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Un recurso de amparo introducido por el excandidato presidencial de 2018 Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Comisión Nacional de Primaria por «violar leyes» en la organización del proceso para elegir al candidato presidencial unitario de la oposición, reaviva la denuncia del uso político de la justicia en Venezuela y la falta de autonomía del poder judicial.

El recurso podría «amenazar» la celebración de las primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre. Ratti señala a la Comisión de parcialidad, exclusión y «secuestro» de la oposición.

El abogado constitucionalista Gustavo Manzo advirtió que de producirse una sentencia del TSJ que impida la celebración de las primarias sería «arbitraria y sin asidero legal», lo que dejaría una vez más en evidencia, a su juicio, el uso de la justicia en Venezuela contra la disidencia política y la ausencia de un estado de derecho en Venezuela.

Pero no es la primera vez que el TSJ y algunos tribunales ordinarios interfieren con procesos electorales en Venezuela o en el funcionamiento de partidos políticos, lo que a juicio de analistas y dirigentes políticos han contribuido a mermar la credibilidad de las instituciones en Venezuela y la confianza en la organización de elecciones.

A continuación, un recuento de las decisiones más polémicas del máximo juzgado y otros tribunales, que se consideran han afectado derechos políticos:

El Barinazo

Un recurso de amparo interpuesto por el exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015, Adolfo Superlano, el 26 de noviembre de 2021, dio pie al TSJ para anular los resultados electorales en Barinas, tras los comicios regionales del 21 de noviembre, que dieron como ganador por escaso margen al candidato opositor, Freddy Superlano de Voluntad Popular (VP).

Te contamos: Una medida del TSJ contra primarias no sería legal sino política, señalan analistas

La Sala Electoral del TSJ reconoció la victoria de Freddy Superlano ( 37,60 % sobre el candidato del chavismo Argenis Chávez), pero alegó una supuesta inhabilitación política del también diputado de 2015 que no impidió antes su inscripción como candidato ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«(…) que la condición de inelegibilidad de Superlano, ya identificado, conforme a la Resolución N° 01-00-000334 de fecha 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General de la República, violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo» señaló el TSJ en la sentencia.

Lo que fue tildado de maniobra, no tuvo un final feliz en la llamada «cuna del chavismo» para Miraflores, por cuanto el candidato sustituto de la oposición, Sergio Garrido, venció al abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Jorge Arreaza.

«Además de violar el derecho constitucional a la participación y al sufragio a todos los ciudadanos con derecho a voto en el estado Barinas, el TSJ también desconoció los principios de legalidad y separación de poderes consagrados en la carta magna. El órgano judicial usurpó las funciones que le corresponden ejercer al árbitro electoral, concretamente al resolver que la repetición del proceso para elegir al gobernador en la entidad llanera debía realizarse el 9 de enero (de 2022)», reaccionó en su momento la ONG Acceso a la Justicia.

Referendo revocatorio fallido

El 20 de octubre de 2016 se paralizó indefinidamente el proceso de revocatorio contra el primer mandato de Nicolás Maduro, iniciado por la oposición. El CNE se apoyó en decisiones de cinco tribunales penales de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas que anularon en sus respectivos territorios la recolección de 1 % de las firmas necesarias para activar la figura prevista en el artículo 72 constitucional, bajo señalamientos de fraude, impulsados por el Psuv.

Los fallos judiciales fueron anunciados por los propios gobernadores del chavismo de los estados mencionados, entre ellos, el para entonces mandatario de Aragua, Tareck El Aissami. La consecuencia inmediata fue que la recolección de 20 % de las firmas necesarias para que se celebrara el revocatorio nunca se realizara. Para entonces eran necesarias 3.894.148 de rúbricas.

«Alertamos al cuerpo diplomático en nuestro país de que el gobierno hoy empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis. Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la Constitución, ¡hoy abandonó el país y va vía de abandonarlo todo!» condenó el entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, al conocer la decisión del CNE apoyada en los tribunales.

