El endurecimiento de la política migratoria del presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, tampoco dejó de tener respuesta en Bolivia, país al que el mandatario acusó de impedir las expulsiones de migrantes venezolanos y colombianos.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, salió al paso de los señalamientos de Boric, quien en su visita a la localidad fronteriza chilena de Colchane dijo que Bolivia no quería coordinar con su gobierno las expulsiones de migrantes, que solo en el caso de venezolanos son más de 20 mil, según la ministra de Interior chilena.
«Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación», aclaró Mamani Machaca a las declaraciones del gobernante chileno, quien cumplió su primer año con una baja popularidad y una crisis política por desaciertos como la reforma tributaria.
También afirmó que «en relación al tema de migración irregular la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos», agregó Mamani Machaca, citó la agencia de noticias española Efe.
La muerte de un carabinero chileno, que fue atropellado por un conductor migrante venezolano, puso de nuevo la tensión en la agenda mediática por la migración de ciudadanos de esta nacionalidad a ese país suramericano.
Boric aplica la reforma de Ley de migraciones que heredó del empresario Sebastián Piñera, quien en abril de 2021 comenzó a agilizar las expulsiones administrativas de migrantes, al cambiar la norma interna chilena.
El vicecanciller boliviano aclaró a Chile que su política interna no genera obligaciones internacionales; es decir, que Bolivia no tiene por qué permitir las expulsiones de migrantes a su territorio.
Mientras que el canciller venezolano, Yván Gil, también negó las acusaciones de la ministra chilena de Interior, quien dijo el miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere coordinar los vuelos de repatriación.
Desde Colchane, Boric anunció recursos para la construcción de comisarías fronterizas, mejoras para policías y fuerza armada, así como para la población chilena en la localidad.
Otras medidas le permitirán acelerar las expulsiones de migrantes, ante la presión que tiene desde diferentes sectores de la vida política chilena, que consideran ha sido laxo con el tema.
Entre quienes serán expulsados se encuentran condenados por delitos de droga. Para ello van a «simplificar y acelerar los procesos de expulsión en caso que sean necesario, por ejemplo, en caso de condenados por delitos de droga, además de realizar una fiscalización mucho más intensa en las cárceles donde muchas veces operan bandas criminales».
Añadió que «estas medidas apuntan a contener y reducir la irregularidad migratoria, pero en particular para combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan flujos y necesidades para cometer delitos como trata de personas trafico de drogas y tráfico de armas».
Con información de Efe
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El endurecimiento de la política migratoria del presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, tampoco dejó de tener respuesta en Bolivia, país al que el mandatario acusó de impedir las expulsiones de migrantes venezolanos y colombianos.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, salió al paso de los señalamientos de Boric, quien en su visita a la localidad fronteriza chilena de Colchane dijo que Bolivia no quería coordinar con su gobierno las expulsiones de migrantes, que solo en el caso de venezolanos son más de 20 mil, según la ministra de Interior chilena.
«Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación», aclaró Mamani Machaca a las declaraciones del gobernante chileno, quien cumplió su primer año con una baja popularidad y una crisis política por desaciertos como la reforma tributaria.
También afirmó que «en relación al tema de migración irregular la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas deben ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos», agregó Mamani Machaca, citó la agencia de noticias española Efe.
La muerte de un carabinero chileno, que fue atropellado por un conductor migrante venezolano, puso de nuevo la tensión en la agenda mediática por la migración de ciudadanos de esta nacionalidad a ese país suramericano.
Boric aplica la reforma de Ley de migraciones que heredó del empresario Sebastián Piñera, quien en abril de 2021 comenzó a agilizar las expulsiones administrativas de migrantes, al cambiar la norma interna chilena.
El vicecanciller boliviano aclaró a Chile que su política interna no genera obligaciones internacionales; es decir, que Bolivia no tiene por qué permitir las expulsiones de migrantes a su territorio.
Mientras que el canciller venezolano, Yván Gil, también negó las acusaciones de la ministra chilena de Interior, quien dijo el miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere coordinar los vuelos de repatriación.
Desde Colchane, Boric anunció recursos para la construcción de comisarías fronterizas, mejoras para policías y fuerza armada, así como para la población chilena en la localidad.
Otras medidas le permitirán acelerar las expulsiones de migrantes, ante la presión que tiene desde diferentes sectores de la vida política chilena, que consideran ha sido laxo con el tema.
Entre quienes serán expulsados se encuentran condenados por delitos de droga. Para ello van a «simplificar y acelerar los procesos de expulsión en caso que sean necesario, por ejemplo, en caso de condenados por delitos de droga, además de realizar una fiscalización mucho más intensa en las cárceles donde muchas veces operan bandas criminales».
Añadió que «estas medidas apuntan a contener y reducir la irregularidad migratoria, pero en particular para combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan flujos y necesidades para cometer delitos como trata de personas trafico de drogas y tráfico de armas».
Con información de Efe