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La comunidad internacional se mantiene atenta ante la situación de Venezuelas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. En este punto, varios países insisten en sus llamados a que se produzca una verificación imparcial de los resultados.
De acuerdo con el último boletín del CNE, el gobernante Nicolás Maduro obtuvo la reelección para un tercer mandato con 52% de los votos, mientras que a Edmundo González Urrutia, aspirante presidencial de la Plataforma Unitaria, se le adjudicaron 43% de los votos.
Sin embargo, la diatriba sigue dado que el ente comicial no ha publicado las actas de votación y la oposición tiene una data según la cual su candidato fue el vencedor con 67%.
Desde la Cancillería, la posición ha sido enérgica: «La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo a la injerencia y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y abiertamente comprometidos con los postulados ideológicos más ensordecedores del fascismo internacional».
En ese contexto, ¿Qué puede esperarse de la comunidad internacional?
«Las reacciones internacionales de reservas y cuestionamientos comenzaron apenas horas después del anuncio del CNE. El denominador común a las reacciones de decenas de gobiernos y significativos líderes democráticos ha sido la exigencia de las actas, desglosadas por centros de votación, que respalden el resultado anunciado. En su vasta mayoría han instado a que sean verificadas de manera independiente para que sean confiables», señala la internacionalista Elsa Cardozo a Tal Cual.
Añade que, sin embargo, no todos han propuesto una verificación internacional independiente ni puesto el debido énfasis en la verificación, como ocurre en el caso de los gobiernos de Colombia, México y Brasil.
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La investigadora indica que ante la crisis institucional en Venezuela, en los mensajes de esos tres países ha habido ambigüedades y vaivenes en las declaraciones, «especialmente las de los presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro». Esto se ha dado, acota Cardozo, sobre el piso de «su innegable inconformidad ante un anuncio de triunfo sin actas que lo respalden».
El 1 de agosto, en una declaración conjunta, los presidentes de Colombia, Brasil y México llamaron al CNE para que diera a conocer de modo expedito los resultados desglosados por mesa y destacaron la necesidad de una verificación imparcial de los resultados.
El 8 de agosto los tres países calificaron como fundamental la presentación por parte del ente comicial de los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación y dejaron claro que las dudas sobre los comicios deben dirimirse desde el poder electoral.
«Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en torno al proceso electoral, se parte de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales», puntualizaron.
«Las declaraciones del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo y las del asesor presidencial brasileño Celso Amorim han sido más cuidadas y dejan ver que los dos grandes vecinos de Venezuela quieren mantener canales de comunicación y especial incidencia sobre la complicada situación. El riesgo está en que ese empeño desplace o no permita que se sumen en posiciones y propuestas comunes los demás gobiernos de la región. Creo que los desacuerdos entre Lula y Boric ilustran muy bien ese riesgo», resalta Elsa Cardozo.
El 5 de agosto, tras reunirse con el presidente de Chile, Gabriel Boric, Lula esgrimió: «El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados".
Boric ha tenido una posición muy dura respecto a la crisis en Venezuela. «Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela», enfatizó Boric el 7 de agosto.
«Hay un trabajo importante que es la búsqueda de consensos internacionales sobre Venezuela que, de alguna manera, se asomaban en la reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se sumaron 17 votos alrededor de una resolución. De lo que se trata es de construir consensos y no de trabajar desde una cúpula de países», enfatiza Elsa Cardozo.
Añade que el esfuerzo hecho por la oposición democrática requiere del acompañamiento internacional.
Margen de acción
El abogado Mariano de Alba, experto en geopolítica y derecho internacional, señala que la incidencia internacional es importante en medio de la situación en Venezuela.
No obstante, advierte que debido a que el gobierno de Maduro «ha sobrevivido a una fuerte presión internacional y luce dispuesto a imponer su estadía en el poder, su margen de acción es limitada. Esto incluso aplica para la relación que mantiene el gobierno con los gobiernos de Brasil, Colombia y México».
«El gobierno ha hecho un esfuerzo para fortalecer sus vínculos con países no occidentales, que no valoran o practican las garantías democráticas, y va a tratar de fortalecer esos vínculos para mantenerse en el poder y tratar de sobrellevar las consecuencias internacionales por parte de occidente», puntualiza Mariano de Alba.
Añade que la administración de Maduro, además, está consciente de que dada la proximidad de la experiencia fallida del gobierno interino de Juan Guaidó, «es improbable que la comunidad internacional occidental esté dispuesta a adelantar un aislamiento similar al de 2019″.
El 29 de julio, el mandatario Nicolás Maduro dijo que, en el país, se quiere vender la misma película» y «con un guion parecido» al de 2019. «Por un lado, el pueblo que quiere paz» y por otro lado élites llenas con un proyecto contrarrevolucionario, fascista, amarrados al imperio estadounidense».