Intervenciones de partidos políticos

Previo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, la Sala Constitucional del TSJ emprendió intervenciones contra partidos políticos de oposición y de la izquierda contraria al gobierno de Maduro.

El 15 de junio de 2020, el máximo juzgado impuso a Bernabé Gutiérrez como nuevo presidente de Acción Democrática (AD) y cabeza de una junta directiva ad hoc, que pasó a tener el control de la tarjeta electoral del partido blanco. Fue desplazada la autoridad de Henry Ramos Allup como secretario general.

Un día después, el TSJ hizo lo propio con Primero Justicia, al nombrar a José Brito, disidente de dicha organización política, como coordinador general en sustitución de Julio Borges. El 7 de julio de ese mismo año le tocó el turno a Voluntad Popular (VP) que pasó a manos de los también disidentes José Gregorio Noriega y Guillermo Luces. Tanto Brito como Noriega, Luces y Adolfo Superlano, apoyaron la instalación de una directiva paralela al Parlamento presidido por Juan Guaidó en enero de 2020.

A un cuarto partido opositor, pero de tendencia de izquierda, Bandera Roja (BR), no le impusieron presidentes, pero una decisión del TSJ le entregó la tarjeta electoral (sentencia 0282) a Pedro Celestino Veliz el 25 de agosto.

Asimismo, por medio de la sentencia 0122 del 21 de agosto, Ilenia Medina, aliada del gobierno de Nicolás Maduro, desplaza a Rafael Uzcátegui como máxima autoridad del partido Patria Para Todos (PPT), exaliado del chavismo.

Uzcátegui apeló el fallo el lunes 24 de agosto mediante un recurso de nulidad que fue rechazado por el TSJ el mismo día. Antes, el 18 de agosto, se procedió contra Tupamaro (sentencia 0119) para designar a Williams Benavides como presidente de la junta ad hoc.

«Es el uso del poder del Estado para forzar a los partidos políticos a seguir los lineamientos del Gobierno nacional, es una violación a los derechos democráticos, a la participación política y no debe ser aceptado contra ninguna organización sea de derecha o izquierda», rechazó entonces el dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Pedro Eusse, organización que hoy día también corre riesgo de ser intervenida.

Te explicamos: Las claves de la repetición de elecciones en Barinas

Inhabilitación de organizaciones políticas

No solo fueron intervenciones, unos años antes decisiones del TSJ llevaron incluso a la inhabilitación de organizaciones políticas ante el CNE.

Una sentencia del 5 de enero de 2016, el mismo año de la paralización del revocatorio contra Maduro, la Sala Constitucional ordenó la renovación de los partidos políticos que no postularon candidatos con tarjetas propias en las presidenciales de 2013 y las parlamentarias de 2015, porque se plegaron a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Como consecuencia del proceso de renovación exigido resultaron inhabilitados ante el CNE La Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, Bandera Roja, Gente Emergente y Redes.

La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 también decretó una nueva validación de las organizaciones que no participaron en las municipales del 10 de diciembre de ese año. Así, fueron inhabilitados Primero Justicia, Voluntad Popular y Puente. El primero porque no recogió las firmas en el tiempo estipulado en un proceso plagado de obstáculos y los segundos porque no aceptaron participar en el proceso por considerarlo una «farsa».

Posteriormente, la sentencia 53 de la Sala Constitucional decretó la eliminación de la tarjeta de la unidad (la de la manito). Fue habilitada nuevamente en 2021 producto de negociaciones políticas entre gobierno y oposición para que el antichavismo aceptara participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre.

La ONG Acceso a la Justicia también reaccionó para señalar a Miraflores (vía TSJ, CNE y Constituyente) de «eliminar» a la oposición política, que incluyó inhabilitación de dirigentes políticos por parte de la Contraloría General, para transitar fácilmente el camino hacia la cuestionada reelección de Maduro en 2018.