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Tanto la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) forman parte de una maquinaria diseñada y ejecutada para cumplir con el plan del gobierno de reprimir a la disidencia, concluye la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su tercer informe.

Según testimonios de exempleados del Sebin, recopilados por los expertos de las Naciones Unidas, la tortura la ordenó directamente el presidente Nicolás Maduro, o las y los directores de línea o el director general. 

“El Sebin recurría a una serie de métodos de tortura como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión así como amenazas de muerte y violación u otras formas de tortura psicológica”, según la investigación.

Violencia sexual

En siete casos revisados por la misión, los agentes del Sebin perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otras, o para degradarla, humillarlas o castigarlas. 

La misión recibió información, confirmando que el director general recibía a su vez órdenes de autoridades del más alto nivel del gobierno venezolano, incluidos el presidente Maduro y Diosdado Cabello.

La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

El Sebin ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.

El informe detalla cómo las órdenes Las impartieron autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.

Sin investigación interna

Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, advierte la misión.

Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios, entre los investigados por la misión, siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos los ascendieron. «El análisis de la Misión detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición».

En otro informe, la misión también destaca la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.