Caracas.- Un total de 102 agresiones a periodistas y medios se registraron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellas deportación de corresponsales extranjeros y detenciones arbitrarias, según un balance publicado este viernes, 30 de agosto, por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas.
A través de la red social Instagram, el gremio indicó que, desde el día de los comicios hasta este jueves 29 de agosto, hubo 19 casos de intimidación, 15 de deportación de corresponsales extranjeros, 15 detenciones arbitrarias, 14 impedimentos de cobertura, 10 hechos de hostigamiento y 9 amenazas.
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Además se documentaron 5 agresiones físicas, tres cierres de programas de radio, 3 campañas en contra de directivos del CNP, 2 borrado de material grabado, 2 daños a sedes de medios de comunicación, un intento de robo de equipos, una anulación de pasaporte, un cierre de emisora de radio, un robo de equipos y un daño de bienes de propiedad de periodista.
Los casos registrados desde el 28 de julio representan la mitad del total computado en lo que va de 2024, que son 204, la mayoría hechos de intimidación, de los que la organización asegura haber documentado 50.
Una política de Estado para silenciar
El secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, denunció que hay una política de Estado que busca silenciar la información, y rechazó que las acusaciones a periodistas detenidos se fundamenten en los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir. «Esto criminaliza la labor periodística«, dijo.
Para el dirigente gremial, ejercer el periodismo en Venezuela es altamente riesgoso. «Cualquier información, opinión o comentario que pueda ser sensible para las altas esferas del poder puede derivar en agresiones, persecuciones o la detención».
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó recientemente de un «uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo (…), especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el pasado 14 de agosto la imputación de este delito y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en la nación caribeña.
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