Tres semanas luego de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avanzado en el peritaje técnico al material consignado por algunas organizaciones políticas del país y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con miras a elaborar un informe final que supuestamente despejará dudas sobre el proceso del pasado 28 de julio.
Aunque los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática negaron que fueron llamados a ser parte de esta revisión, los peritos o técnicos que evalúan los documentos electorales avanzan su trabajo, pero se desconoce aún cuál es la metodología que utilizan y también poco se sabe quiénes son esas personas que con particulares uniformes y mascarillas manipulan el material.
En una transmisión televisiva por los medios del Estado, se difundieron imágenes del «grupo de especialistas» manipulando el material electoral consignado por algunos candidatos presidenciales y representantes de partidos políticos ante la Sala Electoral del TSJ.
Según se explicó en el canal estatal VTV, el peritaje del TSJ consiste en la transcripción de los resultados que reflejan las actas de escrutinio por cada organización con fines políticos.
Peritos misteriosos
El máximo tribunal indica que el peritaje es supervisado por los magistrados que integran la Sala Electoral del TSJ, encabezada por su presidenta, Caryslia Rodríguez. La evaluación, según la jurista, corre a cargo de peritos nacionales e internacionales, expertos en estadística.
De igual manera, entre esas personas se estima que hay veedores venezolanos y extranjeros expertos en temas electorales, como miembros, entre otros, del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, instituciones que se han mostrado parciales al gobierno chavista y satisfechas con los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro.
«También está el grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) que suelen trabajar y ser convocados por el rector Carlos Quintero (exmilitar, sancionado por el Gobierno de EE. UU.) como auditores externos del sistema», informó el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez.
Martínez señaló que ese peritaje del TSJ no debería contar con la asesoría externa de los técnicos de confianza del rector y vicepresidente del organismo comicial, Carlos Quintero, pues eso equivale al «CNE auditándose a sí mismo».
«También hay que insistir en que esta revisión, sin haberse realizado la auditoría de telecomunicaciones y verificación fase II, pierde todo sentido si antes no se verifica que el material se corresponde con el del 28 de julio», añadió.
¿Quiénes son los cuestionados observadores?
La presencia del Ceela en las elecciones venezolanas no es nueva, así como tampoco su intención de revestir de legalidad contiendas electorales cuestionadas. El organismo estuvo presente en octubre de 2017 para la escogencia de los gobernadores y alcaldes, prácticamente dominadas por la opción política del oficialismo, en las que este veedor fue el único organismo internacional acreditado por el Poder Electoral como acompañante extranjero de la contienda, destaca la ONG Acceso a la Justicia en un informe.
Debe subrayarse que la proximidad que existe entre el Ceela y el oficialismo es evidente, pues no es un secreto que el referido organismo internacional nació en 2004 gracias al financiamiento del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Aunado a ello, la prensa nicaragüense reseñaba en 2008 la ideología de izquierda en la que estaría orientada la creación del organismo y sus estrechos vínculos con países ligados al chavismo.
Una prueba de su parcialidad fue durante la elección de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), celebrada el 30 de julio de 2017, en la que el CEELA presentó un informe en el cual se afirmó que el proceso, en el que supuestamente 8 millones de personas votaron por los candidatos del Psuv y sus aliados, estuvo «apegado a los estándares internacionales y a la legislación electoral nacional», sin hacer ningún tipo de cuestionamiento ni considerar lo que señaló la empresa Smartmatic, en boca de su director: “La diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de, al menos, un millón de electores“.
Sobre las elecciones del 28 de julio, uno de sus miembros, el exdiputado salvadoreño Eugenio Chicas (FMLN), quien tiene una amplia experiencia en observar procesos electorales en Latinoamérica, dijo que fueron «seguras, transparentes y verificadas».
El proceso de peritaje
El TSJ dijo haber concluido el domingo el proceso de peritaje técnico del «material de valor probatorio» consignado por el CNE, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales, en un post en su cuenta en Instagram.
La Sala Electoral, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales.
El CNE proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no ha divulgado los resultados desglosados. La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia.
Nueve de diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación de la Corte. González Urrutia descartó acudir bajo, tras argumentar que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciar que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.
El excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, que denunció que el expediente del recurso no es público, solicitó la semana pasada la nulidad del proceso iniciado por el TSJ por “vicios procesales”.
Este contenido se ha realizado en colaboración con el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y con el apoyo de la alianza global CIVICUS en el marco de la Iniciativa de Democracia Digital (DDI).