Actores políticos nacionales e internacionales, además de la ciudadanía venezolana, se ha enfocado desde el día 28 de julio en exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique las actas electorales de los comicios presidenciales desglosados mesa por mesa, para que se verifique el resultado que el rector Elvis Amoroso anunció y que dio como ganador a Nicolás Maduro. No obstante, que lo hagan ahora serviría de poco.
Así lo asevera Mario Torre, ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar con maestría en Sistemas, colaborador de los sectores de oposición en materia electoral y parte del equipo que auditó el sistema para estas elecciones. Su conclusión tajante a esta fecha es que “ya el proceso es inauditable”.
Sus razones se fundamentan en dos aspectos: El primero tiene que ver con la ruptura de lo que denomina “la cadena de confianza” y, segundo, el CNE cuenta con toda la infraestructura para producir nuevas actas electorales y ya ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Por ello, concluye, que el supuesto peritaje que está realizando la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “es una farsa”.
La cadena de confianza de información
“Uno de los aspectos que vigilamos como auditores es que se garantice la cadena de confianza de la información, esa es la base de que la seguridad del sistema funcionó bien”, comenta Torre.
“Cuando votas se genera un voto, el primer auditor eres tú, y ves que votaste por A y el papelito dice A y te aseguras que entró en la caja. Luego la mesa se cierra, se genera una acta (de escrutinio) y se hace en presencia de testigos”, explica el experto.
Agrega que 51% de las cajas de votación a nivel nacional son abiertas, se cuentan las boletas y se compara contra el acta que generó la máquina. “Eso jamás ha fallado”, señala.
Luego la máquina transmite los resultados de esa mesa y se totalizan todos los votos a nivel nacional. Aquí viene –asegura- el primer elemento de ruptura de la confianza en la reciente elección presidencial.
“EL CNE antes de dar un boletín nos da a nosotros (la oposición) un pen drive o un CD con un archivo que contiene todas las actas individualizadas”, entonces se suman las actas del CD y se cotejan con las actas físicas que han recogido los testigos, y ese resultado siempre cuadra. Ese CD que debieron entregar la noche del 28 de julio a los representantes de los partidos postulantes, esta vez no fue entregado».
El segundo elemento que se incumplió es que esa misma noche, cuando se inicia la transmisión, se escoge aleatoriamente el 1% de los centros a nivel nacional. Entonces el Plan República debe traer a Caracas 300 máquinas provenientes de 180 centros, que debieron estar en la capital de la República el miércoles siguiente a la elección, de modo que no hubiera tiempo de que alguien pudiera vulnerar el material.
En ese momento se abre la caja de resguardo, se cuentan todos los votos (boletas), la máquina se prende y se verifica si el software no fue adulterado y en la máquina se imprime otra acta y se coteja con el acta contenida en un sobre (el número 2) y la oposición puede cotejarla con el acta que está en su poder y con el sistema de divulgación (los resultados publicados) “Todas las veces eso coincide”. Pero esta vez, la auditoría de verificación II se suspendió indefinidamente.
Además, al día siguiente de la elección hay una auditoría de comunicaciones, que chequea si hubo alguna ruptura en el sistema “aunque es ridículo decir que lo jaquearon porque no está conectado a Internet” –acota el experto-. Esa auditoría que debía hacerse el lunes siguiente también fue suspendida indefinidamente.
“En conclusión. Se rompió la cadena de confianza No hay vuelta atrás. Ellos no tienen forma de evidenciar que lo que ellos tienen es lo correcto”, sostiene Torre. Y precisamente ese es el material que estaría usando el TSJ para “certificar” las elecciones, como lo solicitó Maduro Moros.
Las actas son forjables
Públicamente se ha señalado que las actas electorales impresas el 28 de julio tienen un sistema de seguridad robusto, pero Torre dice que con el tiempo transcurrido y al contar el ente electoral con la infraestructura necesaria, las actas han podido ser objeto de forjamiento.
Comenta que el acta tiene abajo un hash, que es como una firma digital que está cifrada con una clave que es compartida. Una parte de la clave está en poder del CNE y la otra de los actores políticos. El cifrado se hace de esa forma para que si un tercero violara un acta, el CNE con los partidos colocan la clave y pueden ver si esa acta es válida o no.
«Pero el problema es que nosotros tenemos las actas, el hash, pero no tenemos la clave compartida que tiene el CNE. No tengo forma de demostrarlo, porque para ello necesitaría al CNE», explicó.
Alega que ellos (el CNE) luego pudieron imprimir sus actas (que no corresponden a los resultados electorales reales), pero no tienen la clave compartida en manos de la oposición, “pero no les importa porque el número es otro. Inventaron otro. Ahora es la palabra de ellos, contra la palabra de nosotros”.
