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Sin mencionar nombres la Policía Nacional contra la Corrupción confirmó este 30 de marzo la detención de un grupo de funcionarios durante un operativo en la sede de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar, por supuesta malversación administrativa y de fondos públicos.

Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), y Yuxcil Martínez, representante sindical de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), ambas empresas de la CVG, señalan que la investigación por la presunta comisión de ilícitos, ratificada por el Ministerio Público, da la razón a los trabajadores en sus reclamos por salarios dignos, restitución de beneficios y mejoras de las condiciones laborales ante constantes accidentes.

No están sorprendidos

Los sindicalistas recordaron que la respuesta del Gobierno nacional a las protestas laborales ha sido la persecución judicial y el amedrentamiento, además de usar las sanciones internacionales como «excusa» para no aumentar los ingresos de los trabajadores públicos.

«Esta corrupción que destapan ahora no nos sorprende, no es nueva, tiene años y solo es la punta del iceberg, es parte de la corrupción generalizada que existe en otras instituciones y empresas del Estado como Pdvsa. El gran responsable es Nicolás Maduro y los ministros que son los que nombran a los funcionarios que las dirigen. Recordemos que antes de ser ministro del Petróleo, Tareck El Aissami fue ministro de Industrias y Producción Nacional, todos son cómplices de la corrupción», señaló González.

Extraoficialmente se habla de la detención del presidente de la CVG, Pedro Maldonado y a otros funcionarios de las empresas básicas que no han sido identificados. El Ministerio Público designó a los fiscales nacionales 50, 67 y 73 para adelantar la investigación. El fiscal Tarek William Saab calificó como «graves hechos» lo detectado en las empresas de Guayana y reiteró que continúan en las acciones contra la corrupción en las instituciones del Estado.

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Situación de las empresas básicas

En declaraciones a Efecto Cocuyo, González, que fue preso político, expresó que la mala administración de las industrias básicas ha devenido en el deterioro de las empresas de la CVG, entre ellas Sidor, Carbonorca, Alcasa y Bauxilum. El dirigente sindical advirtió que están prácticamente cerradas, mientras Venalum, de 905 celdas para la producción de aluminio, solo cuenta con 275 celdas operativas.

«En Ferrominera del Orinoco se compraban y se daban el vuelto porque el hierro era vendido a clientes VIP a precios preferenciales, a cambio de comisiones», dijo.

Subrayó que además de un salario insuficiente se incumplen o no se discuten las contrataciones colectivas y los trabajadores han sido despojados de bonos para útiles escolares, mensualidades educativas, planes vacacionales, entre muchos otros.

González se pregunta «quién pagará por el robo de los beneficios de los trabajadores».

«Nos robaron todos los beneficios, usaron a esas empresas como caja chica o bodega particular. Los trabajadores mantenemos nuestros reclamos porque nos asiste la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo», fustigó.

González fue detenido en 2009 y estuvo en prisión por 17 meses tras participar en una huelga en Ferrominera que exigía el cumplimiento de la contratación colectiva. Después lo volvieron a apresar en 2018 durante 21 meses, también por participar en protestas de los trabajadores. En esa oportunidad fue juzgado en tribunales militares pese a ser un civil y condenado a 5 años y 9 meses de prisión, por presunto ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.

Fue puesto en libertad tras ser incluido en una lista de 110 privados de libertad que recibieron indulto presidencial en 2020.

Sidor al mínimo

En el caso específico de Sidor, el sindicalista Yuxcil Martínez señaló que la directiva asegura que existen 30 plantas para la producción de acero líquido, pero en realidad son 17. Aseguró que de una capacidad instalada de 4 millones 500 mil toneladas de acero anuales, la producción apenas llega a 5%.

Al cierre de 2022, Pedro Maldonado hablaba de 90.000 toneladas mensuales de acero líquido pero trabajadores denunciaron que era de 30.000 toneladas.

Sobre Martínez pesa una calificación de despido tras encabezar protestas por mejoras salariales en enero de este año a las puertas de Sidor. También denunció que su salario de 1.000 bolívares mensuales fue reducido a 500 bolívares, además le despojaron de una bolsa de alimentos. Integraba una mesa de diálogo con la gobernación de Bolívar, pero fue apartado a raíz de las manifestaciones.

Resaltó que el gobierno anuncia una lucha anticorrupción pero se ha negado a escuchar a los trabajadores de las empresas básicas que también han denunciado ilícitos mientras son perseguidos judicialmente. Subrayó que los nueve trabajadores detenidos el enero fueron puestos en libertad bajo régimen de presentación, luego de ser llevados a tribunales «como delincuentes».

De ellos, denunció, que a los trabajadores Nery González y Juan Carlos Arias, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Puerto Ordaz, no les ha devuelto sus vehículos particulares y un teléfono celular propiedad de González. La trabajadora, mencionó, tiene un hijo en condiciones especiales que requiere atención médica frecuente y necesita el carro para poder trasladarse.

«El gobierno debe escuchar a los trabajadores y dejar de perseguirlos y amenazarlos y dejar las excusas como el bloqueo, los hechos de corrupción demuestran que sí hay dinero para mejorar las condiciones de los trabajadores y levantar la producción de las empresas básicas», acotó.

Apoyan investigación, pero si hay cambios

Martínez dijo que apoyan las investigaciones sobre los casos de corrupción siempre y cuando sirvan para hacer cambios reales en el manejo de las empresas del Estado y del dinero público. Advirtió que de nada vale que encarcelen a altos funcionarios si luego designan a otros que no están preparados profesional ni moralmente para desempeñar los cargos.

González rechazó que la Contraloría General de la República no cumpla con su función al no supervisar los procesos en las industrias básicas y en otras empresas del Estado pese a las constantes denuncias y ver que las contralorías internas no funcionaban, con lo que, afirmó, se pudo haber atacado la corrupción desde mucho antes.

La representación sindical de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana están convocando a una rueda de prensa en el edificio principal de la CVG, este lunes 3 de abril para pronunciarse sobre el reciente escándalo de corrupción, la situación de las empresas y de los trabajadores.