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El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseveró que Primero Justicia está dispuesto a ofrecer apoyo al gobierno de Nicolás Maduro para que recupere el control de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, a cambio de que se retire la inhabilitación política contra Henrique Capriles.

La presidenta de la tolda amarilla, María Beatriz Martínez, negó el supuesto intercambio y aseguró que demuestra que el oficialismo tiene temor de enfrentarse a un candidato “que saben los va a derrotar”, dijo en entrevista con El Pitazo.

El partido publicó un comunicado en el que propone se construya, en el marco de la negociación de México, una estrategia común para proteger a Citgo. La compañía podría ser subastada, por orden de un tribunal de Estados Unidos, para el pago de acreedores de Venezuela.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció, el lunes 1 de mayo, que no tomará “medidas coercitivas” para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, empresa tenedora de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) en suelo estadounidense.

La Ofac protegió el activo mientras se mantuvo en vigencia la figura del gobierno interino a la que los propios factores de oposición pusieron fin en diciembre de 2022. Actualmente, la compañía es dirigida por una junta ad hoc heredada de ese interinato. 

Habilitación de Capriles

La candidatura de Henrique Capriles a las presidenciales de 2024 depende de que se retire la inhabilitación política que le impide ejercer cargos de elección popular hasta 2032. El político también debe ganar las primarias que la oposición convocó para el próximo 22 de octubre antes de anotarse en la carrera presidencial.

PJ se blindó con un reglamento que le permite sustituir la candidatura de Capriles en caso de ser necesario «cuando actos estatales imponderables e irrevocables así lo requieran o cuando consideraciones estratégicas y de opinión pública así lo aconsejen». Pero apuestan a que la negociación permita acordar la habilitación de todos los candidatos como parte de las garantías electorales exigidas.