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Guarenas.– El pasado lunes, 8 de junio, iniciaron una huelga de hambre los 83 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos de la Policía Municipal de Plaza, en Guarenas, estado Miranda.
La medida adoptada por los presos busca hacer presión para que se den los traslados a centros penitenciarios que estaba pautados desde principios de año, según indicaron los familiares.
«Son más de 80 y habían unos 20 traslados aproximadamente que estaban siendo preparados para marzo de este año, pero por lo de la cuarentena se paralizó el proceso. Sin embargo, con cuarentena y todo la ministra Iris Varela ha visitado las cárceles y los calabozos policiales para dar libertades, lo que nos hace suponer que hay cupos en El Rodeo, en Yare y otras cárceles. Ellos quieren ser trasladados», relataron las mujeres que pidieron mantener sus identidades ocultas por temor a represalias.
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Desde que comenzó la cuarentena, para frenar la propagación del COVID-19 en Venezuela, el sistema judicial se encuentra paralizado para dar curso a los procesos iniciados. Los tribunales sólo trabajan por guardias para los nuevos ingresos.
«Aquí no tienen baño, no salen a un espacio abierto, no les dan comida y ya varios se han enfermado por la humedad y la falta de ventilación Hay un brote de tuberculosis. Esto no es un lugar para tener personas detenidas, no es apto. Por eso ellos quieren ser trasladados, por lo menos los que ya tiene orden aprobada», exclamaron.
De acuerdo con la denuncia de las mujeres, en Poliplaza hay detenidos desde hace dos, tres, cuatro y hasta cinco años. «Hay muchos que ya tienen sentencia, otros llevan dos años esperando los fulanos cuarenta y cinco días y todavía no los condenan», puntualizaron.
De la huelga quedaron exceptuados cuatro de los reos, con diagnóstico de tuberculosis, quienes por sus condiciones no se sumaron a esta forma de protesta pacífica. Sin embargo, los familiares denunciaron que los funcionarios policiales no recibieron los alimentos de ellos. «La encargada de calabozos nos dijo que no iba a recibir nada porque todos estaban en huelga. Yo sé que mi hijo no se sumó porque él está grave, además de la tuberculosis está hinchado porque tiene problemas renales y no me dejaron darle su comida», indicó la madre de un joven oriundo de la región Barlovento, recluido en este recinto.
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Los familiares aprovecharon para hacer un llamado a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, para pedirle su mediación contra el retardo procesal.
«Le pedimos, usted como mujer y como madre sabe lo que uno sufre por sus hijos. Sabemos que ellos actuaron mal y deben pagar por lo que hicieron, pero no es justo que estén en estas condiciones. Son tratados como animales, no tienen un baño, aquí no les dan agua para que se bañen. Uno les tiene que traer agua hasta para beber. Esto es inhumano», concluyeron.
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