algunas respuestas fueron editadas por motivos de extensión.
.-¿Cuáles son los principales desafíos y objetivos de Provea para este año?
Provea tiene una tarea fundamental que es la de acompañar las luchas con enfoque en derechos económicos, sociales y culturales. Es un año especial para el país, de muchos desafíos, y Provea debe reivindicar su presencia y credibilidad a través de la documentación, la investigación y la denuncia de los abusos de poder y la violación de derechos humanos, bajo los valores de autonomía y principio de interdependencia de derechos humanos.
Tenemos un desafío institucional que es afrontar un camino lleno de obstáculos para el desarrollo y el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, también tenemos un escenario electoral en el que Provea debe, desde sus propios mandatos, impulsar y promover los derechos asociados a la democracia. El derecho a elegir tiene que ver con los cambios de condiciones de vida que anhelan los venezolanos.
La sostenibilidad va a ser muy importante para Provea, estamos viendo como la cooperación internacional está amenazada, va a ser importante el trabajo que hagamos en el equipo, cómo nos vemos adentro. Creo que Provea, con su trayectoria, permite que los venezolanos sueñen con más para sí mismos, la ruta de Provea es la dignidad de la persona que se traduce en leyes y políticas públicas.
Todo el conjunto de nuestras investigaciones permite, a partir de los hallazgos y las recomendaciones, trazar un diseño de políticas públicas enmarcados en un plan nacional para todos los venezolanos.
.- ¿Cómo ve el futuro de las ONG y los defensores de derechos humanos en el país ante la posible aprobación de una ley que ha sido bautizada como Ley antisociedad?
Hay un comunicado que suscribimos el año pasado en el que se alerta sobre el primer proyecto de esta ley, cuya discusión además ha sido siempre muy opaca; pero quisiera referirme a un pronunciamiento que ha sido publicado hoy, que respalda Human Rights Watch y un conjunto de organizaciones internacionales, en el que se alerta que en este proyecto de ley hay una serie de amenazas y es un instrumento para la criminalización y para la judicialización de las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general en Venezuela.
Esta ley, con su obligatoria inscripción, prácticamente busca resetear la historia de Provea y de las organizaciones que forma parte de la historia democrática y cívica de este país. Esta ley viene a legalizar un proceso de persecución a las ONG venezolanas y puede ser considerado un crimen en el que la CPI tendría competencia porque va directamente a la persecución de las organizaciones y de los activistas y defensores que forman parte de estas organizaciones.
La sociedad civil toda se va a ver vulnerada porque si ilegalizas a las ONG e impides que recurran a la cooperación internacional, que es como garantizan su funcionamiento, entonces cómo quedan las víctimas, cómo se va a representar a las víctimas que están en este momento en un proceso en la propia CPI.
Por eso las organizaciones de derechos humanos internacionales alertan a la comunidad internacional que la aprobación de este proyecto de ley sería un grave retroceso en materia de derechos humanos, estaríamos abandonando a las víctimas.
.-En la Asamblea Nacional proponen involucrar al Poder Popular en la supervisión de las ONG, ¿cuál es su opinión?
Nos preocupa mucho, el foco debe ponerse en cómo vulnera los derechos humanos de las personas que se benefician de estas organizaciones. Provea ha estado sosteniendo reuniones con sus pares en Venezuela, con otras organizaciones, para emitir un comunicado de las organizaciones venezolanas autónomas que tienen una credibilidad importante y cuyo trabajo es reconocido por los venezolanos.
Pero este tema del control del Poder Popular es la reedición de otros mecanismos de control político y social que se han venido dando en Venezuela a lo largo de los últimos años, hay un afán de controlar que a nuestro juicio es lo que pasa también con la represión.
Detrás de la represión selectiva que estamos viviendo en el país donde te liberan condicionalmente a unos dirigentes sindicales en diciembre, pero ayer detienen a un dirigente del sector educación, lo que hay es una política represiva que busca controlar la información, acallar la crítica y silenciar el descontento social que está muy profundo en Venezuela y es con la fuerza y la represión, con el abuso y la violación del debido proceso que se intenta generar miedo para que otros no protesten.
.-¿Cuál es la correlación que existe entre iniciativas legislativas de este tipo y el ciclo electoral en el que ya entró Venezuela?