El ingeniero electrónico pone un ejemplo para ilustrar la situación: “Suponte la casa de la moneda de un país, y que un grupo dentro de esa institución decide falsificar billetes. Es similar. Es decir, tienen todos los elementos para reconstruir un acta”.
No obstante, señala que hay algunos elementos que les haría cuesta arriba la publicación completa de unas actas forjadas. Comenta que en el acta se escriben los nombres de los miembros de mesa y testigos y que el CNE no tiene forma de saber los nombres verdaderos, entonces puede haber muchos cambios e incongruencias, por ejemplo, “que se pelen en una firma”.
Además, agrega Mario Torre que “ya ellos (el CNE) dieron un número (resultado). Entonces hacer que todas las actas coincidan con ese número y que mantengan el número de electores es una ingeniería de datos más o menos importante”.
Pero, reitera que el CNE “tiene todos los mecanismos para trampear” y que cada día que pasa “la posibilidad descubrir lo que hicieron es más remota”.
Comenta que el proceso de peritaje que está llevando a cabo el TSJ “es un show, un montaje que no tiene ningún asidero desde el punto de vista técnico” y que ya no tiene sentido exigir que el CNE publique las actas. “Ya este proceso es inauditable”, lamenta.
Esta semana, la pantalla de Venezolana de Televisión mostró a los magistrados de la Sala Electoral en un acto de supuesto peritaje para verificar los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
¿Por qué, otras razones, no es confiable este proceso?
La composición de la Sala: La sala Electoral está integrada por los magistrados principales Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez Cordero e Inocencio Figueroa Arizaleta.
La Red de Observación Electoral, Asamblea de Educación, explica que Rodríguez fue elegida concejal del municipio Libertador (Caracas) en 2018 por las tarjetas del oficialista Gran Polo Patriótico y en agosto de 2021, siendo presidenta del Concejo, asumió la Alcaldía de Caracas tras la renuncia de Erika Farías.
Por su parte, Fanny Márquez, fue vicepresidenta del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), nombrada en el cargo por Nicolás Maduro el 4 de enero de 2015. También ocupó la consultoría jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según Gaceta Oficial del 14 de agosto de 2003. En 2008, comenzó a trabajar en el Seniat como intendente nacional. Ha estado relacionada en varios de sus cargos, con José David Cabello, superintendente nacional tributario y hermano de Diosdado Cabello.
Figueroa fue diputado regional por el estado Miranda en los períodos 1988-1993 / 1993-1996 / 1995-1998 y 2000-2004. y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (2007-2014). Del grupo, es el único sin un nexo con el régimen antes de ser magistrado.
Sin metodología conocida: El secretismo también rodea el proceso de peritaje que lleva a cabo la sala Electoral. Más allá del guion que leen los reporteros de VTV en sus pases para hablar del peritaje, el alto tribunal no ha aportado detalles completos sobre la metodología que emplea. Si se trata de dar garantías a la ciudadanía, la actividad debería estar caracterizada por la transparencia.
Lo que se ha dicho por los momentos es que se trata de un proceso de cotejo de una muestra de las actas electorales que entregó el CNE contra los números reflejados en el sistema automatizado. Dichas actas habrían sido transcritas y luego se comparan los números.
Pero, ¿Cómo se seleccionó la muestra? Para que una muestra sea representativa del universo, todos los componentes deben tener igual oportunidad de ser seleccionados. Esto equivaldría a seleccionar aleatoriamente un número específico de mesas de centros electorales.
¿Son las actas? Si el TSJ decidía comprobar la veracidad de las actas entregadas por el CNE bastaría con convocar también a los sectores de oposición para que con su clave compartida fueran verificadas. La Plataforma Unitaria aclaró esta semana que sus técnicos no fueron convocados para participar de ese proceso.
Por otra parte, el TSJ no ha informado si la veracidad de las actas presentadas por el ente electoral se comprobó o sencillamente dio por buenas las que presentó. Para verificar la veracidad de las actas también tenían otras vías como compararlas con el contenido de los pen drive que permanecieron conectados a las máquinas el 28 de julio y que están en poder del CNE. El tiempo transcurrido y la capacidad técnica del ente electoral para generar actas forjadas, generan dudas de imposible resolución.
Sin observación electoral calificada: El proceso no ha contado con actores internacionales imparciales. Los observadores reconocidos por su seriedad han sido cuestionados por el régimen al expresar sus reservas por la actuación del ente comicial.
La preparación de los peritos: Se desconoce cuál es el área de experticia y la identidad de los peritos que han trabajado. Sus caras permanecen ocultas con tapa bocas cuando se transmite el avance del proceso a través del canal estatal, y sin acceso a la prensa independiente.
Este contenido se ha realizado en colaboración con el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y con el apoyo de la alianza global CIVICUS en el marco de la Iniciativa de Democracia Digital (DDI).