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La Guayana Esequiba, que Venezuela reclama como suya, es un territorio de 159.542 kilómetros cuadrados que equivale a todo el occidente del país y supera la superficie conjunta de Suiza, Bélgica y los Países Bajos.

El 3 de octubre de 1899, un tribunal arbitral, sin representación venezolana, en solo seis párrafos de apenas 844 palabras y sin ninguna motivación adjudicó el Esequibo a Gran Bretaña, agravando la controversia territorial que está próxima a cumplir dos siglos y que escaló hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En esta nota explicaremos por qué la decisión de este tribunal arbitral es nula e írrita, cómo entró la CIJ en la disputa, cuál es la posición de Venezuela y su reclamación ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y lo que sigue.

Un Laudo Arbitral nulo e írrito

En La Controversia del Esequibo el individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Rafael Badell Madrid; y la abogada, especialista en derecho internacional de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y embajadora retirada, Milagros Betancourt Catalá, explican la nulidad del Laudo de París de 1899.

Es írrito porque violó el debido proceso ya que los árbitros no investigaron ni se cercioraron de la legitimidad y legalidad de los títulos que confirman que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela (títulos históricos y de derecho que siguen en poder del Estado Venezolano).

Todo lo contrario, los desecharon en contravención de los artículos III y IV del Tratado de Washington de 1897, violando el derecho internacional vigente para el momento.

El tribunal también faltó al deber de imparcialidad. Su presidente, Federico de Martens, “manipuló y coaccionó a los demás árbitros para obtener una decisión unánime, convirtiendo un laudo de derecho en un arreglo político”, argumenta Badell.

El memorándum de Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela en el arbitraje, prueba que hubo tal componenda.

En este memorándum, Mallet-Prevost reconoce que él y el presidente Benjamín Harrison (de Estados Unidos) tuvieron conocimiento de la confabulación que existió entre el presidente del tribunal Federico de Martens y los árbitros ingleses Lord Russell y Lord Collins designados por Inglaterra.

“El laudo arbitral de Paris es nulo por haber violado el debido proceso; por haber incurrido en el vicio de exceso de poder; por haber decidido más allá de lo requerido al Tribunal Arbitral y, en consecuencia, haber incurrido en el vicio de ultra petita; por carecer de motivación y por faltar los árbitros al deber de imparcialidad”, expone Badell.

Milagros Betancourt Catalá revisó los casos de Honduras vs. Nicaragua y  de Guinea Bissau vs. Senegal que fueron tratados en la CIJ y concluyó que “la tendencia de la Corte ha sido pronunciarse a favor de la validez de los laudos”.

Sin embargo, destacó: “Es necesario, imprescindible me atrevería a decir, que el Estado venezolano comparezca ante la Corte para presentar y demostrar los fundamentos jurídicos de las razones de la invalidez del laudo”.

¿Cómo llegamos a la CIJ?

Efecto Cocuyo consultó al presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Kenneth Ramírez, para conocer las claves sobre la reclamación del Esequibo ante la CIJ.

Es autor del Libro Blanco relativo al caso pendiente Laudo Arbitral 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

“Lo primero que todos los venezolanos debemos tener claro es que la Guayana Esequiba formaba parte de la antigua provincia de la Guayana española que pertenecía a la capitanía general de Venezuela. Nosotros tenemos títulos históricos que avalan que ese territorio nos pertenece y que El Reino Unido motivado por su apetito aurífero y expansionista nos usurpó ese territorio”, afirma el experto.

Ramírez coincide en que el Laudo arbitral es nulo e írrito, por las razones antes expuestas: “Se emitió un Laudo que no tuvo ningún tipo de motivación, Venezuela entiende que hubo componendas entre el presidente de ese tribunal y los árbitros británicos, lo que tenemos al frente con ese Laudo es una farsa”.  

Recuerda que la inestabilidad política en Venezuela en esa época (Cipriano Castro derrocó a Ignacio Andrade) impidió al Estado protestar el fallo de ese tribunal arbitral y “no le quedó más remedio que acudir a la comisión demarcadora”.

“Con el paso del tiempo, cuando empiezan a salir archivos y pruebas, Venezuela cae en cuenta de lo que pasó en su contra, arma los expedientes y acude a la ONU para que se reabra el caso y se firma el Acuerdo de Ginebra, en 1966, que buscaba una solución práctica y satisfactoria para la controversia territorial”, agrega.

Años después, en 2018, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en vista del fracaso del mecanismo de los buenos oficios para resolver la controversia, elige la CIJ como el próximo medio.

