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Diana Bracho, presidenta de la junta ad hoc de Pequiven designada por el presidente interino Juan Guaidó, fue interpelada vía Zoom por los diputados integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y otros legisladores invitados.

 A la lluvia de preguntas y fuertes cuestionamientos de parlamentarios de la Fracción 16 de Julio, Voluntad Popular, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Alianza Bravo Pueblo, entre otros, por la situación de la empresa Monómeros, la abogada aseguró que el desempeño de la empresa en 2021 fue el mejor en cinco años y pidió no dar por hecho supuestos actos de corrupción antes de que las investigaciones de organismos competentes lo determinen.

 También ratificó la denuncia sobre «toma hostil» intentada contra el activo venezolano por parte de intereses privados, con la complicidad, subrayó, de personal de confianza interno de la filial de Pequiven. Asimismo, aclaró que la designación de dos directivos principales y cinco suplentes de Monómeros de febrero de 2022, fue una «orden estricta» de la Superintendencia de Sociedades de Colombia (SuperSociedades) so pena de sanciones.

 Fue respaldada por otro directivo de la junta ad hoc de Pequiven, Winston Cabas, quien pidió esperar que las autoridades colombianas aclaren las denuncias, dado que ya existe una solicitud ante la Fiscalía del vecino país.

 «¿Por qué no se ha reestructurado Monómeros? ¿Por qué tienen que atornillarse en los cargos? ¿Por qué no se ha nombrado una nueva junta directiva y se hace una auditoría externa?» preguntó con insistencia el diputado, Ismael García, desde el exilio. «Tenemos que creer entonces en todo lo que dice la directiva de Monómeros», lamentó.

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Directivos «provisionales»

 «Es de conocimiento público que existían las vacantes (en la directiva de Monómeros). Esas personas no tienen injerencia en la operatividad de la directiva, solo fue para acatar la orden de SuperSociedades a la espera de la designación de la AN. Tomamos en cuenta la trayectoria de estas personas dentro de la compañía. La multa era significativa y si no lo hacíamos la empresa se perdería en manos del Gobierno colombiano», defendió Bracho.

 Recalcó que la exigencia de SuperSociedades era «urgente» y no podían esperar a que las fracciones políticas de la AN se pusieran de acuerdo, tomando en cuenta que el decreto número 48 del Gobierno interino, de reestructuración de la directiva de Monómeros fue «frenado» dos veces el año pasado por partidos como AD y Primero Justicia.

 Parlamentarios de 2015, como José Luis Pirela (16 de julio), le recriminaron que dicho nombramiento no fue notificado a la AN de 2015 a través de la Comisión Delegada Legislativa que declara su continuidad y ratificaron que las designaciones deben se planteadas y aprobadas por el Parlamento. Varias veces interrogó a Bracho sobre si habían hecho tal notificación y la señaló de responderle con evasivas.

 «Se debían cumplir las recomendaciones de SuperSociedades. Monómeros es una empresa colombiana con patrimonio venezolano», justificó.

 Pirela amenazó con retirarse de la reunión «para no escuchar más mentiras» y porque la abogada se negaba a responder directamente la pregunta. «Ustedes no informaron a la AN, sea sincera y admítalo», fustigó.

 Sobre el nombramiento de Nelson Rafael Della Roca y Hernando Celedón en sustitución de Carmen Elisa Hernández y Luis Hurtado, directores de Monómeros que renunciaron en 2021, se supo por un documento de la  Cámara de Comercio de Barranquilla, divulgado por El Pitazo.

 En declaraciones previas a Efecto Cocuyo, el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, ofreció la misma explicación que Bracho y aclaró que los nombramientos eran provisionales, solo para atender el requerimiento de SuperSociedades, a la espera de que la AN haga la designación definitiva. Aseguró que no se opone a la reestructuración del activo venezolano si se considera que «es lo mejor».

 Licencia Ofac

 Una preocupación expuesta por los diputados de 2015 es el vencimiento de la licencia otorgada a Monómeros de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prevista para el 30 de junio. El parlamentario García advirtió que si no hay renovación de la licencia, como excepción a las sanciones internacionales, la operatividad de la empresa está en peligro.

 Bracho solo respondió que no tenía conocimiento de que EEUU le hubiera advertido al interinato que la extensión de la licencia estuviera sujeta a la reestructuración de Monómeros y una auditoría externa.

 «Si el el presidente (Guaidó) o la embajada de EEUU tienen algún oficio que se envíe a Pequiven, la junta no ha dejado de cumplir con sus funciones y facultades», dijo.

 Sin embargo, Rodríguez Laprea en sus declaraciones aseguró que fueron consignados los requerimientos necesarios para la renovación por parte de la Ofac a través de la embajada de EEUU para Venezuela, situada en Bogotá. Recalcó que no hay motivos financieros ni administrativos para no extender la licencia, fundamental, enfatizó, para la operatividad de Monómeros.

