Una red de 31 personas que cobraba hasta 4.500 dólares a migrantes venezolanos para entregarles pasaportes falsos colombianos quedó desmantelada por la Fiscalía General de Colombia, en la ciudad de Barranquilla.
El delegado contra la criminalidad organizada de este despacho, Gabriel Sandoval Vargas, detalló que una colombiana y un dominicano encabezaban este grupo, en el que participaban funcionarios y exfuncionarios, tanto de la Registraduría como la Cancillería colombiana.
En la cuenta de la red social X, antes Twitter, de la Fiscalía del vecino país, Sandoval Vargas detalló que esta red gestionaba ciudadanías y pasaportes colombianos falsos. Por estos últimos cobraban desde 2.00 hasta 4.000 dólares estadounidenses.
Con estos documentos, las personas frecuentemente viajaban a México o Guatemala donde posteriormente iniciaban un viaje por tierra para llegar a Estados Unidos.
El trabajo de desarticulación de la red incluyó a la Registraduría, el Ministerio de Exteriores colombiano, la Policía y la Oficina de Investigaciones Criminales de la embajada de EEUU en Colombia.
«Contribuyeron de manera coordinada en el suministro de registros civiles y centenares de cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos durante los últimos 3 años por valores que oscilaban entre los 2 mil y 4 mil 500 dólares americanos. Entregaban estos documentos a extranjeros, quienes bajo la apariencia de ciudadanos colombianos viajaban principalmente a México o Guatemala para cruzar por vía terrestre a Estados Unidos», explicó Sandoval Vargas.
Vendían pasaportes falsos a venezolanos y dominicanos
Además de migrantes venezolanos, la red también vendía estos documentos falsos a naturales de República Dominicana.
Se cree que estaba activa desde el año 2021 y entre los miembros detuvieron a seis trabajadores activos; tres de la Registraduría y tres de la Cancillería, así como 11 exempleados de estas instituciones, quienes cooperaban para la obtención de cédulas de identidad y pasaportes.
Sandoval Vargas dijo que de acuerdo al grado de participación de estas 31 personas detenidas, se les imputará por los presuntos delitos de «tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito».
El anuncio se produce una semana después de la reunión de cancilleres y otros altos funcionarios de 21 países de América, que firmaron la Declaración de Los Ángeles en 2022, en la que se comprometieron a frenar la migración de personas hacia Estados Unidos.
En esta ocasión, desde Guatemala, acordaron medidas para frenar el tráfico de migrantes y elevar los controles fronterizos, especialmente en países de Centroamérica, varios de ellos que acordaron medidas especiales y específicas con la Casa Blanca para tal fin.