Por quinto consecutivo, Venezuela se mantiene como el país más corrupto de América Latina según el último informe sobre el Índice de Corrupción de la Americas Society/Council of the Americas que evalúa la capacidad de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción.
«Venezuela ocupó el último lugar en el ranking del Índice, marcando el quinto año consecutivo con el puntaje más bajo de la región. Después de ganancias modestas en 2022, Venezuela tuvo retrocesos en cada uno de los tres categorías en 2023. La variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó un 18%, mientras que la variable que evalúa la calidad de la prensa disminuyó 15%, colocando a Venezuela en el penúltimo lugar en ambas variables» refleja el informe.
Los tres primeros lugares en el combate a la corrupción fueron para Uruguay (6,99); Costa Rica (6,76) y Chile (6,67), mientras que los últimos puestos fueron para Guatemala (2,86); Bolivia (2,56) y Venezuela (1,46).
Venezuela está por debajo de países como Guatemala y Bolivia en combate a la corrupción
La evaluación advierte que dichos retrocesos reflejan «renovadas amenazas» a la libertad de prensa y las libertades civiles por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Una de esas amenazas, resalta el documento, es el proyecto de ley aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría del chavismo, el pasado 24 de enero «que obliga a todas las ONG a informar sobre sus activos y divulgar sus relaciones con los donantes del gobierno».
«Varias destacadas organizaciones internacionales anticorrupción y de derechos humanos denunciaron la medida, que temen facilitará la persecución de las ONG. La cuenta sirve como un recordatorio de la voluntad del gobierno de tomar medidas enérgicas contra la disidencia. Desde que estallaron las protestas de docentes y trabajadores del sector público en 2022, varios líderes sindicales, periodistas y activistas de ONG han sido detenidos arbitrariamente», añade el informe.
En la evaluación también se recuerda que en el mes de marzo, se inició una investigación sobre una trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas estatales (como la Corporación Venezolana de Guayana, CVG) que hasta ahora ha ocasionado más de 60 arrestos y la renuncia del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, cuyo paradero aún es desconocido.
«Los observadores han notado que más que tomar medidas enérgicas contra la corrupción, la investigación parece apuntar a consolidar el dominio de Maduro dentro del Psuv», reza el informe.
Entre las «cuestiones críticas a monitorear», de acuerdo con el índice sobre corrupción, están las negociaciones de México, entre el gobierno de Venezuela y la oposición política, las cuales, se recuerda, permanecen estancadas desde octubre de 2021, a pesar de la firma de un acuerdo social en noviembre de 2022, por lo que tilda de «incierto» el futuro de dicha mesa como vía de solución a la crisis del país.
Venezuela retrocedió en variables como movilización de sociedad civil contra la corrupción
También se seguirá observando el clima electoral rumbo a las elecciones presidenciales que deben celebrase en 2024, incluyendo las primarias que fijó la oposición para el 22 de octubre de 2023, cuando tiene previsto escoger al candidato presidencial unitario.
Asimismo se mantiene bajo monitoreo «la persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición» que podrían ocurrir en medio de las protestas en curso de los trabajadores públicos y la campaña electoral.
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Por quinto consecutivo, Venezuela se mantiene como el país más corrupto de América Latina según el último informe sobre el Índice de Corrupción de la Americas Society/Council of the Americas que evalúa la capacidad de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción.
«Venezuela ocupó el último lugar en el ranking del Índice, marcando el quinto año consecutivo con el puntaje más bajo de la región. Después de ganancias modestas en 2022, Venezuela tuvo retrocesos en cada uno de los tres categorías en 2023. La variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó un 18%, mientras que la variable que evalúa la calidad de la prensa disminuyó 15%, colocando a Venezuela en el penúltimo lugar en ambas variables» refleja el informe.
Los tres primeros lugares en el combate a la corrupción fueron para Uruguay (6,99); Costa Rica (6,76) y Chile (6,67), mientras que los últimos puestos fueron para Guatemala (2,86); Bolivia (2,56) y Venezuela (1,46).
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La evaluación advierte que dichos retrocesos reflejan «renovadas amenazas» a la libertad de prensa y las libertades civiles por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Una de esas amenazas, resalta el documento, es el proyecto de ley aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría del chavismo, el pasado 24 de enero «que obliga a todas las ONG a informar sobre sus activos y divulgar sus relaciones con los donantes del gobierno».
«Varias destacadas organizaciones internacionales anticorrupción y de derechos humanos denunciaron la medida, que temen facilitará la persecución de las ONG. La cuenta sirve como un recordatorio de la voluntad del gobierno de tomar medidas enérgicas contra la disidencia. Desde que estallaron las protestas de docentes y trabajadores del sector público en 2022, varios líderes sindicales, periodistas y activistas de ONG han sido detenidos arbitrariamente», añade el informe.
En la evaluación también se recuerda que en el mes de marzo, se inició una investigación sobre una trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas estatales (como la Corporación Venezolana de Guayana, CVG) que hasta ahora ha ocasionado más de 60 arrestos y la renuncia del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, cuyo paradero aún es desconocido.
«Los observadores han notado que más que tomar medidas enérgicas contra la corrupción, la investigación parece apuntar a consolidar el dominio de Maduro dentro del Psuv», reza el informe.
Entre las «cuestiones críticas a monitorear», de acuerdo con el índice sobre corrupción, están las negociaciones de México, entre el gobierno de Venezuela y la oposición política, las cuales, se recuerda, permanecen estancadas desde octubre de 2021, a pesar de la firma de un acuerdo social en noviembre de 2022, por lo que tilda de «incierto» el futuro de dicha mesa como vía de solución a la crisis del país.
Venezuela retrocedió en variables como movilización de sociedad civil contra la corrupción
También se seguirá observando el clima electoral rumbo a las elecciones presidenciales que deben celebrase en 2024, incluyendo las primarias que fijó la oposición para el 22 de octubre de 2023, cuando tiene previsto escoger al candidato presidencial unitario.
Asimismo se mantiene bajo monitoreo «la persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición» que podrían ocurrir en medio de las protestas en curso de los trabajadores públicos y la campaña electoral.