La interpelación de Diana Bracho duró casi cuatro horas

 Rechazan demanda contra Pirela

 El diputado de 2015, José Luis Pirela, integrante de la Fracción 16 de Julio, solicitó a la Fiscalía de Colombia, el pasado 25 de mayo, una investigación sobre 10 ilícitos en los que habría incurrido supuestamente la directiva de Monómeros. En respuesta, la directiva de la filial de Pequiven lo demandó penalmente por causar «pánico financiero».

 Los legisladores aprovecharon la oportunidad para dejarle claro a la presidenta ad hoc de Pequiven que rechazan la acción judicial contra el diputado, la cual advirtieron, viola el artículo 200 de la Constitución de Venezuela, sobre la inmunidad parlamentaria.

 «Tendrán que ser muchos los demandados porque nos estamos adhiriendo a la denuncia (de Pirela) en la Fiscalía de Colombia. ¿Con qué se está pagando esa demanda si Monómeros es subalterno de Pequiven y a su vez son subalternos de la AN como organismos del Estado?», interrogó García.

 Bracho contestó que los directivos de Monómeros «pueden responder a las agresiones de terceros» para proteger los intereses del Estado, a lo que Pirela ripostó que él también defendía los intereses de la República en su solicitud a la justicia del vecino país.

 Otro cuestionamiento a la funcionaria, por haberse hecho sin consulta a la AN de 2025 y al Gobierno interino, fue la auditoría externa contratada por Monómeros con la empresa OCH, tal como lo informara Rodríguez Laprea. La abogada respondió que la auditoría externa fue contratada por Pequiven por recomendación de la Comisión Investigadora de la AN de 2015 que viajó a Colombia el año pasado y se paga con presupuesto del activo venezolano con sede en Barranquilla.

 La respuesta de Guaidó a Contraloría

 Previo a la ronda de preguntas a Bracho, la secretaria de la Comisión de Contraloría leyó una comunicación de Guaidó, con su respuesta a la solicitud de la instancia parlamentaria de explicaciones frente a la inacción del interinato frente a Monómeros, con fecha 9 de mayo.

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 Guaidó advirtió mediante una comunicación que en cuatro oportunidades se dirigió por escrito a la directiva ad hoc de Pequiven para solicitarle medidas, pese a no contar con el aval de la mayoría de los diputados de 2015. La primera con fecha 3 de noviembre de 2021, la segunda del 16 de noviembre, la tercera del 23 de noviembre y la última del 2 de junio de 2022.

 Los requerimientos concretos a Pequiven fueron: coordinar con el Procurador Especial y Contralor Especial de la República la contratación de una empresa consultora especializada en procesos de selección de talentos, para la escogencia de los candidatos a directivos de Monómeros, así como la presentación de las empresas propuestas para tal fin.

 Finalmente, el 2 de junio, se advierte que siete meses después, la solicitud a Pequiven no fue atendida, por lo que fue señalada por los diputados de no acatar la autoridad del interinato, conforme al Estatuto que rige la Transición a la Democracia.

 En defensa de la gestión de Pequiven, Bracho advirtió que desde 2020 se ha solicitado presupuesto para la reingeniería de Monómeros al interinato, lo cual no ha sido cumplido. Pidió a la Comisión de Contraloría investigar dicha negativa así como el supuesto intento de «toma hostil» en la que estarían involucradas 40 personas que trabajaban para Monómeros.

 «El problema de Pequiven no es solo Monómeros, es recuperar dinero en Francia, se le debe dinero a los abogados que nos representan en litigios en el exterior. Hago un llamado de conciencia al pueblo, que se supervise esta situación», instó.

 El diputado Marco Aurelio Quiñones de VP manifestó estar sorprendido porque el interinato y la AN parecía subalternos de Pequiven y no al revés.

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 Las conclusiones

 La interpelación duró cerca de cuatro horas, estuvo marcada por el tono inquisitivo de los diputados hacia Bracho, quien la mayor parte del tiempo se mostró a la defensiva.

 El diputado García propuso que se informara sobre los detalles de la interpelación a Guaidó y se le solicitara convocar una sesión de la AN de 2015 para debatir el tema y tomar decisiones. El presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, respondió que primero deben analizar los detalles de la información proporcionada por Bracho.

 «Esto no es una jauría que quiere ver sangre, solo queremos que se sepa la verdad. El que usted haya comparecido indica que existe un respeto al Parlamento», dijo González a Bracho.

 El diputado Ismael León igualmente propuso la interpelación del coordinador del proceso de rendición de cuentas del Gobierno interino., Yon Goicochea, por tener que ver, según afirmó, con la postulación de la actual directiva de Monómeros.

 Uno de los últimos en intervenir fue el diputado José Hernández de UNT, quien pidió al resto de los Parlamentarios «poner los pies sobre la tierra» y caer en cuenta que la justicia venezolana no tiene jurisdicción en el caso Monómeros sino la colombiana.

 Pirela alertó además que mientras se da largas a las decisiones sobre Monómeros, el gobierno de Nicolás Maduro se propone retomar el activo a través de una asamblea de accionistas convocada para el 13 de junio, anticipando un cambio de gobierno, a su favor, en el vecino país.

 Para este jueves, Guaidó convocó a sesión de la Comisión Delegada legislativa para este jueves 8 de junio, pero se desconocen los puntos de la agenda.