Los obispos de Colombia y Venezuela advirtieron que el flujo migratorio en el Darién, entre la frontera de Colombia y Panamá, continúa.
Tras una reunión que sostuvieron miembros de ambas conferencias episcopales, durante dos días, dijeron que «el flujo migratorio mixto en Urabá Darién continúa y sigue generando retos continuos para todos los actores».
Aunque no identificaron a ninguna nacionalidad, señalaron que la población migrante se ve forzada a tomar esos caminos por la pobreza, la violencia y los conflictos políticos, «en búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades de futuro para sus familias”.
Esta es la segunda reunión que sostienen los obispos de los dos países, que en esta oportunidad se realizó en suelo colombiano, para tratar el tema de la migración.
Además, los prelados visitaron el puerto de Necoclí en el Urabá antioqueño, Colombian, donde acompañaron a migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que iban en tránsito hacia Centroamérica.
En esta visita conversaron con representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y miembros de la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. También actores civiles como la Cruz Roja Colombiana, Mercy Corps y World Vision.
«Los temas tratados fueron la caracterización del último flujo de migrantes que se realiza con la familia extensa, incluido niños, adolescentes y ancianos; la trata de personas; la explotación sexual y laboral; los niños y adolescentes migrantes sin acompañantes. Un punto que se resaltó fue el reconocerse como países receptores y de tránsito de migrantes», dijo la CEV en una nota de prensa.
Hasta el pasado mes de octubre, la gran mayoría de migrantes que usaban la peligrosa frontera del Darién eran venezolanos. Sin embargo, desde la segunda semana de ese mes Estados Unidos comenzó a expulsar a las personas de este país que entraran sin permiso por la frontera con México.
A la par anunció un programa que denominó «parole para venezolanos«, con el que busca recibir a unas 24.000 personas de esta nacionalidad, que deben tener un patrocinador en suelo estadounidense y cumplir una serie de requisitos de vacunación y migratorios.
Desde el 13 de octubre y hasta inicio de noviembre, organizaciones humanitarias contabilizan más de 8.000 expulsiones de venezolanos de territorio estadounidense.
En un comunicado los obispos presentaron cuatro solicitudes
1️⃣ Se respete el derecho a la movilidad humana, se acoja al forastero, se supera todo nacionalismo cerrado y violento, frenando toda actitud xenófoba, los desprecios y el maltrato a los extranjeros.
2️⃣ Se acompañe por todos los medios, y especialmente desde la institucionalidad, a los migrantes para evitar la trata de personas, la violencia de género, la explotación laboral y sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
3️⃣ Se brinden a los migrantes oportunidades para integrar a la persona y la familia mediante diversos medios dignos de vida.
4️⃣ Se comprometan todas las entidades públicas en promover rutas seguras de tránsito, ordenadas, informadas, reguladas y que respeten los derechos humanos.
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Tras una reunión que sostuvieron miembros de ambas conferencias episcopales, durante dos días, dijeron que «el flujo migratorio mixto en Urabá Darién continúa y sigue generando retos continuos para todos los actores».
Aunque no identificaron a ninguna nacionalidad, señalaron que la población migrante se ve forzada a tomar esos caminos por la pobreza, la violencia y los conflictos políticos, «en búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades de futuro para sus familias”.
Esta es la segunda reunión que sostienen los obispos de los dos países, que en esta oportunidad se realizó en suelo colombiano, para tratar el tema de la migración.
Además, los prelados visitaron el puerto de Necoclí en el Urabá antioqueño, Colombian, donde acompañaron a migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que iban en tránsito hacia Centroamérica.
En esta visita conversaron con representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y miembros de la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. También actores civiles como la Cruz Roja Colombiana, Mercy Corps y World Vision.
«Los temas tratados fueron la caracterización del último flujo de migrantes que se realiza con la familia extensa, incluido niños, adolescentes y ancianos; la trata de personas; la explotación sexual y laboral; los niños y adolescentes migrantes sin acompañantes. Un punto que se resaltó fue el reconocerse como países receptores y de tránsito de migrantes», dijo la CEV en una nota de prensa.
Hasta el pasado mes de octubre, la gran mayoría de migrantes que usaban la peligrosa frontera del Darién eran venezolanos. Sin embargo, desde la segunda semana de ese mes Estados Unidos comenzó a expulsar a las personas de este país que entraran sin permiso por la frontera con México.
A la par anunció un programa que denominó «parole para venezolanos«, con el que busca recibir a unas 24.000 personas de esta nacionalidad, que deben tener un patrocinador en suelo estadounidense y cumplir una serie de requisitos de vacunación y migratorios.
Desde el 13 de octubre y hasta inicio de noviembre, organizaciones humanitarias contabilizan más de 8.000 expulsiones de venezolanos de territorio estadounidense.
En un comunicado los obispos presentaron cuatro solicitudes
1️⃣ Se respete el derecho a la movilidad humana, se acoja al forastero, se supera todo nacionalismo cerrado y violento, frenando toda actitud xenófoba, los desprecios y el maltrato a los extranjeros.
2️⃣ Se acompañe por todos los medios, y especialmente desde la institucionalidad, a los migrantes para evitar la trata de personas, la violencia de género, la explotación laboral y sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
3️⃣ Se brinden a los migrantes oportunidades para integrar a la persona y la familia mediante diversos medios dignos de vida.
4️⃣ Se comprometan todas las entidades públicas en promover rutas seguras de tránsito, ordenadas, informadas, reguladas y que respeten los derechos humanos.