Caracas.- Este 8 de enero de 2022 se cumple un año de la masacre de La Vega, un operativo policial ejecutado en la parroquia del municipio Libertador, en el cual asesinaron a 23 personas, de acuerdo con datos de la Organización No Gubernamental (ONG) Provea.
Entre el 8 y 9 de enero de 2021, comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se desplegaron en La Vega, presuntamente, por la presencia de miembros de la megabanda de la Cota 905 que pretendían ganar terreno en esta comunidad.
Según cifras de Provea, al menos 23 personas fueron asesinadas y aseguran que es el operativo de seguridad ciudadana “con más víctimas en la historia de Venezuela". Sin embargo, el Monitor de Víctimas identificó a 14 personas, a través del testimonio de familiares en la morgue de Bello Monte.
En febrero de 2021, Amnistía Internacional (AI) solicitó a la Corte Penal Internacional investigar los fallecimientos registrados en la masacre de La Vega. No obstante, hasta la fecha, ni el gobernante Nicolás Maduro ni su fiscal Tarek William Saab han mostrado el menor interés en comenzar una investigación sobre los hechos de La Vega.
Impunidad
El párroco de la parroquia La Vega, padre Alfredo Infante, aseveró que, hasta la fecha, ni el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ni el fiscal general Tarek William Saab se han pronunciado sobre el tema y las instituciones que ellos representan no han abierto investigación alguna que se conozca.
«Sobre estos hechos hay una impunidad escandalosa y, entre los familiares, heridas abiertas y miedo a denunciar, dada la inexistencia de un Estado de Derecho, lo cual coloca en absoluto desamparo y vulnerabilidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular», dijo, de acuerdo con un comunicado de prensa divulgado este 7 de enero.
Infante recalcó, basándose en los testimonios de las víctimas y sus familiares, que todo se trató de presuntas «ejecuciones extrajudiciales», posibles falsos positivos, puesto que las personas asesinadas no estaban en la confrontación ni vinculadas a las bandas delictivas.
Se sumó a la exigencia de la comunidad de La Vega al pedir «respeto y que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables».
Por otra parte, el defensor de derechos humanos e integrante de Provea, Marino Alvarado, denunció que aún el caso sigue impune y ninguno de los involucrados ha sido sancionado.
“Ha habido silencio por parte de las autoridades, así como tampoco sanción a los responsables. Es la mayor cantidad de víctimas en un operativo policial en los últimos 50 años", expreso Alvarado en un comunicado.
Solicitó a las autoridades que por este caso sea investigada la actual alcadesa de Caracas, Carmen Meléndez, “porque en ese momento era la ministra del Interior Justicia y Paz y dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional".
“Solicitamos también la investigación de José Miguel Domínguez, director de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), quien dirigió directamente el operativo en La Vega, así como también a los funcionarios que participaron", agregó el integrante de Provea.
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