Ley antibloqueo otorga un cheque en blanco al gobierno de Maduro, denuncian abogados

Caracas.- Con la aprobación de la Ley Antibloqueo en octubre de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro pretende, con una sola ley, derribar el supuesto bloqueo impuesto desde Washington a través de sanciones económicas. Sin embargo, el mecanismo, rechazado tanto por opositores como por aliados del chavismo como el Partido Comunista, está plagado de secretismo en el aspecto financiero e irregularidades jurídicas, según denuncian juristas y economistas.

En concreto, la llamada “Ley Antibloqueo", otorga facultades a Maduro para eludir normas legales a discreción, bajo el paraguas de un principio de confidencialidad no previsto en la Constitución. El propósito, según sus promotores, es captar inversiones que burlen las restricciones internacionales que actualmente persiguen al régimen chavista, con el fin de reactivar la delicada economía nacional. 

Dicho de otra manera, el gobierno de Maduro impuso un texto legal con el que se permite desestimar normas legales, lo que en el papel implica la invalidación de leyes de forma arbitraria sin ningún control parlamentario. 

A juicio del abogado Fernando Fernández, experto en derecho penal económico, los procedimientos establecidos en la denominada “ley constitucional" dejan a un lado cualquier margen de transparencia. “Es una ley que dicta la opacidad como regla", afirmó el jurista a El Pitazo.

De acuerdo con el artículo 19 del texto, el Ejecutivo «procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente» de ser necesario para «superar los obstáculos» o «compensar los daños» de las sanciones.

A su vez, la ley le otorga el carácter de «reservado, confidencial o de divulgación limitada» a cualquier «expediente, documento, información, hecho o circunstancia» que el presidente venezolano considere pertinente, prohibiendo así el acceso a toda «documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada«.

Es decir, el mandatario socialista no estaría obligado a cumplir con las leyes de licitación y contratos públicos. “La ley elimina el acceso a la información pública. Pareciera que la administración pública no debería rendir cuentas", dijo Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia. 

Otra de las atribuciones que confiere la ley está delineada en el artículo 24 de la ley, pues autoriza al Ejecutivo a celebrar “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios", a fin de “impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República"

Según Acceso a la Justicia, este artículo supone una especie de “cheque en blanco" para que el gobierno de Maduro ejecute con total libertad cualquier acto o contrato que, de acuerdo con su interpretación, sea conveniente para eludir los efectos de las sanciones internacionales. 

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Fracaso del modelo socialista

Aún con los cuestionamientos sobre la legalidad del proyecto, para expertos, la nueva apuesta de Maduro deja en evidencia el fracaso de su modelo socialista, promovido desde hace dos décadas. El economista Richard Obuchi, profesor del Iesa, afirmó que este declive se ha concretado “de la peor manera", debido a que la Ley Antibloqueo abandona cualquier método de control, en consecuencia no existen garantías de inversión. 

“Estamos experimentando la privatización de parcelas de nuestras vidas de la forma más desordenada y menos eficaz posible", manifestó Obuchi. 

Louza resaltó que en la ley la palabra “inversión" aparece 37 veces, sin embargo, no describe cómo se lograrán esas supuestas inversiones. “Dice que el dinero que llegue al país no se va a poner en el Tesoro sino en un fondo para inversión de los sectores involucrados, pero no nos vamos a enterar, porque todo es secreto. Mucha gente puede pensar que ese puede ser un camino pero eludir los pasos del Estado de Derecho trae consecuencias". 

En el marco de la nueva ley, Maduro ha llamado a empresarios e industriales a unirse para «avanzar en la reanimación del aparato productivo y en la generación de riquezas» y para «lograr una recuperación sostenida» de la economía, casi un 90% más pequeña que cuando asumió el poder en 2013.

En este sentido, Fedecámaras criticó la legalidad del mecanismo «antibloqueo» al señalar que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano no reconocido por varios países, y no por el Parlamento, único con mandato constitucional de realizar  leyes de la república.

La Confederación de Industriales (Conindustria), que reúne a más del 80% de la manufactura nacional, fue más categórica al invocar la nulidad de esta ley, pues considera que sus efectos podrían resultar «lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales».

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Inversiones en riesgo

Después de siete años de contracción económica y del cierre de más del 80 % de las empresas en los últimos 20 años, los inversionistas miran para otro lado, pues saben que los riesgos son altísimos en Venezuela, el cual ocupa el último lugar en el Índice Mundial de Libertad Económica, según el ranking del Fraser Institute. 

Pese a esto, Maduro ha asegurado que el recién creado Centro de Inversión ya recibió al menos 20 proyectos, de los cuales todavía no ha informado las cifras a las que ascienden estas iniciativas ni en cuáles áreas se desarrollarán.

Entonces, sin ninguna posibilidad de que una ley contrarrestre el cerco financiero internacional al Gobierno de Maduro, queda un mercado disponible: el de la legitimación de capitales, o al menos así lo piensa el abogado Fernando Fernández. 

“Mantener en secreto cualquier negociación de tipo comercial e incluso de tipo política y militar puede abrir la posibilidad de conseguir divisas a través de negocios ilícitos, pero también habla de hacer cualquier tipo de tratado multilateral, que, de forma secreta, puede conducirse a cualquier tipo de relación no solo comercial", apuntó el jurista.