A juicio de Mariano de Alba, la demanda internacional sobre la publicación de las actas electorales podría ser efectiva si hay factores sustanciales dentro de la coalición de gobierno «que así lo pidan y logren convencer a Nicolás Maduro y su círculo cercano».
EE. UU. frente a Venezuela
El jefe de la diplomacia de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones. «Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio», afirmó Blinken el 1 de agosto.
Posteriormente, el 6 de agosto, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, sostuvo que todavía EE. UU. no estaba en el punto de reconocer a González Urrutia como presidente: «Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir".
La internacionalista Elsa Cardozo cree que la aclaratoria estadounidense puede obedecer a la conversación que sostuvieron Lula y el presidente Joe Biden, donde hubo una reacción muy crítica desde Brasil en el sentido de que la posición estadounidense no ayudaba a solventar la situación en Venezuela.
«Entonces, quizás, la rectificación de EE. UU. se hizo de manera cuidadosa para dejar espacio a las gestiones de Colombia, México y Brasi», acota. Cardozo recuerda que desde la llegada de Biden al poder, los contactos estadounidenses con Colombia, Brasil y Chile han sido muy frecuentes, así como el interés de Biden porque la región se ocupe del tema venezolano.
En ese contexto, Elsa Cardozo puntualiza que Estados Unidos tiene en sus manos recursos e instrumentos políticos y económicos para presionar sobre el gobierno de Maduro.
Añade que Europa está ocupada en otras cosas y EE. UU. bajo la administración de Biden ha tenido el interés en que haya más acuerdos en la región.
«EE. UU. es crucial porque la construcción de una solución negociada pasa en buena medida por las concesiones que su gobierno esté dispuesto a dar. En el escenario actual podría incidir sobre el gobierno de Maduro dado que mantiene vigente una serie de licencias petroleras que son cruciales para la mínima estabilidad que ha conseguido la economía venezolana. Sin embargo, en este momento pareciera que las diferencias entre ambos gobiernos son muy grandes», apunta Mariano de Alba.
Añade que va a hacer difícil que EE. UU. incida positivamente ante un gobierno «que parece dispuesto a hacer lo que sea para mantener su control del poder».
El 8 de agosto, Brian Nichols, subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que la represión registrada en Venezuela «no es un camino sostenible – ni una señal de fortaleza. Las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación».
Después del 28 de julio, Maduro ha dicho varias veces que estaría dispuesto a dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando se respete el Acuerdo de Qatar. En este aspecto, el 1 de agosto, el mandatario publicó el Memorándum de Entendimiento suscrito en septiembre de 2023.
En el caso de la Unión Europea, el 4 de agosto, en un comunicado, el alto representante del Consejo Europeo de la UE, Josep Borrell, dijo que los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela «no pueden ser reconocidos" hasta que el CNE publique las actas oficiales de votación.
La UE se unió a los llamados para que se realice una verificación independiente de las actas por parte de un organismo de reconocimiento internacional: «Cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas oficiales de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente".
Al igual que lo han hecho varios países, la Unión Europea también se refirió a la represión en el contexto de las protestas tras las elecciones. Instaron a la calma y a la moderación. «Las autoridades venezolanas, incluidas las fuerzas de seguridad, deben respetar plenamente los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión».
Cerco diplomático
En medio de los cuestionamientos a los resultados de las recientes elecciones, el gobierno de Maduro anunció el retiro de todo el personal diplomático de las embajadas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Posteriormente, se informó que la embajada de Brasil asumió la custodia diplomática de Argentina, donde están bajo protección un grupo de colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado, y de Perú.
Venezuela rompió relaciones diplomaticas con Perú el 30 de julio. El gobierno de Dina Boluarte fue el primero que reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
“Es evidente que la voluntad de fraude existe. Más o menos de un conteo inicial del domingo 28 de julio ya estaban en las pantallas [y] la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible. Y el señor González es el presidente electo de Venezuela", dijo el canciller peruano, Javier González-Olaechea.
El canciller Yván Gil sostuvo que el gobierno de Maduro se vió obligado a tomar esa decisión ante las “temerarias" declaraciones de su homólogo peruano, quien “desconoció la voluntad del pueblo venezolano" y la Constitución.
En medio de la crisis poselectoral, el 9 de agosto, el presidente de Panamá, Raúl Mulino, puntualizó: “Mantengo la postura de darle asilo político a Nicolás Maduro. Si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, sin duda alguna es un aporte de nuestro país que siempre hemos hecho, no es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos".
El 29 de julio, Panamá anunció suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela «hasta que no se realice una revisión de las actas» de las elecciones presidenciales.
De su lado, Costa Rica ofreció asilo a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia y al personal asilado primero en la embajada de Argentina y luego bajo custodia de Brasil.
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