El pasado 8 de octubre, los senadores demócratas Adam Schiff y Tim Kaine anunciaron que forzarian una votación en el Congreso estadounidense para bloquear los ataques ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones en el mar Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico. Así lo hicieron y la iniciativa fue derrotada con 51 votos en contra y 48 a favor.
¿Qué alegan los demócratas?: “El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y arriesgan arrastrar a Estados Unidos a otra guerra”, escribió el senador Schiff en su cuenta oficial de X.
¿Afecta esta postura la tradicional política bipartidista (republicanos y demócratas) a favor del cambio democrático en Venezuela? Analistas consultados por Efecto Cocuyo sostienen que los senadores demócratas se están oponiendo a lo que consideran son excesos de Trump, lo que, a juicio del internacionalista Iván Rojas y el consultor político Luis Toty Medina Gil, no implica un cambio de opinión sobre los esfuerzos para promover el rescate de la democracia en Venezuela.
Defienden competencia del Congreso
“Esta posición de los demócratas (sobre el despliegue militar en el Caribe) tiene muy poco que ver con Venezuela. Tiene que ver con que la Constitución de los EEUU y la resolución sobre los poderes de guerra del año 73 son muy claras en cuanto a que es el Congreso el que declara la guerra y no el Presidente”, señaló Rojas, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covre).
En declaraciones a Efecto Cocuyo recordó que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, los presidentes de EEUU han tenido cada vez mayor libertad para liderar operaciones armadas sin consultar al Congreso. Ahora, subrayó, los demócratas intentan limitar la capacidad de Trump de hacer este tipo de operaciones sin al menos dar explicaciones.
“La resolución fue en detalle, diciendo que el Congreso no ha sido informado de la cantidad de detalles de los ataques, que hace imposible saber si lo que dice la administración de Trump es cierto. Si Trump quiere fortalecer a la presidencia, tomarse más libertades y hacer acciones más amplias, tiene sentido que el partido de oposición trate de limitar esas acciones y darle poder al Congreso para cumplir su rol de supervisión”, agregó el internacionalista.
Según la War Powers Resolution de 1973, una ley que restringe la capacidad del presidente de usar las fuerzas armadas en conflictos sin aprobación del Congreso, el Ejecutivo estadounidense debe justificar toda acción militar en un plazo máximo de 48 horas y obtener autorización formal en 60 días si las operaciones se extienden.
La resolución apoyada por los también senadores demócratas Ron Wyden, de Oregón, y el independiente de Vermont, Bernie Sanders, sostuvo que la designación de una entidad como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado (contra Carteles de la droga) no otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza contra los miembros de dichos grupos ni contra ningún Estado extranjero.
“En ninguna parte de la resolución, se dice de plano o se niega la posibilidad de apoyar una operación militar. Lo que se dice es que no se ha hecho la consulta al Congreso y no se ha dado la información oportuna. Más bien los senadores hablan de apoyar al presidente en la lucha contra las drogas, con todos los recursos necesarios, mientras que se de información oportuna”, insistió Rojas.
Diferentes visiones
Desde el 19 de agosto, el Pentágono mantiene un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe para frenar el flujo de drogas hacia EEUU. Según Trump, los narcóticos salen de las costas venezolanas.
Las operaciones han ido escalando desde la incautación de drogas, voladura de al menos cinco lanchas rápidas con la muerte de sus ocupantes, hasta la instalación de logística militar en Trinidad y Tobago, además de la solicitud, con el mismo fin, a la isla de Granada, ambas muy cercanas a las costas de Venezuela.
EEUU declaró al llamado Cartel de los Soles como organización narcoterrorista y elevó a 50 millones de dólares una recompensa por la captura del líder chavista Nicolás Maduro, a quien señala de ser uno de sus líderes. Lo que sí notificó Trump al Congreso fue la declaratoria de conflicto armado no internacional contra carteles de la droga.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, criticó la iniciativa demócrata y la calificó de «peligrosa», porque, a su juicio, busca despojar a Trump de su «autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros proxies iraníes».
“La posición de los demócratas refleja la diferencia de visiones y prioridades estratégicas en la política exterior estadounidense. Mientras los republicanos tienden a privilegiar el enfoque de hard power -el poder fuerte de la proyección militar directa como herramienta de control territorial y disuasión- los demócratas suelen priorizar el multilateralismo, la diplomacia y la cooperación institucional en materia de seguridad”, expresó Medina Gil, fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos.
Coincide en que el intento de frenar o matizar el despliegue militar en el Caribe no implica desatender el combate al narcotráfico, sino redefinirlo bajo una lógica de corresponsabilidad y desarrollo integral, reconociendo que la militarización por sí sola no ha resuelto el problema. Desde su criterio, la posición demócrata busca evitar una reedición de la política de “guerra contra las drogas” que dominó las décadas de los 80 y 90, y que dejó un saldo complejo en América Latina, enumeró: debilitamiento institucional, violaciones de derechos humanos y resultados ambiguos en reducción del narcotráfico.
“No es el fin del consenso bipartidista”
El consultor político añade el tema electoral, ante la proximidad de los comicios en EEUU del mes de noviembre. Entiende que el partido Demócrata no quiere abrir un nuevo frente de debate militar ni dar argumentos a sus críticos sobre el uso del poder armado fuera del territorio. La postura sobre el despliegue militar en el Caribe responde, afirmó, a un reequilibrio entre el control del narcotráfico y la imagen internacional de EEUU como socio cooperativo y no intervencionista.
“No necesariamente estamos ante el fin del consenso bipartidista sobre Venezuela, sino ante una divergencia en los medios, no en los fines. Ambos partidos mantienen como línea general el respaldo al cambio democrático, pero difieren en la estrategia de aproximación. Los republicanos insisten en la presión máxima: sanciones duras, aislamiento diplomático y respaldo a una oposición tradicional. Los demócratas promueven una estrategia gradual y negociada, donde la presión se combina con incentivos y alivios condicionados para estimular avances concretos en materia electoral y de derechos humanos”, aseveró.
Desde su punto de vista, la Casa Blanca, en cambio, busca mantener el liderazgo hemisférico sin caer en el desgaste de una política de sanciones indefinida que ya no produce los efectos esperados.
“Quienes están viendo esto desde una perspectiva venezolana, están fallando en entender que este es un tema muy interno de los EEUU. No representa ruptura de la posición bipartidista sobre Venezuela, los dos mantienen una posición contraria frente al gobierno de Venezuela, pero en este momento tienen una visión diferente sobre la manera más eficiente de atender el tema Venezuela”, agregó Rojas.
Recordó además que las autoridades norteamericanas no han dicho en ningún momento que el despliegue militar en el Caribe tenga como objetivo final un cambio de gobierno en Venezuela, al margen de las denuncias del chavismo y los elementos que introducen otros voceros y analistas al respecto. El Congreso, recalcó, desconoce cuáles son los planes o intenciones finales de Trump y es parte de lo que reclama, que el Jefe de Estado lo haga a un lado en la conducción de esta política antidrogas.
Sin embargo, en opinión del partido Demócrata, expresada el pasado 7 de octubre, Trump y Rubio sí están presionando para un cambio de régimen en Venezuela y en ese caso se oponen al inicio de otra guerra para lograrlo «porque así no funciona la Constitución».