Uno estima que es un año electoral porque es lo que corresponde, pero a la fecha no tenemos un cronograma, tampoco información sobre la actualización del Registro Electoral, cómo va a ser el proceso de registro y votación de los venezolanos que están en el exterior, hay muchas lagunas en el campo electoral, hay un país entero y una comunidad internacional que está esperando medidas concretas para establecer una ruta electoral que permita el mensaje de una solución pacífica, constitucional y electoral.
Provea no es especialista en derechos civiles y políticos, pero sin duda todos aquellos cambios institucionales y reformas de Estado que procuren una mejor vida de las personas va a ser evidentemente una lucha que va a acompañar Provea.
.-¿Qué acciones puede ejercer la sociedad civil organizada para intentar frenar este proyecto de ley?
Hay que activar todos los procedimientos y dispositivos que tienen bajo su propio funcionamiento las organizaciones de derechos humanos que es la incidencia pública; hay que ir a los medios de comunicación, alertar a la comunidad internacional, establecer contacto con los procesos de diálogo y negociación que se han abierto en Venezuela, creemos que este es un tema crucial en materia de diálogo político.
El hecho de que haya organizaciones que documenten violaciones de derechos humanos es lo que ha llevado que crímenes de lesa humanidad estén siendo investigados. Hay que activar todos los procedimientos, educar y decirle a las personas cómo las afecta esta ley.
.- ¿Por qué cree que se volvió a poner sobre la mesa después de que aparentemente había sido engavetada?
Hay una necesidad de asfixiar los espacios de libertad, de restringir la labor de los defensores y defensoras en nuestro país porque han tenido una incidencia importante para que las violaciones no hayan pasado al olvido porque se ha creado una memoria de estas violaciones, se le ha hecho saber al venezolano aquello que no va cónsono con su propia dignidad, el trabajo de organizaciones como Provea es decirle que aun en las circunstancias más difíciles tienen derechos que están siendo vulnerados, pero pueden reclamarlos y exigirlos. Controlar eso es de las pocas cosas que el gobierno no ha podido hasta ahora.
Apostamos para agotar todas las vías civiles, administrativas y diplomáticas para que esto (la aprobación del proyecto de ley) no termine por concretarse.
.-Se espera que la oficina de la fiscalía de la CPI se instale este año. ¿Qué expectativas tiene sobre esta instancia y cómo puede contribuir en la reparación de las víctimas?, ¿qué información manejan sobre la oficina?
Nosotros respetamos los procedimientos y la historia de la CPI, a veces tenemos la percepción en la ciudadanía de que los procesos de organismos internacionales son lentos y burocráticos, recordemos que esta es una relación también entre Estados, no puede venir la Corte al país y llevarse a alguien preso, hay un conjunto de instrumentos que garantizan los procedimientos.
Confiamos en los procedimientos de la Corte y vamos a acompañar a las víctimas que han dado un paso, han dicho yo quiero interponer mi denuncia, quiero registrar, las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, han hecho el trabajo de ubicar a estas víctimas, ayudarlas a traducir sus denuncias, hacer los registros necesarios de acuerdo a los formatos que pide la CPI y por ahora lo importante es que las víctimas están siendo escuchadas.
La intermediación de las organizaciones es clave, en un año donde esta denuncia va a tener un momento importante en el procedimiento, si ilegalizas a la ONG y la sacas de funcionamiento entonces quienes ejercen la labor de acompañamiento de esas víctimas. Es un proyecto de ley nocivo para el país, para la democracia, y es una afrenta a las víctimas en Venezuela.
.-¿Cómo pueden aportar las ONG a la oficina de la CPI?
La cercanía ayuda, permite tener un contacto más directo. Esto no es un órgano de recepción de denuncias, es más una oficina para implementar algunos cambios en materia del sistema de justicia. la Fiscalía de la CPI ha dicho que los cambios que se han incorporado a la legislación judicial han sido completamente insuficientes. La falta de independencia del Poder Judicial es uno de los grandes asteriscos de nuestro sistema de justicia.
El grave déficit es la institucionalidad, el restablecimiento de la institucionalidad permitirá a su vez poder alcanzar mejores condiciones de vida, menos violaciones de derechos humanos, garantizar y promover la dignidad de las personas.
.-¿Cómo caracteriza al sistema político venezolano?