Guyana (antigua colonia británica), aprovechándose de la situación, presentó unilateralmente una solicitud a la Corte pidiéndole que ejerciera jurisprudencia a pesar de la histórica y contundente negativa de Venezuela a someterse a cualquier arreglo judicial internacional. Así la disputa escaló hasta la CIJ.

“La Corte en su insólita sentencia de 2020 determinó que la controversia versaba sobre la validez del Laudo como si el Acuerdo de Ginebra se hubiese firmado solo para determinar la validez o nulidad del Laudo y no sobre la controversia que hay sobre la frontera que es lo sustantivo de ese acuerdo”, expresa.

“El artículo 1 del Acuerdo de Ginebra dice que es para resolver la controversia surgida a partir de la protesta venezolana a ese Laudo; es decir, que ya se había expuesto en la ONU, en los años 60, todos los vicios de ese Laudo y por eso es que el Reino Unido accede, con su entonces colonia (Guyana), a firmar ese acuerdo”, agrega.

Este año, la CIJ emitió una sentencia incidental para responder la objeción preliminar que Venezuela presentó para alegar que el proceso no podía llevarse a cabo sin la presencia del Reino Unido como un tercero indispensable ya que fue el que usurpó el territorio.

Sin embargo, los magistrados de la CIJ rechazaron la objeción señalando que “el esquema de solución de controversias establecido en el Acuerdo de Ginebra reflejan un entendimiento común de todas las partes de que Guyana y Venezuela resolverían la controversia sin la participación del Reino Unido”.

De esta manera, la Corte no tomó en cuenta el Protocolo de Puerto España de 1970, por ejemplo, que demuestra que el Reino Unido siguió implicado en la controversia que históricamente generó tras las firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuestiona Ramírez.

Tras la sentencia incidental, el caso continúa a la “fase de fondo” donde se va a discutir fundamentalmente si el Laudo Arbitral de 1899 es válido o no.

¿Qué posibilidades tiene Venezuela de ganar la disputa?

El internacionalista sostiene que Venezuela tiene todos los títulos que prueban que el territorio es suyo y tiene que preparar una contra-memoria sólida con todas las pruebas contundentes de las que dispone.

Esta contra-memoria debe cubrir capítulos básicos como: el relativo a las causales de nulidad del llamado Laudo de 1899; los títulos que demuestran que la Guayana Esequiba pertenece histórica y jurídicamente a Venezuela, acompañada de anexos con toda la documentación relevante y mapas correspondientes.

También debe subrayar que Venezuela siempre protestó el nulo e írrito Laudo de 1899 y fue obligada a ejecutarlo bajo coacción y sin conocer los detalles de la farsa perpetrada, y por ello, no puede alegarse el “cumplimiento” del mismo entre 1899-1962 como seguramente alegará Guyana.

Ramírez considera que el equipo jurídico de Venezuela debe fortalecerse con expertos nacionales complementarios en materia legal, histórica y geográfica y la estrategia debe revisarse.

“Más allá del tablero jurídico hay otras cosas que se pueden hacer. Se debe seguir intentando, por la vía diplomática, sentar a Guyana en una mesa de negociación. Dar ciertos incentivos como meter una medida cautelar que le paralice a Guyana todas las concesiones mineras y madereras que tienen en la Guayana Esequiba para que empiece a sentir que el escenario que escogió le va a traer costos asociados también”, sostiene.

Otra estrategia debe apuntar a “privar de seguridad jurídica a las concesiones petroleras” que han venido otorgando en áreas marinas y submarinas del Esequibo.

¿Qué pasa si la CIJ declara válido el Laudo Arbitral y qué pasa si lo declara nulo?

Si se determina que el Laudo es válido, la frontera queda como está. Si se determina que es nulo tendría que revisarse la frontera terrestre y ahí la Corte tendría que determinar que pasaría en ese escenario, comenta el experto.

“La Corte no dijo, en la sentencia de 2020, si procederá a delimitar en caso de que se determine que el Laudo es nulo. No queda claro si la Corte determinaría que las partes remitan nueva documentación para establecer esto o regresaría a manos del secretario general de la ONU quien determinaría un medio para delimitar”, comenta.

Dudas sobre la defensa de Venezuela en el juicio

La ONG Control Ciudadano señaló que el último comunicado de la Cancillería venezolana deja la duda sobre si se retirará del juicio ante la CIJ tras ratificar que no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia.

Consultado sobre esto, Ramírez concluye: “El comunicado deja la puerta abierta a la posibilidad de no acudir a la fase de fondo, pero eso sería muy grave porque dejaría a Venezuela en una situación de minusvalía. Al final del día las decisiones de la Corte son vinculantes e inapelables”.