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Los Teques.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Manuel Olivares denunció este miércoles, 8 de julio, la existencia de un caso positivo de COVID-19 en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda. Se trata de un preso trasladado desde la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira.
El parlamentario, a través de un live en su cuenta de Instagram, advirtió la existencia del caso como parte de una serie de traslados desde el anexo militar del penal andino realizados el pasado lunes.
De acuerdo con información confirmada por El Pitazo, los presos que llegaron al reclusorio altomirandino fueron sometidos a despistaje de COVID-19 a través de las pruebas rápidas, resultando positivo uno de los internos trasladados, quien fue aislado en la celda de castigo denominada «El Tigrito» para evitar el contagio del resto de la población carcelaria.
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Trascendió que el militar contagiado fue detenido como parte de los procedimientos realizados por el Gobierno para apresar a los presuntos implicados en la denominada Operación Jericó.
Por otra parte, familiares de los privados de libertad habrían denunciado a través de la ONG Una Ventana a La Libertad (UVL) que desde el lunes la nueva directiva del penal, donde están al menos 100 presos políticos, mantiene a reja cerrada las celdas de los internos.
Desde el pasado 13 de marzo están prohibidas las visitas de familiares y abogados a los privados de libertad, para evitar la propagación del COVID-19 en la población carcelaria, al igual que en todos los penales civiles del país.
Los familiares señalaron que esta situación se ha agravado en las últimas semanas luego del cambio de directiva del penal. «Les quitaron los horarios de recreación y no pueden salir de las celdas; están todos aislados», explicaron.
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«El único rayo de luz que reciben viene de los pasillos y los ventanales, pero adentro están bajo llave», refirió Luis Pérez, cuñado de un coronel, que intentó llevar comida al penal el pasado fin de semana.
Por igual, destacaron que estas últimas tres semanas han arreciado las medidas de control, en especial con el ingreso de alimentos. «Los más afectados son quienes no tienen familiares cercanos, porque no pueden traerles comida y deben conformarse con lo poco que les dan en el penal», dijo.
Agregaron que el pasado lunes desinfectaron los espacios del penal, luego del traslado de internos desde el anexo militar de la cárcel de Santa Ana. «No sabemos a quiénes trajeron ni sus condiciones de salud», dijeron, al tiempo que acotaron que tienen más de 100 días sin ver a sus parientes ni ingresar al penal.
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