Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, solicitaron a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2020 una discusión abierta sobre el plan de retorno de migrantes venezolanos desde Colombia.
Expresaron su preocupación por lo que consideran un plan de retorno voluntario, que en otros países ha significado la expulsión de cientos de venezolanas y venezolanos de esas naciones.
«El anuncio de un plan de retorno voluntario genera incertidumbre en la población, teniendo en cuenta que bajo el eufemismo de los retornos voluntarios se han promovido en otros países expulsiones colectivas, que son prácticas contrarias al artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a una política internacional basada en los derechos humanos», alertaron este 9 de agosto.
Dijeron que al 31 de julio de este año más de 2 millones de migrantes venezolanos aplicaron al Estatuto Temporal de Protección a la población migrante venezolana que se aprobó bajo la presidencia de Iván Duque, lo que supone que hay «una altísima vocación de permanencia de las personas venezolanas en Colombia«.
Recordaron que desde la Comisión de Política Exterior aún no hay una discusión ni se han dado a conocer análisis de ese plan de retorno voluntario, por lo que es necesario abrir un debate sobre esta política.
También pidieron que la normalización de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, anunciada por los mandatarios Gustavo Petro y Nicolás Maduro, se centre en las personas y no solo en el intercambio comercial.
Entre otros aspectos solicitaron que «cualquier iniciativa en materia de retornos sea resultado de un proceso previo de planeación y discusión consensuadas, incluyendo consultas y asistencia técnica especializada, en este caso, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones».
La comunicación la suscriben 40 organizaciones de la sociedad civil, que también expresaron la necesidad que desde la Comisión de Política Exterior de la AN se den a «conocer las bases y estudios de las condiciones socioeconómicas y políticas en Venezuela para considerar el retorno como opción segura y con condiciones de protección para la población venezolana, incluyendo su reintegración sostenible».
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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, solicitaron a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2020 una discusión abierta sobre el plan de retorno de migrantes venezolanos desde Colombia.
Expresaron su preocupación por lo que consideran un plan de retorno voluntario, que en otros países ha significado la expulsión de cientos de venezolanas y venezolanos de esas naciones.
«El anuncio de un plan de retorno voluntario genera incertidumbre en la población, teniendo en cuenta que bajo el eufemismo de los retornos voluntarios se han promovido en otros países expulsiones colectivas, que son prácticas contrarias al artículo 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a una política internacional basada en los derechos humanos», alertaron este 9 de agosto.
Dijeron que al 31 de julio de este año más de 2 millones de migrantes venezolanos aplicaron al Estatuto Temporal de Protección a la población migrante venezolana que se aprobó bajo la presidencia de Iván Duque, lo que supone que hay «una altísima vocación de permanencia de las personas venezolanas en Colombia«.
Recordaron que desde la Comisión de Política Exterior aún no hay una discusión ni se han dado a conocer análisis de ese plan de retorno voluntario, por lo que es necesario abrir un debate sobre esta política.
También pidieron que la normalización de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, anunciada por los mandatarios Gustavo Petro y Nicolás Maduro, se centre en las personas y no solo en el intercambio comercial.
Entre otros aspectos solicitaron que «cualquier iniciativa en materia de retornos sea resultado de un proceso previo de planeación y discusión consensuadas, incluyendo consultas y asistencia técnica especializada, en este caso, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones».
La comunicación la suscriben 40 organizaciones de la sociedad civil, que también expresaron la necesidad que desde la Comisión de Política Exterior de la AN se den a «conocer las bases y estudios de las condiciones socioeconómicas y políticas en Venezuela para considerar el retorno como opción segura y con condiciones de protección para la población venezolana, incluyendo su reintegración sostenible».