Provea desde el año 2015 en adelante habló de una deriva dictatorial a partir del desconocimiento del Parlamento escogido por la mayoría de los venezolanos, en un caso aún no resuelto en los tribunales del país como lo fue la elección de los diputados indígenas que impidió el establecimiento de la mayoría de la Asamblea Nacional y ha marcado los puntos álgidos.
Entendemos que en Venezuela y quizás en América Latina, las dictaduras clásicas que tuvimos, donde el control militar era absoluto y con uniforme no se ve en Venezuela. Algunos hablan de dictadura de nuevo tiempo, nosotros creemos que ha avanzado profundamente el proceso de autoritarismo en Venezuela.
Esto lo vemos con las respuestas discrecionales de los tribunales del país ante demandas que hacen sectores críticos, los obstáculos que se le coloca al derecho a elegir, la poca o nula transparencia de los Poderes Públicos. Esto entre en contradicción con un proceso de liberación de una moneda extranjera que ha permitido una flexibilización económica, pero eso no indica que las decisiones que se toman pasan por la subyugación del Ejecutivo sobre el resto de los Poderes Públicos.
Mientras no haya garantías para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley evidentemente estaremos ante la presencia de una autoritarismo, en este caso de corte personalista. Yo vengo de Guayana donde se derrumbó la industria del aluminio y del hierro y no hay nadie que rinda cuentas sobre la destrucción de uno de los proyectos alternativos no petroleros de este país, hoy día se está hablando del proceso de entrega de una de las principales empresas del hierro a un grupo asiático y nadie consulta eso, no se le consulta a los trabajadores ni al país.
En 2018 se celebraron elecciones que profundizaron la crisis política, hay un gobierno que está cuestionado por su legitimidad al no garantizar los derechos electorales que están consagrados en la Constitución y las leyes de la República.
Venezuela está agarrada, desde hace un tiempo, de dos grandes pilares: la solidaridad y la familia. La solidaridad de amigos, aliados, de gente que no te deja caer, y la familia a la que siempre retornas esté afuera o adentro, en esa solidaridad el trabajo y esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos en el país ha permitido que el sueño de Rómulo Gallegos de tener una Venezuela donde vivir sea decoroso y sea grande siga vivo.
.-¿sobre las recientes detenciones en Barinas qué información maneja Provea?
La detención es un ejemplo más de la ausencia del debido proceso, nosotros estamos en contacto con la familia, con los abogados, con la gente cercana al líder de Fenatev que es reconocido en Barinas por su accionar en el gremio de la educación. Lo que hemos visto es que hubo una intervención arbitraria, con fuerza bruta para detenerlo.
Al mismo tiempo hemos visto un documento en el que el Ministerio Público habla de una serie de hechos a los que supuestamente está vinculado este líder sindical, uno se pregunta ¿en qué momento se hizo la investigación, quien garantiza que esa investigación haya sido transparente? Esto son estos mecanismos que vulneran derechos humanos, pero que al mismo tiempo acallan la crítica y silencian el descontento social.
Detrás de este dirigente detenido lo que hay es un clamor de los docentes a una vida mejor, mejores salarios, a una remuneración justa. La protesta de los maestros de Barinas es un grito de dignidad.
.-¿Cuáles son las oportunidades para el movimiento de derechos humanos en un contexto tan adverso?
Hay un músculo importante en el seno de las organizaciones de la sociedad civil venezolana que es la aspiración a una vida mejor, yo creo que esto refleja esa capacidad y ese sueño muy vivo de seguir adelante, de cómo avanzamos en la construcción de una República que se ha visto amenazada en los últimos años a causa del proyecto autoritario, queremos un país de derechos, donde tengamos hospitales, donde la gente no muera porque falta un medicamento, tenemos el caso del J.M de Los Ríos donde hemos llorado la partida de niños, pero esto es algo que además yo que vengo de Guayana lo vivimos más de cerca en el interior del país y no necesariamente aparece en los medios de comunicación porque hay una escases de medios de comunicación producto de la hegemonía comunicacional.
También es el trabajador agrícola, el campesino que sigue en condiciones precarias de salud y vida después de 20 años, es el sueño del patrimonio familiar perdido de los trabajadores de Guayana que trabajaron 30 años para una jubilación que no le permite ni siquiera cubrir la universidad de sus hijos. Este país tiene la fuerza cívica y los recursos para reducir la desigualdad y los niveles de pobreza que tenemos hoy día.